WASHINGTON.- La acusación formal contra Donald Trump por cargos de manejo indebido de documentos clasificados en su mansión de Florida ha renovado la atención sobre uno de los casos más notables en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en uno de los casos que más complica al expresidente en su carrera para regresar a la Casa Blanca.

La acusación, alcanzada por un gran jurado en la Corte Federal de Distrito en Miami, representa la primera vez que un expresidente enfrenta cargos federales y llega menos de tres meses después de que Trump fuera acusado en Nueva York por 34 delitos graves de falsificación de registros contables.

La imputación deja a Estados Unidos en una posición extraordinaria, dada la condición de Trump no solo como exmandatario, sino también como el favorito actual para la nominación presidencial republicana de 2024 para enfrentar al presidente Joe Biden.

¿De qué se acusa a Donald Trump?

El gran jurado acusó a Trump de un total de siete cargos, según dos personas familiarizadas con la acusación. En sí, los cargos siguen sin estar claros y permanecen bajo precinto, dijo una de las fuentes.

El exmandatario anunció el jueves en su red social Truth que los abogados del Departamento de Justicia le habían informado a su equipo legal que había sido acusado formalmente. De momento se desconoce si alguien más enfrentará cargos relacionados con el caso.

Si bien los detalles precisos de todos los cargos aún no están claros, las personas familiarizadas con el asunto dijeron que los cargos incluyen retener deliberadamente secretos de defensa nacional en violación de la Ley de Espionaje, conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas.

¿Cómo surgió el caso?

La acusación se remonta al final del mandato de Trump en enero de 2021, cuando los documentos —muchos de los cuales se decía que estaban en la residencia de la Casa Blanca— se empacaron en cajas junto a objetos personales y fueron enviados por la Administración de Servicios Generales a Mar–a-Lago.

Después de largos esfuerzos de la Administración Nacional de Archivos y Registros durante gran parte de 2021 para que Trump entregara el material que se había llevado —considerado propiedad del gobierno según la Ley de Registros Presidenciales— Trump entregó 15 cajas en enero de 2022. Las cajas contenían material altamente sensible con marcas de “clasificado”, lo que provocó una investigación del Departamento de Justicia.

En agosto pasado, agentes federales llegaron a Mar-a-Lago para realizar una búsqueda extraordinaria que reveló materiales que Trump no había entregado en respuesta a una citación realizada meses antes que exigía la devolución de cualquier documento clasificado que aún tuviera en su poder.

El Departamento de Justicia ha cuestionado repetidas veces el nivel de cooperación de Trump con los esfuerzos para recuperar los documentos y ha afirmado haber recuperado más de 100 documentos que contenían marcas de material clasificado incluso después de que uno de los abogados del expresidente certificara que no se había encontrado más materiales tras una “búsqueda diligente” por parte de su equipo legal.

¿Puede ir preso por los cargos que se le imputan?

Los cargos que se conocen hasta el momento -aunque no confirmados- pueden llevar penas de hasta 20 años de prisión. Sin embargo, expertos legales creen que sería difícil probar que cometió un delito o que estaba al tanto de lo que estaba sucediendo.

Estos son los cargos por los que se lo imputarían y cómo se condenan:

• Retención no autorizada de documentos de seguridad nacional: Es un delito retener documentos de seguridad nacional sin autorización y no entregarlos a un funcionario del gobierno con derecho a custodiarlos. Para dictar una condena, los fiscales tendrían que demostrar que Trump sabía que todavía estaba en posesión de los documentos después de dejar la Casa Blanca y no cumplió cuando el gobierno le pidió que los devolviera y luego lo citó. Cada uno de esos documentos sería un delito separado, por lo que es posible que los fiscales hayan presentado hasta cinco cargos de este delito citando cinco registros diferentes. En teoría, una condena estaría sujeta a 10 años de prisión por cada cargo, aunque los acusados en otros casos de la Ley de Espionaje han recibido mucho menos que el máximo. Para obtener una condena, los fiscales también tendrían que demostrarle al jurado que los documentos relacionados con la defensa nacional, que estaban guardados en secreto y que su divulgación podría dañar a Estados Unidos o ayudar a un adversario extranjero.

• Conspiración: los fiscales tendrían que demostrar que Trump y al menos otra persona acordaron cometer un delito específico y que uno de ellos dio algún paso hacia ese objetivo. La pena puede ser de hasta cinco años.

• Obstrucción: los fiscales tendrían que mostrar varias cosas, incluido que Trump sabía que todavía tenía archivos que estaban sujetos a los esfuerzos de la Administración Nacional de Archivos y Registros para tomar la custodia de los documentos presidenciales. También tendrían que poder demostrar que deliberadamente desafió la citación del Departamento de Justicia para los archivos clasificados, y que intencionalmente hizo que sus subordinados no los entregaran mientras hacía creer a los funcionarios que habían cumplido. La pena es de hasta 20 años por delito.

• Falso testimonio: conlleva una pena de hasta cinco años por delito. No se sabe que Trump haya hecho declaraciones sustantivas directamente al gobierno, pero los fiscales podrían acusarlo si pueden demostrar que conspiró o indujo a otra persona a mentir al Departamento de Justicia acerca de que no había más documentos que respondieran a la citación. O, si los fiscales pueden demostrar que indujo a sus abogados a mentir al Departamento de Justicia sin darse cuenta, podrían acusar directamente a Trump de causar el falso testimonio, incluso si él mismo no cometió el delito.

• Entre los otros cargos podrían estar también: mal manejo de documentos oficiales (hasta tres años de cárcel por delito, además de la prohibición de ejercer cargos federales) y desacato al tribunal (multa de hasta mil dólares y hasta seis meses de prisión).

¿Cómo sigue?

El Departamento de Justicia no confirmó públicamente de inmediato la acusación y no se presentaron cargos públicos.

Trump dijo que fue citado para comparecer ante el tribunal el martes a las 15 en Miami. No quedó claro de inmediato si Trump planeaba hacer la aparición y cómo sería el procedimiento.

Cuando fue acusado por el fiscal de distrito de Manhattan en el caso de Nueva York, Trump se entregó a las autoridades, donde lo ficharon a puerta cerrada y apareció en la sala del tribunal, sentado con sus abogados en la mesa de la defensa. Probablemente esta vez el proceso sea similar, es decir, le tomarían las huellas dactilares, pero no lo esposaron ni le tomaron una foto policial.

Sin embargo, medios estadounidenses señalaron este viernes, citando las previsiones de la exfiscal Joyce Vance y el exdirector del FBI James Comey, que Trump podría tener que usar el brazalete electrónico. Si se hiciera tal solicitud, el expresidente se encontraría usando el brazalete electrónico durante sus mítines y, tal vez, incluso en la convención republicana, si resultara el candidato elegido.

¿Trump puede seguir siendo candidato a la presidencia?

Sí. Ni la acusación ni una sentencia condenatoria evitarían que Trump se postulara o ganara la presidencia en 2024.

Y tal como lo demostró el caso en Nueva York, los cargos criminales han sido, de manera histórica, un gran impulso para la recaudación de fondos para su campaña. Su equipo anunció que había recaudado más de 4 millones de dólares en las 24 horas posteriores al anuncio de los cargos formales, superando por mucho su récord anterior, el cual se produjo luego del allanamiento del FBI a Mar-a-Lago.

¿Qué dijo Trump?

En una serie de publicaciones de Truth Social, así como en un video, Trump dijo repetidamente que es inocente y caracterizó la acusación como una “guerra política” en su contra antes de las elecciones de 2024.

En el pasado, Trump usó una variedad de argumentos para defender su manejo de los documentos, incluido que los desclasificó antes de que fueran descubiertos. Si bien los presidentes han desclasificado documentos previamente directamente, no hay evidencia de que Trump lo haya hecho o haya seguido algún procedimiento existente. Trump también ha argumentado que algunos de los documentos eran personales y estaban protegidos por el privilegio ejecutivo. Esto significaría que no había ningún requisito para entregarlos a los archivos nacionales cuando dejó el cargo, la premisa misma del caso. El argumento ha sido descartado en gran medida por los expertos legales.

¿Quién está a cargo de la investigación?

El año pasado, el secretario de Justicia Merrick Garland designó a Jack Smith -un experimentado fiscal de crímenes de guerra con antecedentes en pesquisas sobre corrupción- para encabezar las investigaciones sobre la presencia de documentos confidenciales en la mansión de Trump en Florida, así como aspectos clave de otra pesquisa en torno a la insurrección de 6 de enero de 2021 y los intentos de anular las elecciones de 2020.

Con la designación de Smith, Garland reconoció el aspecto político de investigar a un expresidente y actual aspirante a la Casa Blanca. El mismo Garland fue seleccionado al cargo por Biden.

Los fiscales especiales se asignan en casos en los que el Departamento de Justicia percibe que tiene un conflicto o donde se considera que es de interés general que una persona ajena al gobierno intervenga y asuma las responsabilidades del asunto.

¿Biden y Mike Pence no tenían también documentos clasificados?

Sí, pero las circunstancias de sus casos son muy distintas a la situación que involucra a Trump.

Después de que se descubrieron documentos clasificados en una oficina de Biden y en la residencia del ex vice de Trump, Mike Pence, en Indiana, sus abogados notificaron a las autoridades y rápidamente se organizó su devolución. También permitieron que las autoridades federales llevaran a cabo otras inspecciones en busca de más documentos.

No hay indicios de que ninguno de ellos estuviera al tanto de la existencia de los documentos antes de que fueran descubiertos, y hasta el momento no ha surgido evidencia de que Biden o Pence intentaran ocultar sus descubrimientos. Eso es importante porque, históricamente, el Departamento de Justicia busca disposición al momento de decidir si presenta o no cargos penales.

A principios de este año se designó a un fiscal especial para investigar cómo es que los documentos confidenciales terminaron en la oficina o en la residencia de Delaware de Biden. Pero incluso si el Departamento de Justicia determinara que el caso de Biden es procesable basándose en la evidencia, su Oficina de Asesoría Jurídica ha llegado a la conclusión de que un presidente es inmune a un proceso legal durante su gobierno.

En lo referente a Pence, el Departamento de Justicia le informó a sus abogados a principios de este mes que no buscaría cargos penales en su contra por su manejo de los documentos.

¿Qué otras causas enfrenta Trump?

El caso Stormy Daniels. Procesado a principios de abril por este caso, Trump es acusado de “orquestar” pagos para comprar el silencio de tres personas cuyas revelaciones podrían haberlo perjudicado de cara a las elecciones presidenciales de 2016, que finalmente ganó. El caso aborda en particular el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para que no hablara sobre una supuesta relación extramatrimonial que data de 2006. Si bien estos pagos no son ilegales per se, Trump los consignó como “honorarios legales” en los libros de contabilidad de la Organización Trump, lo que derivó en 34 cargos en su contra por “falsificación de documentos contables”. El expresidente compareció el pasado 4 de abril ante un tribunal de Nueva York y se declaró inocente.

Asalto al Capitolio. Un comité del Congreso, disuelto por la mayoría republicana que asumió este año en la Cámara baja, investigó el papel de Trump en el ataque de sus partidarios al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando los legisladores se disponían a certificar la victoria de Biden en las elecciones de 2020. En su informe final, el panel dijo que Trump no debería poder volver a desempeñar un cargo público y recomendó que los tribunales federales abrieran un proceso penal contra él, sobre todo por llamar a la insurrección. Este es el caso que podría desembocar en los cargos más graves contra Trump. Jack Smith está investigando asimismo el papel del expresidente en los intentos de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Cuando termine las pesquisas, podría decidir inculparlo o no. Pero la última palabra la tendrá el secretario de Justicia, Merrick Garland.

Elecciones en Georgia. Una fiscal de Georgia investiga desde 2021 los “intentos de influir en las operaciones electorales” de este estado sureño, que ganó Biden por una estrecha mayoría en 2020. En una llamada telefónica, cuya grabación se ha hecho pública, Trump pidió a un alto funcionario local, Brad Raffensperger, que “encontrara” casi 12.000 votos en favor de él. Fani Willis, fiscal del condado de Fulton, que incluye a Atlanta, nombró un gran jurado para determinar si había pruebas suficientes para acusar al magnate.

Fraude. En enero, la Trump Organization fue condenada en Nueva York al pago de una multa de hasta 1,6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero. Es un caso por lo penal pero le espera otro por lo civil dentro de unos meses. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, una demócrata, ha presentado una demanda contra Trump, sus hijos y la Trump Organization y los acusa de haber manipulado “deliberadamente” el valor de los activos del grupo -que incluye clubes de golf, hoteles de lujo y otras propiedades- para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o reducir impuestos. Reclama 250 millones de dólares en daños y perjuicios en nombre del estado, así como que se prohíba al expresidente y sus familiares administrar empresas.

¿Cómo reaccionaron los otros candidatos republicanos a la presidencia?

Muchos de los rivales de Trump para la nominación republicana saltaron en su defensa el jueves por la noche después de que se supo la noticia de la acusación.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, el principal rival de Trump para la nominación de 2024, acusó al Departamento de Justicia de parcialidad política al acusar al expresidente.“La militarización de la aplicación de la ley federal representa una amenaza mortal para una sociedad libre”, tuiteó DeSantis. “Durante años hemos sido testigos de una aplicación desigual de la ley según la afiliación política”.

El senador Tim Scott de Carolina del Sur dijo que sentía que la “balanza del sistema de justicia está ponderada” en función de la política. “En Estados Unidos, se presume que todas las personas son inocentes, no culpables”, dijo en Fox News, denunciando “el uso de armas del Departamento de Justicia contra el expresidente”.

El empresario de biotecnología y activista “anti-woke” Vivek Ramaswamy dijo que el caso federal era parte de “una afrenta a todos los ciudadanos”. Reiterando sus comentarios de que indultaría a Trump, Ramaswamy calificó de “hipócrita que el Departamento de Justicia procese selectivamente a Trump pero no” a Biden por su propio caso de documentos clasificados.

El exvicepresidente Mike Pence dijo más temprano el jueves que si Trump fuera acusado, esperaría que el Departamento de Justicia tuviera pruebas sólidas, un cambio de tono con respecto a la noche anterior, cuando dijo que esperaba que Trump no fuera acusado incluso si la evidencia es clara de que cometió un crimen.

Agencias AP, AFP y The New York Times