La oposición saluda las nuevas sanciones de EE.UU. contra altos cargos en Nicaragua

Managua, 9 oct (EFE).- La oposición nicaragüense saludó las nuevas sanciones aprobadas este viernes por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, en el marco de la crisis sociopolítica que vive este país desde hace más de dos años.

EE.UU. sancionó a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido; a Paul Oquist, secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia; así como a la Caja Rural Nacional (Caruna) por "permitir y beneficiarse de las actividades represivas" del Ejecutivo presidido por Ortega.

"Desde las fuerzas de oposición saludamos estas medidas por parte del Departamento de Estado y vamos a seguir abogando e incidiendo para que vengan más sanciones a la familia y al núcleo cercano de los Ortega Murillo", señaló Tamara Dávila, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

"Esta es una victoria más del pueblo de Nicaragua en su búsqueda de justicia, en el aislamiento internacional de la dictadura", dijo, por su lado, el académico Félix Maradiaga, también de la UNAB.

El director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, consideró que esas sanciones "afectan fuertemente la capacidad represiva-judicial de la dictadura, la capacidad diplomática que ha sido un fracaso, y la capacidad económica de tener recursos para reprimir".

"INSTRUMENTOS" DE ORTEGA

En un comunicado, el secretario de Estado de los EE.UU., Mike Pompeo, afirmó que las sanciones a Guido y Oquist "promueven la rendición de cuentas del régimen de Ortega y de aquellos que están intentando promover sus actividades atroces", mientras que la designación de la cooperativa Caruna "bloquea otra herramienta" del Gobierno nicaragüense.

Sobre Ana Julia Guido, la fiscal nicaragüense, una exguerrillera sandinista y subdirectora de la Policía Nacional, los opositores como Jasson Salazar, dirigente del Movimiento 19 de Abril, la califican como "un instrumento para la persecución penal de los opositores, a quienes criminaliza injustamente".

Por otra parte, Dávila la calificó como la jefa "del pelotón de fusilamiento judicial en este país desde abril de 2018", cuando estalló la crisis, y "factor clave para todas las acciones de criminalización que ha realizado Ortega y Murillo a los opositores".

Sobre Oquist, los opositores lo identifican como "el principal operador internacional" de Ortega, paralelo a la Cancillería, "con fuertes lazos en los países europeos", y encargado "de cabildear a favor de la dictadura ante la comunidad internacional, donde ha fracasado", y de ofrecer una falsa narrativa de la crisis.

"Oquist es el principal agente internacional de Ortega para tratar de lavarle la cara y, por lo tanto, lo convierte en cómplice de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad al querer tergiversar o ocultar la verdadera narrativa sobre los delitos cometidos", anotó Maradiaga.

CARUNA: LA "CAJA CHICA"

Sobre Caruna, Pompeo señaló que es "una cooperativa de ahorros y préstamos que opera como la principal herramienta del régimen de Ortega para canalizar los ingresos procedentes de las argucias concesionarias de petróleo de Nicaragua con Venezuela para usarlo como un recurso para compensar la red patrocinadora de Ortega".

Según los opositores, Caruna es la "caja chica" de los sandinistas y maneja al menos 2.400 millones de dólares procedentes de la ayuda venezolana, por tanto, dijo Maradiaga, la sanción significa "un golpe fortísimo a la billetera de la dictadura".

Estados Unidos ha sancionado a 25 funcionarios nicaragüenses, incluido a la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, y tres de sus hijos, y un consuegro, que también es el director de la Policía Nacional; así como nueve instituciones o empresas ligadas a los sandinistas.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

(c) Agencia EFE