Edil de Ayutla no informó sobre rechazo a reconexión al manantial

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OAXACA, Oax., julio 11 (EL UNIVERSAL).- Jesús Galván Rojas, presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, comunidad que lleva cuatro años sin derecho a su manantial, no consultó a la Asamblea Comunitaria ni informó a los habitantes el contenido del comunicado en el que rechaza la "intromisión gubernamental" para que se ejecute la sentencia en la que se ordena a autoridades estatales y federales la reconexión al agua.

La noche del pasado viernes, autoridades agrarias, municipales y de las agencias de Ayutla y Tamazulápam del Espíritu Santo, poblaciones ayuujk (mixes) de la Sierra Norte de Oaxaca, exigieron "respeto a su autonomía, forma de organización y resolución de conflictos, así como la "no intromisión de personas ajenas al conflicto que prevalece entre estas comunidades" y que "se les permita continuar con el diálogo sin imposiciones".

A través de un comunicado conjunto, firmado por ambos presidentes municipales, reconocieron que existe un conflicto agrario desde hace varias décadas debido a que "no se ha podido lograr la disolución de la mancomunidad entre ambos pueblos, situación que provocó la disputa de un manantial, que a su vez ha desencadenado actos de violentos en diferentes años".

En el documento, firmado en Tamazulápam, aseguraron que se han tratado de imponer "supuestas soluciones al conflicto", en referencia a la sentencia definitiva 795/2017 emitida por un tribunal colegiado en el que se ordena a las autoridades estatales y federales la reconexión a Ayutla al agua de su manantial.

Sobre la misma, dijeron que no tenía el respaldo de la Asamblea Comunitaria y que "no es clara en cuanto a su ejecución", pese a que en la sentencia se ordena tanto al gobierno estatal como a las autoridades de Tamazulapám que Ayutla debe ser reconectada en las mismas condiciones y volumen de agua que señala la concesión que le fue otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 1999.

Al respecto, pobladores e incluso integrantes del cabildo de Ayutla denunciaron que su presidente municipal nunca convocó a una asamblea, el máximo órgano de toma de decisiones en municipios que se rigen por su propio sistema normativo interno, para decidir respecto de dicho comunicado. Y tampoco se les informó su contenido, por lo que cuestionario al edil.

"No se convocó a ninguna asamblea comunitaria y el presidente municipal no ha informado ni consultado nada respecto a ese comunicado. Estamos desconcertados, el tema agrario es muy independiente al tema del agua", explica a EL UNIVERSAL Laura Morales, unas de las 78 comuneras que interpusieron el amparo original en agosto de 2017, gracias al cual se emitió la sentencia.

Los pobladores señalaron que en el diálogo por el conflicto agrario su presidente municipal tenía prohibido tocar el tema del agua con las autoridades vecinas, por orden de la misma asamblea. Y cuestionaron que el documento cuente con las firmas de los funcionarios municipales titulares de la autoridad de Tamazulápam, pero sólo del presidente municipal de Ayutla, Jesús Galván Rojas, y del síndico, Israel Martínez, a quienes vinculan con grupos priistas de la región. El resto son autoridades suplentes y de las agencias municipales, que no enfrentan el desabasto de agua.

"Ese documento no es válido, falta la firma de nuestra máxima autoridad que es el alcalde. El presidente no puede decidir por un pueblo que clama justicia" y "Como ciudadano de esta comunidad, esperaba una asamblea donde se me informara de los avances del diálogo y no un comunicado sin consultarnos", son algunos de los comentarios de pobladores emitidos tras la publicación del documento en las redes sociales oficiales del municipio.

Incluso integrantes del propio Cabildo cuestionaron que no se haya les haya informado al respecto, pero puntualizaron que el comunicado sólo hace referencia al tema agrario, en el que se determinó en asamblea retomar el diálogo, pero no frenar la ejecución de la sentencia. "Nuestra exigencia de la reconexión al agua sigue en pie, más ahora con la tercera sentencia a favor de Ayutla".

Sobre que la sentencia que busca la reconexión al manantial no estuvo avalada por la comunidad, como asegura el edil en el documento, los pobladores recordaron que diferencia de este documento, el amparo interpuesto en 2017 que dio pie a la sentencia definitiva, así como la lucha legal, sí contó con el respaldo de la Asamblea Comunitaria y con el seguimiento y apoyo de las autoridades municipales de 2017, 2018, 2019 y 2020.

En agosto de 2020, por ejemplo, tanto el presidente municipal de entonces, Clemente Antonio Martínez, como el síndico Dario Mendoza y el alcalde único constitucional, Israel Galván Morales, exigieron que se acatara la resolución que había emitido el Juzgado Tercero de Distrito en julio de 2020 y que ordenaba la reconexión de Ayutla a su manantial.

La emisión de esta comunicado de ambos presidentes municipales se da luego de que al darse a conocer la sentencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador Alejandro Murat que sea acatada y que se reconecte a Ayutla al agua de su manantial, e incluso que convenza a las partes a la reconciliación.

Como respuesta el gobernador aseguró que se aplicaría la ley, tal como lo indican los tribunales, pero advirtió la existencia de usos y costumbres en las comunidades. También adelantó que se trabajaba con ambos ediles y que próximamente se daría a conocer sus reflexiones, lo que ocurrió el viernes por la noche a través del gobierno de Oaxaca.

"El respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios de Oaxaca es la principal vía para alcanzar la paz entre comunidades en conflicto. Comparto el comunicado conjunto que hoy emitieron las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla, y de Tamazulápam del Espíritu Santo", publicó el gobernador en su cuenta de Twitter.

Al respecto, los pobladores y comuneros que interpusieron el amparo explicaron que la libre autodeterminación de los pueblos indígenas para la resolución de conflictos no es de competencia los presidentes municipales, que se mueven en la esfera política, sino de la asamblea como el máximo órgano de toma de decisiones en la comunidad, misma que no ha avalado el contenido del comunicado.

Así lo establece, por ejemplo, la Ley de Derechos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, así como instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la ONU sobre los Pueblos Indígenas, donde se indica que esa facultad no recae en el edil, sino en la asamblea comunitaria.

Mientras que Jose Juan Julián Santiago, el abogado que ha dado acompañamiento jurídico al amparo, explica que la libre autodeterminación y autonomía de las comunidades indígenas se refiere a prácticas para resolver conflictos internos, tenencia de la tierra o su organización socio-política, no sobre cuestiones fundamentales como garantizar derechos humanos, en este caso el acceso al agua.

"La decisión de los que se puede o no hacer respecto a temas que afectan los derechos de los pueblo indígenas es de la asamblea. Es importante lo que señalan los habitantes de Ayutla, porque si no existe una asamblea donde se haya tomado esta decisión (la expresada por el presidente municipal de no permitir "intromisión gubernamental" para que se ejecute la sentencia de reconexión), estamos frente a una actuación que no está velada por la comunidad y por tanto sería puesto en entredicho como una decisión de su libre autodeterminación y autonomía", señala.

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