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La economía, otra preocupación en Latinoamérica por COVID-19

Una vendedora de supermercado espera a un cliente detrás de una cortina de plástico como precaución contra el nuevo coronavirus en Buenos Aires, Argetina, el lunes 16 de marzo de 2020. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

BUENOS AIRES (AP) — A la par de medidas sanitarias para protegerse de la pandemia del nuevo coronavirus, varios gobiernos latinoamericanos están agudizando el ingenio para enfrentar el impacto que tendrá en sus economías.

Aumento de la ayuda social, beneficios impositivos, nuevos créditos y mayor control de precios son algunas de las medidas anunciadas por Argentina este martes “para garantizar el trabajo y el abastecimiento", dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Se eximirá del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de “forma crítica” por la emergencia, entre ellos turismo y la industria del espectáculo.

A su vez aumentó 40% la partida presupuestaria para gastos de capital, lo que implica una inyección de 100.000 millones de pesos (1.550 millones de dólares) a obras de infraestructura, educación y turismo, y se lanzó una serie de líneas de créditos blandos por unos 350.000 millones de pesos (5.426 millones de dólares) para “garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura”, dispuso el gobierno.

La pandemia, que ha contagiado al menos a 169.000 personas y matado a más de 6.500, sorprendió a la economía argentina en recesión, con casi el 40% de su población en la pobreza y en plena negociación con acreedores para reestructurar su deuda externa de unos 100.000 millones de dólares.

Con la mayor inflación en la región después de Venezuela, Argentina también estableció precios máximos por 30 días para alimentos, productos de higiene personal, medicamentos e implementos médicos, y reforzó con más personal al equipo de inspectores para controlar los precios.

En materia social, otorgó un bono especial de unos 3.000 pesos (46 dólares) a los beneficiarios de planes sociales y jubilados que cobran el monto más bajo del sistema previsional.

Otros países de la región están adoptando medidas similares.

En Chile, el Banco Central bajó de 1,75 a 1% la tasa de interés, además de una moratoria impositiva para pequeñas y medianas empresas.

“Hay empresas que se van a quedar en el camino y eso es importante tenerlo claro”, dijo el ministro de Hacienda Ignacio Briones, al declarar que el gobierno se esforzará por mantener la estabilidad económica, aunque advirtió que los efectos del virus pegarán fuerte.

En Bolivia, la Asamblea Legislativa está tramitando una ley para ampliar seis meses el pago de deudas bancarias sin penalidades. También se flexibilizó el pago de impuestos.

Por su parte, se dio a conocer que el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei entregará el miércoles una propuesta al Congreso para aliviar las consecuencias de la crisis en materia económica. Actualmente el organismo ya discute varias iniciativas que promueven aplazamientos de obligaciones fiscales, así como una prohibición de corte de servicios básicos por la emergencia, pero aún no se termina la discusión y todo indica que pasará a una comisión para su análisis.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele recomendó a las empresas que no se dedican al rubro de alimentación, medicamentos y suministros necesarios para el funcionamiento del país, que cierren operaciones y manden a casa a sus empleados para que estén aislados, pese a que en el territorio no hay ningún caso de coronavirus confirmado. A las empresas que lo hagan, les ofreció incentivos crediticios de parte del Banco Hipotecario.

Desde los Andes, el presidente peruano Martín Vizcarra dijo el mismo día que se otorgarán 328 millones de dólares para repartirlos entre unos nueve millones de pobres que están en cuarentena. Cada familia peruana pobre recibirá 106 dólares para comer en los 15 días de distanciamiento social obligatorio.

En Ecuador, a su vez, se ha anunciado el aplazamiento del cobro de impuestos, coactivas (cobros forzados) y restructuración de deudas y pagos de los créditos personales y de pequeñas empresas, por parte de la banca pública y privada, debido a la situación causada por la pandemia.