Dudas y escepticismo sobre el proyecto del Gobierno para crear un tribunal intermedio que limite a la Corte

Candela Ini
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Que la Corte Suprema dejara firme la condena de Amado Boudou a cinco años y diez meses de cárcel por el caso Ciccone a través de un "280" -el artículo invocado para rechazar el recurso extraordinario presentado por Boudou sin explicar las razones-, irritó al Gobierno Nacional, desde donde se enviará un proyecto al Congreso para la creación de un tribunal intermedio de arbitrariedad.

Esa iniciativa -que surgió de una de las recomendaciones emitidas por la comisión de expertos convocada por Alberto Fernández para analizar el funcionamiento del Poder Judicial-, es interpretada por juristas y legisladores consultados por LA NACION como un intento de avanzar sobre la Justicia y limitar a la Corte Suprema. Quienes reivindicaron públicamente la iniciativa -como lo hizo Aníbal Fernández a través de Twitter- objetaron que esta pueda limitar a las facultades del máximo tribunal.

Según reconstruyó LA NACION en la Corte observan el tema con escepticismo. En el entorno de uno de los ministros del máximo tribunal dan por descontado que este va a ser un año decisivo en material judicial y dijeron: "Entendemos la lógica y esta reacción que tiene una parte del Gobierno, entendemos que hay preocupación de un sector del kirchnerismo por las causas judiciales". Pero cerca de ese juez no quisieron referirse al proyecto sin tener precisiones de la ley que se enviará al Congreso. Hasta ahora, tres fuentes del Gobierno Nacional confirmaron a este diario la iniciativa de enviarlo al Congreso para las sesiones extraordinarias.

"La arbitrariedad es algo heterodoxo que se suele usar de manera discrecional y ampliar las causales y el abordaje de la arbitrariedad va a eternizar los procesos", dijeron cerca de otro de los ministros del máximo tribunal. Y agregaron: "Además de que es inconstitucional, si creás un tribunal para analizar arbitrariedades vas a hacer que las causas se reenvíen, que es lo que le conviene a los imputados en casos de corrupción, al final del camino está el plazo razonable".

En esa vocalía entienden que se busca aprobar esta ley para "eternizar" los procesos y que prosperen las absoluciones por plazo razonable.

"Conozco el informe de la Comisión en el cual estará basado este proyecto. Me parece un disparate. En primer lugar porque no es necesario. En segundo lugar solo serviría para alargar los juicios, que ya son largos de por sí", contestó el diputado nacional de Pro Pablo Tonelli a LA NACION.

Y agregó: "La intervención de ese tribunal no evitaría la intervención de la Corte Suprema, y si no hubiera instancia de llegar a la Corte sería inconstitucional". O sea que solo agregaría una instancia más. Solo serviría para nombrar más jueces, jueces afines, y no tendría ningún resultado práctico ni concreto para los justiciables.

"Si lo que se quiere es aliviar la tarea de la Corte y que la corte resuelva menos expedientes eso lo debe resolver por sí misma la Corte Suprema. A la Corte no se le puede establecer por ley cuántas causas resuelve por año. No va a mejorar la administración de justicia sino generar mas gastos, más empleados, más dinero. Es un engaño, un artificio", concluyó.

Otra diputada nacional que suele tener una voz decisiva sobre asuntos penales dijo que quiere ver el proyecto antes de emitir una opinión pero que observa con escepticismo los cambios que quiere impulsar el Gobierno en materia judicial, "especialmente en torno a la Corte", agregó.

Por otro lado, LA NACION consultó al abogado constitucionalista Alejandro Carrió, quien dijo: "En materia penal la creación de tribunales intermedios da a entender que se busca tener una instancia más. Me parece una medida más inspirada por la coyuntura que por mejorar el sistema de administración de justicia".

"Con la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara de Casación y la Cámara Nacional de Casación ya tenés cubierta cualquier revisión de derecho y de prueba", agregó Carrió, y nombró al Caso Casal, que estableció que el recurso de casación puede ser amplio y debe revisar todo lo revisable. "Si a una persona que ya la juzgaste la condenaste y fue objeto de recurso de Casación le vas a crear un tribunal intermedio, las causas no van a terminar nunca en la Argentina", agregó Carrió.