“La disculpa pública no repara el daño que hemos sufrido”: familias de víctimas del Rébsamen exigen justicia y no repetición

A dos kilómetros de donde se encuentra el Colegio Enrique Rébsamen —en la alcaldía Coyoacán y no en Tlalpan, donde de hecho está el plantel—, autoridades locales y federales presentaron el memorial en honor de los 19 niños y siete adultos que murieron por el colapso de la escuela durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En la Alameda del Sur, a cinco años, cuatro meses y 14 días de aquel martes cuando un sismo magnitud 7.1 azotó a la CDMX, padres y familiares de las víctimas se reunieron para escuchar de las autoridades una disculpa pública que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mandató en la Recomendación 31VG/2019, del 12 de noviembre de 2019, en la que acreditó violaciones a derechos humanos.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien era jefa delegacional en Tlalpan cuando el colegio se derrumbó, llegó a la cita por la tarde. Vestida con un traje azul marino, el mismo que había usado durante toda la jornada, saludó una a una a todas las personas sentadas en las primeras filas de sillas que se dispusieron para el evento. A quienes ya no saludó de mano, les sonrió y les mandó un abrazo a la distancia.

Padres, familiares y algunos vecinos llenaron los asientos, que fueron insuficientes: algunos asistentes tuvieron que seguir la ceremonia de pie. Mientras daba inicio, algunos de los presentes batallaban para colocarse pequeños moños blancos que les entregaban en la entrada.

A la cita también acudieron algunos miembros del gabinete capitalino como Rigoberto Salgado, exjefe delegacional en Tláhuac y actual secretario de Bienestar; Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, y Jesús Esteva, secretario de Obras.

Uno de los últimos en llegar fue Juan José Serrano, contralor de la CDMX y quien, antes de formar parte del gobierno local, fue abogado de los padres que perdieron a sus hijos durante el colapso del colegio. Entre otras cosas, él mediaba entre ellos y Sheinbaum, entonces delegada de Tlalpan.

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“Aún estamos muy lejos de decir que se ha hecho justicia”

Aunque la ceremonia fue convocada para las 18:00 horas, desde las 7:00 comenzaron los preparativos en la Alameda del Sur, los cuales consistieron en cercar una parte del área verde con vallas de un metro de altura.

Para las 16:00 horas, esas vallas ya habían sido reforzadas con la presencia de personas colocadas a metro y medio de distancia a lo largo del área confinada. Otras personas que se comunicaban con radios se ubicaron en los alrededores y, cuando advertían alguna presencia “sospechosa”, comenzaban a tomar fotografías.

Las autoridades temían que llegaran y se acercaran manifestantes; incluso, la ceremonia no fue transmitida en vivo a través de las redes sociales del gobierno, tal como se hace con todos los actos en los que participa Sheinbaum.

Al final, sus esfuerzos resultaron inútiles porque fueron los padres de familia que tomaron la palabra quienes señalaron los pendientes que aún se tienen en el caso.

“El camino recorrido no ha sido sencillo, han pasado cinco años, cuatro meses y 14 días desde ese desgarrador momento que cambió nuestras vidas para siempre y donde aún estamos muy lejos de decir que se ha hecho justicia”, dijo la madre de familia Mónica Ortega.

“A las autoridades aquí presentes les pedimos que desde sus actuales y futuros cargos públicos se coloquen del lado correcto de la historia y no vuelvan a convertir a familias funcionales en víctimas desamparadas. Que nunca más un acto de corrupción quede impune y tenga consecuencias fatales”, agregó.

La madre Mireya Rodríguez comenzó su mensaje alzando la voz y reiterando: “Lo acontecido el 19 de septiembre de 2017 devino de un acto de corrupción y negligencia en el Colegio Rébsamen”.

El colapso de la escuela, continuó, puso en evidencia la fragilidad del sistema de protección civil y la resistencia para aplicar leyes y reglamentos, particularmente en materia de construcciones.

“En palabras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el colapso se pudo evitar de no haberse conjugado el incumplimiento de normas por parte de particulares, y la negligencia, anuencia y tolerancia de la autoridad para incumplir estas normas (…) La corrupción mata”, dijo Rodríguez.

“La excusa barata de que fue la administración pasada no es suficiente, necesitan ser mejores, les exigimos que sean responsables”, exigió la mujer, quien al término de su intervención recordó a su hija Paola.

El último padre que tomó la palabra fue Francisco Quintero, quien dejó en claro que “con la disculpa pública no se repara el daño que hemos sufrido, aquí no termina el trabajo que tienen que hacer las autoridades”.

Con la voz entrecortada, compartió parte del calvario vivido desde el #19S. Los suyos no solo perdieron a sus amados hijos e hijas, sino que también han perdido sus empleos, han tenido que cambiar de residencia… sus familias se rompieron.

“Es inadmisible aceptar una disculpa si no hay cambios, es imposible pensar que esta ciudad, este país debe llenarse de espacios como este por culpa de aquellos que no acataron la ley o por la omisión de quienes no la hicieron respetar”, dijo.

“El dolor no ha desaparecido, solo se ha transformado. Se puede vivir con él, pero no hay forma o reconocimiento alguno que permita regresar a lo que fuimos antes de aquel sismo del 19 de septiembre de 2017”.

Aprovechó su tiempo en el micrófono para invitar a todos los padres de familia a que consulten toda la información de las escuelas en donde están estudiando sus hijos, a fin de que constaten que todo está en orden y que las constancias de seguridad estructural y los programas de protección civil están vigentes.

Para ello, en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), se creó la plataforma Escuela Segura, en la que cualquier persona podrá ingresar y verificar que los colegios privados cuenten con la información detallada sobre sus permisos vigentes.

Después de que hablaron los padres, y tras las disculpas ofrecidas por la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, así como por la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, la jefa de gobierno tomó el micrófono y procedió a disculparse en nombre del gobierno capitalino, un acción que —afirmó— realizaba “por convicción y con el corazón por delante”.

“Estoy aquí para ofrecer, como representante del Gobierno de la Ciudad de México, una sincera, sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017”, añadió.

Después de dar una relatoría de los hechos y todo lo que había hecho desde el momento en que se enteró del colapso, el memorial fue abierto a los presentes. Sheinbaum no lo recorrió con los padres de familia.

Luego de tomarse un par de fotografías con personas que se lo solicitaron, la funcionaria se retiró, mientras los padres de familia caminaron al monumento para recorrerlo y colocar algunos ramos de flores blancas como ofrenda para sus hijos y familiares que murieron en el Colegio Rébsamen.

Investigaciones y detenciones

Por el colapso, a la fecha hay dos personas sentenciadas.

Se trata de Mónica García Villegas, quien fuera directora del colegio y quien recibió una sentencia de 36 años, cuatro meses y dos días de prisión por homicidio culposo cometido en agravio de 26 personas.

La otra persona condenada es Juan Mario Velarde Gámez, Director Responsable de Obra (DRO), quien cuenta con una sentencia de 108 años de prisión por homicidio doloso.

Ernestina Godoy, fiscal capitalina, quien también participó en la ceremonia, informó que se cuenta, además, con dos carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso cometido en agravio de 26 personas, en contra de Juan Apolinar Torales Iniesta, DRO, y de Francisco Arturo Pérez Rodríguez, Corresponsable de Seguridad Estructural.

“Tenemos dos carpetas más en trámite ante la autoridad jurisdiccional, ante los tribunales, iniciadas por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por el delito de prevaricación y otra derivada del cumplimiento de la Recomendación 31VG/2019”, detalló Godoy.

Asimismo, se encuentra en trámite una demanda en materia de extinción de dominio del inmueble en donde se encontraba el colegio.

“Hemos trabajado, seguimos trabajando junto a ustedes y, por ello, mi más profundo reconocimiento a padres y madres de familia de las víctimas, por su gran fortaleza y por el impulso hasta conseguir justicia”, dijo la fiscal.