Presas en Ecatepec, Estado de México, por no poder pagar 8 mil pesos

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Mujeres en prisión
Mujeres en prisión

El 1 de diciembre de 2017, Seiba Pérez, médica veterinaria y maestra en ciencias agropecuarias, salió de su casa a hacer compras para su negocio y ese mismo día terminó en el penal de Chiconautla, Estado de México. Sin entender muy bien qué pasaba y sin saber de qué se le acusaba, pensó que era un malentendido que no pasaría a mayores, pero perdió la libertad por poco más de un año.

Ante la perspectiva de que pudieran ser cinco u ocho años más —y de que volvería a ver a su hijo, que en el momento de su detención tenía cinco años, cuando prácticamente fuera un adolescente—, optó por declararse culpable para que el juez le concediera la pena mínima y el beneficio de pasar los meses que le restaban a su sentencia con un brazalete en su domicilio.

Como ella, muchas mujeres privadas de su libertad, a pesar de ser inocentes o haber cometido delitos menores, permanecen en la cárcel por falta de recursos legales o económicos: alrededor de un 10% de mujeres internas, tan solo en el penal de Chiconautla, en Ecatepec —donde hay cerca de 300—, podría obtener su libertad por un monto promedio de 8 mil pesos (que es el costo de la reparación más los trámites), de acuerdo con un análisis de la asociación La Cana, que puso en marcha un proyecto para la liberación de mujeres en prisión y en su primer año lo ha logrado en 11 casos.

Según el INEGI (2020), a nivel nacional la población penitenciaria es de 211 mil 154 personas, de las cuales el 5.6% son mujeres. Del total de personas, hasta ese año el 40.9% estaba en la cárcel sin sentencia o con una medida cautelar de internamiento preventivo, 14.4% con sentencia no definitiva y 44.7% con sentencia definitiva. Animal Político publicó que, actualmente, en México cada día se encarcela a 300 personas, y en el caso de las mujeres, ya son mayoría aquellas que permanecen privadas de la libertad sin sentencia.

Aun con las pérdidas económicas y familiares, el apoyo de la asociación fue esencial para la liberación y reinserción de Seiba, porque el sistema judicial es ineficiente desde el momento mismo de la detención, en el que nadie le mostró una orden de aprehensión, y después porque se empieza a pagar una pena sin haber tenido un juicio y en condiciones deplorables, relata. Ahí, recuerda, conoció a mucha gente frustrada por ser inocente, no conocer bien su situación y no tener recursos, herramientas o una familia.

“La gente está ahí frustrada, enojada con la sociedad, y al final salen peor: enojadas por haber estado dentro de esa manera injusta, y ahora sí salen con ese coraje”, lamenta.

Después de que finalmente supiera que la acusaban de haber robado dinero y de tener acceso a su expediente, donde había múltiples incongruencias en las supuestas pruebas, el juez accedió a optar por un proceso abreviado, que requería que ella confesara y cumpliera solo unos meses más, además del año que ya había cumplido interna.

“Te preguntas por qué vas a admitir algo que no hiciste, pero al final no hubo opciones porque mi hijo me necesitaba, mi papá se enfermaba, mi esposo con trabajo y peleándose con abogados, mi hijo con mi papá, mi marido trayendo dinero que ya no alcanzaba, y al final tu familia sufre, tú sufres… hubo muchas noches en que pensé que era mejor ya no estar”, relata Seiba. Esos momentos representaron para ella una inestabilidad jurídica muy complicada a pesar de que siempre había tenido sus papeles en regla.

Finalmente, con el acuerdo de reducción, salió del reclusorio el 16 de enero de 2019, y cumplió el resto de su sentencia hasta el 1 de mayo con un brazalete desde su casa. Mediante La Cana, también tuvo la oportunidad de trabajar desde su domicilio, a partir de la labor que empezó a hacer con ellas en los talleres que imparten dentro de Chiconautla, donde se la pasó “bordando y capacitando, hasta que pasó el tiempo”.

Daniela Ancira, directora de La Cana, explica que el Proyecto Libertad surgió luego de conocer muchas historias como las de Seiba, que revelan los verdaderos motivos por los que las mujeres están en la cárcel, pues en muchas ocasiones lo que se criminaliza es la pobreza: “Son mujeres que no tienen acceso a una defensa adecuada, que no pueden pagar un abogado privado; sabemos que los defensores de oficio están rebasados o quizá no llegan siempre a las últimas instancias, o mujeres que están en la cárcel por delitos menores con una sentencia muy alta”.

Otro caso que conocieron como parte del proyecto fue el de una mujer que estaba con su pareja cuando él robó un celular en el Metro y fue sentenciada a 17 años. Para lograr su liberación, argumentaron ante el juez que ella tenía tres hijas, y al final el impacto sería mayor para su familia y la comunidad. Al igual que con Seiba, lograron que saliera con un brazalete para ser monitoreada, pero en libertad.

“Son ese tipo de casos en los que consideramos que la cárcel no siempre es la mejor opción para esa persona y para su reinserción social. A partir de que los detectamos, tenemos chavas que no podían salir de la cárcel porque no tenían 2 mil o 3 mil pesos (para acceder a los acuerdos reparatorios)”, dice Ancira.

Para el Proyecto Libertad, La Cana trabaja con dos abogadas y una trabajadora social, a partir de ciertos filtros antes de asumir la defensa legal de los casos, por ejemplo, que sean delitos menores, que no tengan acceso a un defensor particular, que tengan una red de apoyo afuera, y que sean candidatas a un beneficio preliberacional, a una amnistía o a un acuerdo reparatorio. Con base en eso, realizan entrevistas, tanto con las internas como con la familia, y se trabaja en la liberación. Más adelante, pretenden llegar a litigios estratégicos, como el amparo directo.

“Ahorita nos estamos enfocando en despresurizar las cárceles; son procedimientos relativamente cortos en los que puedes tramitar una amnistía o un beneficio, y que las mujeres que están por delitos menores no tengan que pasar tanto tiempo en prisión”, señala.

Aunque, admite, trabajar con el sistema penitenciario y de justicia de este país es siempre un reto, porque se trata de un sistema sobrepasado, roto, en el que hay “muchísimas injusticias, mucha burocracia, y esto conlleva muchísimos retos, sobre todo porque tenemos recursos limitados: una abogada y una trabajadora social”.

Tras la libertad, otra batalla

En el caso de Seiba, cuando salió de la cárcel su situación laboral estaba más o menos resuelta, porque pudo seguir elaborando productos en casa como parte de La Cana. Hoy sigue trabajando ahí. En cambio, para ella el primer problema fue recuperar la confianza porque, cada vez que veía una patrulla, temblaba. En principio, tuvo el impulso de irse a otro estado, cambiar de teléfono y empezar de nuevo, pero toda la gente que conocía estaba en Ciudad de México.

“Después de un tiempo, empecé a generar un poco más de confianza; me decía la psicóloga que tenía que superarlo, pero cómo le vas a decir a mi mente que la ley no es manipulable, cómo le vas a explicar que alguien llega con dinero y hace lo que quiere, que sales de tu casa y a lo mejor no regresas, porque la ley es completamente modificable; aquí la justicia no es ciega, no existe”, reclama.

Ancira explica que, cuando las mujeres salen, para La Cana no solamente se trata de obtener libertades y ya no volverlas a ver: el objetivo es que no regresen a los contextos de violencia o de pobreza que las llevaron a prisión en primer lugar. Ya sea por el Proyecto Libertad o porque compurguen su sentencia o salgan absueltas, es indispensable que la reinserción sea integral.

Por eso, con el programa Seguimiento en libertad, la asociación da atención psicológica a ellas y a sus familias, o al núcleo que las va a recibir afuera, colabora para que consigan trabajo ahí mismo o con empresas aliadas, e imparte talleres educativos como casa de medio camino, entre ellos, computación, storytelling, amor propio, etcétera. Uno de los aspectos más importantes es que ellas mismas hacen comunidad, se apoyan y comparten experiencias.

“Se me hace increíble que en el Estado de México no exista un programa de atención postpenitenciaria. La gente sale de la cárcel después de 10, 20 o 30 años sin darles ni siquiera un folleto para acudir a oficinas o un lugar donde puedan pasar una noche. Nosotras nos encargamos de que, si van a salir, las estén esperando afuera, tengan un cambio de ropa —muchas veces ni siquiera tienen eso— o un lugar dónde dormir”, dice Ancira.

La importancia de acompañarlas a retomar su vida la reconocieron un miércoles que llegaron al penal de Neza Sur, para las actividades que llevan a cabo dentro del centro penitenciario, y una mujer a la que habían conocido en ese contexto estaba sentada en la banqueta con su uniforme. Cuando le preguntaron qué hacía ahí, contestó que había salido desde el lunes, pero no sabía en qué parte del estado estaba, a dónde ir ni cómo ponerse en contacto con su familia. Después de 23 años en prisión y un traslado de reclusorio, era normal que no reconociera siquiera la zona.

“Qué esperamos de la gente que sale de prisión: si no hubiéramos estado ahí, quizás hubiera regresado a la vida en las calles… Pensamos que mágicamente van a encontrar un trabajo, una casa; hacen muchísima falta esos programas de atención postpenitenciaria y de reinserción social”, subraya Ancira.

Todo empieza con pequeñas cosas tan cotidianas que, a veces, ni siquiera las notamos, por ejemplo, cuando se les consigue trabajo, tienen que desplazarse para llegar a él, y algunas no recuerdan ni siquiera cómo usar el Metro. Durante años no lo han usado, ni se han relacionado con su familia, que también ha crecido o cambiado.

“Hay muchos retos personales, familiares, profesionales, laborales, económicos a los que se enfrentan las mujeres al salir de prisión, y aquí en La Cana lo que buscamos es eso: acompañarlas en este proceso, darles las herramientas para que puedan encarar los retos de la vida en libertad”, explica su directora. Y aunque es comprensible que algunos empleadores tengan resistencias, es igualmente importante la labor de concientizar acerca de que no todas las personas que están en prisión son culpables y, cuando lo son, es importante conocer los contextos en los que delinquieron.

“Aquí llegan muchas mujeres que dicen: yo sí vendía droga porque tenía hijos y no tenía forma de conseguir dinero, o una chava que mató a su vecino porque lo encontró abusando de su hija. Hay que ver el contexto, hay que escuchar las historias antes de juzgar a la persona solamente porque estuvo en la cárcel. También conocemos a gente que sí cometió el delito, salió de la cárcel, y simplemente ya no se dedica a eso y quiere cambiar. Debemos estar mucho más abiertos como sociedad, ser mucho más empáticos, y sobre todo, escuchar las historias”, añade.

La posibilidad de aprender y autoemplearse la trabajan desde dentro en cinco reclusorios del Estado de México: Barrientos, Neza Sur, Neza Bordo, Ecatepec y Chalco, y Santha Martha Acatitla en Ciudad de México. Ahí, mediante su eje de capacitación y empleo, las mujeres pueden formarse en técnicas de tejido, bordado, corte y confección, carpintería y serigrafía.

Esos productos se venden para que ellas tengan un ingreso incluso si siguen dentro. Eso se complementa con un eje de salud mental para trabajar temas como depresión y ansiedad, pero enfocados sobre todo en la prevención, educación y erradicación de la violencia de género, pues muchas veces las mujeres terminan en prisión a causa de las relaciones desiguales y de sometimiento que tenían con sus parejas.

“La cárcel no es lo que nos dicen, ni podemos juzgar a toda la gente que entra, porque es una realidad que hay muchísima gente inocente; por otro lado, valorar lo que tenemos en casa: que tengas libertad y puedas estar con tu familia y abrazar a tus hijos, eso no tiene precio. No lo valoramos hasta que lo perdemos; puedes ser un profesionista, el presidente, quien tú quieras, pero sales de tu casa y a lo mejor no regresas; esa es nuestra triste realidad”, concluye Seiba.

  

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