Diputados: la oposición convoca a una audiencia pública para frenar la ley de envases

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Laspina
Ricardo Pristupluk

Las máximas autoridades del interbloque de Juntos por el Cambio encabezarán mañana, en la Cámara de Diputados, una audiencia pública con las principales cámaras empresarias del país para frenar el avance del proyecto de ley del oficialismo que propone gravar con una tasa de hasta el 3% todos los productos envasados. El objetivo es destinar su recaudación a la gestión integral y reciclaje de los envases para amortiguar su impacto ambiental.

La iniciativa, que ya cuenta con dictamen y está en condiciones de ser debatido en el recinto, fue presentada por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y cuenta con el respaldo del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner. La oposición de Juntos por el Cambio rechazó el proyecto y advirtió que el cobro de esta tasa impactará negativamente en los precios de los productos de consumo familiar.

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Desde el oficialismo, sin embargo, rechazaron las críticas opositoras y aclararon que la iniciativa no crea un impuesto, sino que se trata de una tasa ambiental que tendrán que pagar aquellas industrias que no se responsabilicen en la gestión de los residuos con impacto ambiental.

La audiencia pública es organizada por Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja y estará encabezada por los tres jefes de bloque del espacio, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan López (Coalición Cívica). También estará presente el jefe de la UCR, Alfredo Cornejo.

El objetivo de los opositores es dar visibilidad a una iniciativa que, a su juicio, impactará negativamente en la industria, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Para dar cuenta de ello invitaron a las principales cámaras empresarias del país y a expertos en materia económica y tributaria.

“Estamos frente a un ‘impuestazo’ que golpeará a toda la industria. Nosotros estamos de acuerdo con que las empresas sean responsables en la gestión de los residuos, pero no creando nuevos impuestos y conformando una caja millonaria que arbitrariamente manejará el ministerio que conduce Cabandié”, enfatizó Laspina.

Entre los participantes figurarán la UIA; Copal (Coordinadora de las Industrias Alimenticias); la Cámara Argentina del Aerosol (Cadea), la Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal, Cosmética y Perfumería (Capa); la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibisa) y la Cámara Industrial de Productores de Artículo de Limpieza Personal, del Hogar y Afines (Alpha). También participarán profesionales del ámbito tributario y la Asociación Argentina de Contribuyentes.

La diputada del Frente de Todos, Daniela Vilar, respondió a las críticas de sectores empresarios y de la oposición al proyecto de ley. “En los últimos días los mismos actores políticos, económicos y mediáticos que se opusieron a la Ley de Etiquetado Frontal atacan con información falsa la ley de envases. Hablamos de un proyecto que permitirá avanzar en una gestión de residuos responsable con el ambiente”, comenzó Vilar.

“El objetivo de la ley es tratar de dignificar un trabajo que vienen haciendo los recuperadores urbanos, darles más herramientas, por eso la ley se llama ley de envases con inclusión social. Para nosotros los recuperadores urbanos o cartoneros son un actor central”, agregó la diputada oficialista Florencia Lampreabe.

Según reza el texto del proyecto del Gobierno, su objetivo es promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y en la salud de las personas y promover la responsabilidad de los productores en la gestión. El punto que genera mayor controversia fue la creación de una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización, que fue fuertemente cuestionado tanto por sectores de la industria como legisladores de la oposición. Con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública, que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.

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