Disney fue más hábil que la nueva junta de gobierno de DeSantis, pero se avecina una batalla legal

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Con la tranquilidad de un ratón de iglesia, Disney quizás haya conseguido su venganza.

En la mira del gobernador Ron DeSantis y de una enfadada Legislatura de la Florida por su oposición a la ley “Derechos de los padres en la educación”, también conocida como la ley “no digas gay”, la compañía de entretenimiento puso en marcha un plan que, por ahora, ha silenciado el intento del gobernador de ejercer influencia sobre ella.

Días antes que los legisladores de la Florida votaran a favor de la propuesta del gobernador de tomar el control del Distrito de Mejoramiento Reedy Creek, el distrito fiscal especial que administra la propiedad de 39 millas cuadradas en la que se ubica Walt Disney World, la junta del distrito votó a favor de restar autoridad a su sucesora.

La oficina del gobernador argumenta ahora que los acuerdos “pueden tener importantes deficiencias legales que invalidarían los contratos” y planea pedir a un tribunal que intervenga.

En una firma de libros en los suburbios de Atlanta el jueves, DeSantis declaró: “Ahora hay muchas idas y venidas, pero pueden estar seguros que aún no han visto nada. Hay más por venir en ese sentido”.

Sin embargo, expertos legales afirmaron el jueves que Disney podría tener la ventaja.

Dos días después que la Legislatura votó el año pasado a favor de disolver el distrito fiscal especial que gobierna Walt Disney World de forma muy similar al gobierno de una ciudad o un condado, la empresa publicó un anuncio en un portal digital del Condado Orange en el que informaba que había llegado a dos acuerdos de urbanización, según los registros a disposición del público que no salieron a la luz hasta esta semana.

Cuando quedó claro que su intento de disolver el Distrito de Mejoramiento Reedy Creek incumplía la “promesa” del estado de pagar la deuda del distrito antes de disolverlo, el gobernador y los legisladores se decidieron por una alternativa: mantener el distrito y cambiarle el nombre, pero sustituir a la junta de gobierno de cinco miembros por cinco aliados conservadores elegidos por el gobernador.

De izquierda a derecha, el administrador del Distrito John Classe; Ed Milgrim, asesor legal; Leila Jammal, de la Junta de Supervisores (BOS); Jane Adams, de la BOS; Larry Hames, presidente de la BOS, y Don Greer, de la BOS, se reúnen con el orden del día en el Distrito de Reedy Creek del Condado Orange, Florida, el miércoles 27 de abril de 2022.
De izquierda a derecha, el administrador del Distrito John Classe; Ed Milgrim, asesor legal; Leila Jammal, de la Junta de Supervisores (BOS); Jane Adams, de la BOS; Larry Hames, presidente de la BOS, y Don Greer, de la BOS, se reúnen con el orden del día en el Distrito de Reedy Creek del Condado Orange, Florida, el miércoles 27 de abril de 2022.

Precisión discreta en una maniobra legal

Así qué mientras los legisladores se reunían en un período especial de sesiones en febrero para aprobar el proyecto de ley, Disney ejecutó su plan con precisión y discreción.

En virtud del acuerdo a varios decenios, Disney y la antigua Junta de Mejoramiento Reedy Creek concertaron un acuerdo de urbanización y un conjunto de pactos restrictivos que limitan efectivamente lo que la junta nombrada por DeSantis puede hacer para influir en los futuros planes de Disney en la propiedad de 39 millas cuadradas.

En lugar de esto, los acuerdos fijan los reglamentos que estaban en vigor en el momento del acuerdo y “un acuerdo extraordinario” “que básicamente limita lo que Reedy Creek puede hacer”, dijo Jake Schumer, abogado especializado en temas municipales del bufete Shepard, Smith, Kohlmyer & Hand del suburbio de Orlando.

Los dos acuerdos principales incluyen el acuerdo de urbanización, que deja vigentes normas locales de uso del suelo que favorecen a Disney durante los próximos 30 años y varios convenios restrictivos, que limitan lo que la junta puede hacer con la propiedad de Disney.

“Ellos todavía tienen mucha responsabilidad en mantener básicamente las luces encendidas y las carreteras en movimiento”, dijo Schumer. “Solo se dedicarían a hacer lo fundamental, cosas de la administración local: asegurar que todas la infraestructura pública funcione como es debido”.

Sin embargo, lo que la nueva junta pierde es el poder regulador sobre las normas de uso del suelo, la autoridad sobre aspectos como la altura de los edificios, y los futuros proyectos de urbanización, incluida la posible regulación de dos nuevos parques temáticos permitidos en los acuerdos, dijo.

La nueva junta no puede decir ‘Disney’

Entre las restricciones figura la prohibición de que la junta use el nombre Disney o de “personajes de fantasía como Mickey Mouse” sin la aprobación de la corporación.

Si un tribunal declarara que las normas no se prorrogan a perpetuidad, el acuerdo se mantendrá válido hasta “21 años después de la muerte del último sobreviviente de los descendientes del rey Carlos III de Inglaterra”.

“Es un recurso. Se divirtieron un poco”, dijo Schumer.

Los acuerdos son contratos, ejecutados en reuniones convocadas públicamente y se hacen a cara descubierta, cumpliendo las leyes de transparencia del gobierno de la Florida, y nadie se dio cuenta.

La primera pista llegó el 19 de abril de 2022, dos días después que la Legislatura aprobó el proyecto de ley para disolver el Distrito Reedy Creek. Disney notificó al Condado Orange que había firmado dos nuevos acuerdos con el distrito.

Luego Disney esperó hasta enero para que la junta adoptara formalmente las medidas. En primer lugar, celebró una audiencia pública para anunciar los acuerdos el 25 de enero. El 8 de febrero, un día antes que los legisladores aprobaron una nueva ley para dar al gobernador la autoridad para reemplazar a la junta designada por Disney, los adoptó formalmente.

La nueva junta promete luchar contra las restricciones

Ahora la junta alineada con DeSantis, que cambió de nombre a Distrito de Supervisión de Turismo del Centro de la Florida, ha prometido luchar.

En su reunión del miércoles, votó a favor de contratar a tres bufetes de abogados, cuyos honorarios serán pagados por Disney, la única fuente de ingresos del distrito fiscal.

“La arrogancia de @disney continúa”, escribió en Twitter Bridget Ziegler, activista conservadora a la que DeSantis nombró a la junta. “De ignorar a los padres y permitir que los radicales sexualicen a nuestros hijos, a ignorar ahora a los contribuyentes de la Florida colando un acuerdo de urbanización de última hora, Disney ha jugado una vez más sus cartas en la Florida. No lo toleraremos y no daremos marcha atrás. Si se han tomado medidas ilegales, este acuerdo de urbanización será anulado”.

Pero para poder impugnar el contrato hay que tener capacidad legal, dijo J.C. Planas, abogado de Miami que enseña sobre el distrito especial de Disney en su clase de Derecho de Gobiernos Locales en una facultad del sur de la Florida.

La junta anterior estaba compuesta por cinco habitantes del distrito que eran todos empleados de Disney, mientras que la nueva junta no incluye habitantes del distrito ni empleados de Disney, dijo.

“Una orden de urbanización como esta no puede impugnarse”, dijo Planas. “El gobernador no está legitimado. La nueva junta directiva no está legitimada. Los únicos que pueden hacerlo son los habitantes, porque se trata de un acuerdo de urbanización.

“Y si por alguna razón el estado pudiera prevalecer, se abriría un enorme agujero no solo en la ley de zonificación, sino en la ley de contratos, porque significaría que una entidad municipal está autorizada a cambiar de opinión sobre una cuestión contractual”.

Sin embargo, Schumer dijo que el estado pudiera argumentar que no hay una buena justificación para que el distrito haya aceptado el acuerdo y que “hay un requisito de que los gobiernos siempre sirvan a un propósito público”. Un juez pudiera estar de acuerdo en que “no había un propósito público válido detrás de este acuerdo y, por lo tanto, era nulo”.

Disney cumplió cuidadosamente la ley estatal, añadió Schumer, al redactar el acuerdo, y “Disney definitivamente tiene un argumento más fuerte”.

Un desafío “requeriría un cambio en la forma en que entendemos la ley de gobiernos locales para que Disney perdiera, porque realmente actúa con apego a esa ley de urbanización de los gobiernos locales”. Pero los abogados que trabajan con la oficina del gobernador han sugerido que un gobierno no puede tratar de ceder la autoridad gubernamental de toma de decisiones a una entidad privada o el contrato es nulo.

Brian Aungst Jr., miembro de la nueva junta, la calificó de “subversión de la voluntad de los electores, el poder legislativo y el gobernador. Elude por completo la autoridad de esta junta para gobernar”.

Schumer discrepa.

“Ha convertido a Disney en el gobierno de la misma manera que yo soy el gobierno de mi propiedad”, argumenta. “No han cedido la autoridad gubernamental. Siguen teniendo la capacidad de adoptar cualquier tipo de norma que quieran, solo que no será efectiva para la propiedad cubierta por el acuerdo de urbanización”.

Pudiera haber más maniobras legales

¿Y ahora qué?

Michael Wolf, profesor de Gobierno Local y Derecho de la Propiedad en la Universidad de la Florida, dijo que el estado tiene opciones, como reescribir la ley para declarar que los acuerdos de urbanización ya no son legales en la Florida.

Pero si el estado hiciera eso, Disney pudiera responder que la Florida se ha anticipado a sus derechos de propiedad privada y eso “abriría un conflicto difícil para la Corte Suprema de la Florida”.

El tribunal conservador tendrá que elegir entre defender los derechos de los propietarios privados, que es lo que suelen hacer los jueces conservadores, y apoyar a una administración que está adoptando lo que parece ser una estrategia política conservadora contra una gran empresa”, dijo.

Este puede ser el comienzo de muchos años de litigios, pronosticó Schumer.

“Quizás el distrito intente invalidar el contrato. Tal vez simplemente decida infringir el contrato y esperar a que Disney demande”, o hay una tercera opción y que ambas partes usen el enfrentamiento “para negociar un acuerdo con la nueva junta”.

Clay Calvert, profesor de Derecho de la Universidad de la Florida especializado en la Primera Enmienda, dijo que Disney también pudiera presentar una demanda por represalias en virtud de la Primera Enmienda, acusando al estado de castigarla “por pronunciarse en contra de una expresión protegida”.

Planas sugiere que el estado debería simplemente retirarse y no cometer otro error de cálculo.

“La mejor opción para el estado es no hacer nada y quedarse con los huevos en la cara”, afirma.

Los legisladores de la Florida a los que se pidieron declaraciones dijeron que no tenían respuestas.

La presidenta del Senado, Kathleen Passidomo, dijo el jueves que los legisladores “le echarían un vistazo”, pero no se comprometerían a presentar ningún cambio en este período de sesiones.

“Tenemos mucho trabajo para el resto del período de sesiones”, dijo.

Randy Fine, el representante republicano de Palm Bay que patrocinó el proyecto de ley para disolver el distrito el año pasado, dijo que no estaba al tanto de los nuevos acontecimientos o porqué el estado perdió las primeras señales de Disney.

“No sé nada al respecto”, dijo.

Alex Roarty, reportero de McClatchy en Washington DC, y Lawrence Mower, redactor del Tampa Bay Times, contribuyeron este artículo.