El Gobierno superó la primera revisión, pero el FMI pide políticas fiscales más estrictas

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Guzmán y Georgieva
Guzmán y Georgieva

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la primera revisión del programa con la Argentina y recibirá un nuevo desembolso de US$4010 millones, aunque el organismo advirtió que para cumplir con los compromisos asumidos para este año el Gobierno deberá implementar “políticas fiscales más estrictas” en la segunda mitad del año, una señal de ajuste para limitar la emisión monetaria, moderar la demanda interna y comenzar a bajar la inflación.

El staff del Fondo insistió en “una implementación firme” del programa, pero, ante las dificultades de la economía argentina y las crecientes señales de que las metas –que ya de por si eran consideradas irrealistas por economistas cuando se cerró el nuevo acuerdo– podrían incumplirse, brindó una señal contundente a favor de un mayor ajuste. Y advirtió por el riesgo de que la alta inflación pueda “alimentar el descontento social”.

El equipo técnico del Fondo indicó en su informe que el cumplimiento de la meta fiscal para este año, previsto en el 2,5% del producto bruto interno, “requerirá políticas fiscales más estrictas en la segunda mitad del año, que a su vez son fundamentales para limitar el financiamiento monetario del déficit, moderar el crecimiento de la demanda interna y ayudar a abordar la alta inflación persistente”.

La directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, también remarcó la importancia de la “implementación decisiva” de un plan que cuenta con poco respaldo político en la Argentina, en especial dentro del Frente de Todos, y hasta ahora no ha logrado encarrilar la economía.

“La economía argentina continúa con su recuperación posterior a la pandemia, pero se ve afectada por los shocks asociados con la guerra en Ucrania y las incertidumbres globales más amplias. Los precios mundiales más altos de los alimentos y la energía se suman a las presiones inflacionarias y son un reto para los objetivos fiscales y de acumulación de reservas”, afirmó Georgieva.

“La implementación decisiva de las políticas del programa será fundamental para apoyar la recuperación económica de Argentina, fortalecer la estabilidad macroeconómica y avanzar más en el abordaje de sus desafíos profundamente arraigados para sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo”, indicó la jefa del Fondo.

En medio de la sangría de reservas que afecta al Banco Central (BCRA), y de una creciente inestabilidad financiera, el board del Fondo aprobó hoy el cumplimiento de las metas del primer trimestre del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) otorgado al país por US$45.000 millones, y aprobó el giro del segundo desembolso de aproximadamente US$4010 millones.

El Gobierno logró también que el Directorio diera luz verde a la modificación de las metas para los próximos trimestres. Las metas anuales permanecen iguales. Esos cambios ya habían sido materializados en el presupuesto 2022 que se aprobó por decreto la semana pasada.

Con una valoración positiva, el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán ya tenía un acuerdo previo con el staff, liderado por Julie Kozack y Luis Cubeddu, los dos economistas que sigue el caso argentino, acerca de los criterios del primer trimestre sellado en el acuerdo original. Para varios analistas privados, ese primer trimestre ya había cerrado con “fórceps” y muchas dudas.

Los mismos expertos privados, observando las dinámicas del gasto del Gobierno y de los precios locales e internacionales de alimentos y energía, ya habían advertido que era muy difícil cumplir con las próximas metas trimestrales acordadas.

Fuentes oficiales habían estimado previamente que las metas fiscales y de acumulación de reservas originales plasmadas en el acuerdo fueron víctimas de “un cambio de estacionalidad” producto del impacto de la invasión rusa en Ucrania y del consecuente fuerte salto en los precios de los alimentos y la energía que ese evento desató.

“Se cumplieron todas las metas cuantitativas del programa para el primer trimestre de 2022. También se están logrando avances en las reformas que fomentan el crecimiento en consonancia con los compromisos del programa”, había indicado el último comunicado el organismo multilateral sobre la Argentina enviado a comienzos de junio, cuando se llegó al acuerdo con el staff.

Riesgos

El Fondo reiteró que el programa sigue estando sujeto a “riesgos excepcionales”. El personal del organismo señaló que “los riesgos globales se han intensificado no solo por la guerra en Ucrania, sino también por el resurgimiento de la pandemia, un rápido endurecimiento de las condiciones financieras externas y una desaceleración en las principales economías emergentes”. El conflicto en el este de Europa provocó un salto en el gasto en subsidios energéticos del 70% anual.

Además, el Fondo indicó que “los riesgos de implementación de políticas continúan en el contexto de un entorno económico, social y político muy complejo y de constantes presiones salariales y de gasto”.

“La alta inflación, si no se aborda, podría alimentar aún más el descontento social y debilitar el apoyo político al programa. Estos riesgos no pueden ser totalmente mitigados mediante el diseño de programas y la planificación de contingencias”, advirtió el staff.

El Fondo alertó además que una demanda interna más fuerte de lo previsto y cierta distribución anticipada de las importaciones de energía están complicando los objetivos de acumulación de reservas, que para este año están pactados en cerca de 6000 millones de dólares. “Las discusiones se centraron en la actualización del marco macroeconómico para tener en cuenta los cambios en las condiciones externas y en la adopción de un conjunto de políticas compensatorias para garantizar la estabilidad mientras se cumplen los objetivos del programa de fin de año”, indicó el staff.

El staff del Fondo volvió a decir que la deuda era sostenible “pero con una alta probabilidad”.

El Fondo también le dedico un párrafo a la interna oficialista al referirse a la capacidad del Gobierno para cumplir con el programa. El staff apuntó que “un ala dentro de la coalición gobernante se ha opuesto abiertamente al programa, mientras que las presiones sobre el gasto y los salarios siguen siendo muy fuertes en respuesta al aumento de la inflación”.

“En el contexto del necesario endurecimiento de las políticas macroeconómicas, el apoyo social y político al programa podría verse afectado en el futuro, y especialmente antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2023″, indicó.

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