Ecologistas de Ecuador avanzan en pedido de consulta sobre extracción de crudo en Yasuní

Un grupo ecologista ecuatoriano entregó el sábado a la autoridad electoral cientos de miles de firmas de apoyo a una consulta popular sobre la explotación petrolera en la reserva amazónica del Yasuní (sureste), que impulsa el presidente Rafael Correa. El Consejo Nacional Electoral (CNE) revisará las firmas de aquí a final de mes y, en caso de que sean validadas la Corte Constitucional deberá determinar la legalidad del pedido y autorizar la consulta en un plazo todavía no previsto. Respaldada por indígenas y ambientalistas opuestos a la explotación petrolera, la organización Yasunidos entregó en varias cajas 756.291 firmas que recolectó en los últimos meses, más de los 583.300 que exige la ley para llevar el tema a las urnas y que corresponde al 5% del censo electoral. Estamos entregando más del "30% de firmas (exigidas) y que se podrían descalificar por errores", dijo Antonella Calle, vocera de Yasunidos durante una rueda de prensa. Los activistas organizaron una nutrida marcha -en la que participaron varios nativos con lanzas y en sus atuendos tradicionales-, que recorrió casi cinco kilómetros hasta llegar a la sede del CNE, en el norte de Quito. "Vine como una ciudadana que ama a su país y me duele lo que pasa en el Yasuní. Espero que haya una consulta para que el pueblo decida", comentó a AFP Mery Mora, quien se unió a la marcha. En las afueras del Consejo los manifestantes gritaban "mandantes ordenan consulta popular", mientras indígenas huaorani insistían ante la prensa en su pedido para que no se amplíe la explotación petrolera en el Parque Yasuní, de casi un millón de hectáreas y declarado por la UNESCO reserva mundial de la biósfera. "Yasuní es una vida que nuestras comunidades necesitan", dijo Alicia Cahuiya, líder huaorani. Correa anunció en agosto de 2013 su decisión de dar paso a la actividad petrolera en una zona de la reserva, tras fracasar su campaña para evitar la explotación de crudo, y la consecuente emisión de gases contaminantes, a cambio de un millonario aporte internacional que nunca se concretó. El Congreso acogió en octubre el plan de Correa, quien promete un mínimo impacto ambiental y asegura que los millonarios recursos de la explotación serán utilizados para erradicar la pobreza en Ecuador, que en 2013 afectaba al 23,7% de la población de casi 16 millones de habitantes. Sin embargo, ambientalistas e indígenas sostienen que el aumento de la actividad petrolera en el Parque Yasuní -donde operan desde hace décadas empresas como la española Repsol- generará graves daños sobre el ecosistema y pondrá en riesgo a las comunidades nativas en aislamiento voluntario.