EEUU: Bloquean orden federal contra activistas pro migrantes

Por GENE JOHNSON
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Jorge Baron, director ejecutivo del Northwest Immigrant Rights Project, habla con los reporteros a las afueras de la corte federal de distrito en Seattle, el miércoles 17 de mayo de 2017, después de que un juez federal falló a favor de las acusaciones de su organización en contra del Departamento de Justicia. El juez Richard Jones dijo que la demanda del Departamento de Justicia para que el organismo deje de brindar cierta asistencia legal a los inmigrantes, a menos que asuma una representación legal ante la corte, es una violación a sus derechos. (AP Foto/Gene Johnson)

SEATTLE (AP) — Un juez federal bloqueó temporalmente el miércoles una decisión del Departamento de Justicia que, de acuerdo con activistas, obstaculizaría mucho del trabajo que realizan para ayudar a quienes enfrentan procesos de deportación.

El juez Richard Jones, de Seattle, emitió su decisión inmediatamente después de escuchar argumentos en una demanda entablada por el grupo sin fines de lucro Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto para los Derechos del Inmigrante).

El Departamento de Justicia le envió una carta al grupo el mes pasado en la que le dijo que no podía dar cierto asesoramiento legal a inmigrantes a menos que asuma formalmente su defensa legal en la corte. La agrupación sostiene que no tiene los recursos para ello, ya que la representación formal puede requerir de investigación intensa del caso de un cliente además de mantenerse involucrado hasta su resolución.

La orden obligaría al grupo y a otras organizaciones similares a dejar de preparar mociones y otros documentos a nombre de inmigrantes que se representan a sí mismos en las audiencias, indicó la organización.

El juez estuvo de acuerdo en que la medida del Departamento de Justicia violaría los derechos constitucionales del Northwest Immigrant Rights Project a la libertad de expresión, de asociación y de petición al gobierno, y que la carta de cese y desista limitaría su trabajo, lo cual obligaría a muchos inmigrantes a quedarse sin asistencia legal, ya que las personas en procesos de deportación no tienen derecho a un abogado público, como sí lo tienen los acusados de delitos penales.

El juez prohibió asimismo que el Departamento de Justicia envíe esas cartas a otras organizaciones sin fines de lucro que hagan trabajos similares en el país.

Jorge Baron, director ejecutivo del grupo con sede en Seattle, dijo que sus abogados habían estado rechazando solicitudes de ayuda a entre tres y cuatro docenas de inmigrantes a la semana desde que recibieron la carta, y agregó que muchos de esos inmigrantes están detenidos.

"Estamos muy entusiasmados de poder volver a trabajar”, dijo.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, perteneciente al Departamento de Justicia, citó una regla adoptada en el 2008 para erradicar la mala conducta profesional de los abogados y el llamado fraude de “notarios”, en el que personas no autorizadas a ejercer la abogacía decían poder ayudar a los inmigrantes a obtener el estatus legal.

Victor Mercado Santana, abogado del departamento, le dijo al juez que la regla era un ejercicio legítimo de la autoridad del gobierno para regular a los abogados que comparecen en las cortes de inmigración con el propósito de sancionarlos en caso de que comentan infracciones.

Pero el juez resaltó que desde que la regla entró en vigor, el Northwest Immigrant Rights Project ha informado de su participación en toda petición que ha presentado a nombre de inmigrantes que carecen de representación legal, por lo que no sería difícil para las cortes vincular cualquier petición cuestionable éticamente con los abogados que la presentaron. De hecho, dijo Jones, era solamente gracias a que el grupo incluyó esas notas que el Departamento de Justicia supo a quién enviarle la carta.

"¿Es ése el efecto? ¿Están siendo penalizados por ser honestos?”, preguntó el juez.

El magistrado cuestionó repetidas veces el objeto de aplicarle la regla a una organización sin fines de lucro y buena reputación que, como Mercado Santana reconoció, realiza labores importantes ante un retraso masivo de casos de inmigración.

Además, cuestionó el momento del envío de la carta de cese y desista: Después de seguir la misma práctica durante más de ocho años sin alguna impugnación, Northwest Immigrant Rights Project recibió la misiva en abril, justo después de interponer una demanda para bloquear las restricciones migratorias del presidente Donald Trump. El juez no hizo referencia directa a la demanda, pero resaltó que entre las numerosas organizaciones que realizan trabajo sin costo en aspectos de leyes migratorias, la carta había sido envidada “justo en ese momento y justo a esta agencia”.

“La regulación ha estado presente por varios años”, indicó. “¿Cuál es la prisa?”

Mercado Santana reiteró el deseo del gobierno de regular a los abogados en las cortes migratorias.

Al argumentar a nombre de Northwest Immigrant Rights Project, los abogados James Harlan Corning y Jaime Drozd Allen insistieron en que el presunto esfuerzo del gobierno para garantizar que las personas reciban asesoría ética en una corte migratoria, de hecho los llevaría con más frecuencia a los “notarios”.

“A los inmigrantes se les privará de servicios legales y no tendrán a quién recurrir”, dijo Corning. “Desde luego que lo ideal sería brindar una representación total a cada inmigrante en cada escenario... No vivimos en ese mundo”.

La postura del gobierno obligaría a las personas a una relación abogado-cliente que quizá no querían, lo que sería violatorio de la Constitución, y le quitaría al estado el poder de regular la relación entre un abogado y un cliente potencial, subrayaron Corning y Drozd.

La fiscalía general del estado y la Unión Americana de Libertades Civiles de Washington emitieron cartas de respaldo a la organización.