‘El dinero habla’: DeSantis va tras los delitos electorales menores, pero guarda silencio sobre FPL y Matrix

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Leo Grant Jr. no pudo digerir el sandwich de mortadela que los guardias le ofrecieron en la cárcel del Condado Palm Beach la mañana del 18 de agosto.

Grant no se había enfrentado a la comida de la cárcel desde 2004 y no podía creer que ahora estaba encadenado y encerrado por un delito electoral.

“Fue una vergüenza para mí”, dijo Grant, de 55 años. “Soy un ciudadano respetuoso de la ley.

Pero en un acto de campaña ese mismo día, el gobernador Ron DeSantis denunció a Grant y a otros 19 floridanos que se habían inscrito para votar y que luego votaron a pesar de haber sido condenados por asesinato o por delitos sexuales graves que los inhabilitaban. “Van a pagar el precio”, dijo DeSantis, quien salió de la Florida al día siguiente para un viaje de recaudación de fondos a Pennsylvania y Ohio, dos estados indecisos críticos para su esperada carrera presidencial en 2024, donde volvió a promover los arrestos.

Después de pasar tres horas en la cárcel, Grant regresó a su apartamento de South Bay, a 25 pies de las vías del tren, en el empobrecido corazón de la zona azucarera de la Florida. Ahora enfrenta cinco años de prisión.

Los cargos marcan lo que DeSantis llamó “el inicio” de su nueva Oficina de Delitos y Seguridad Electoral, que fue creada el 1 de julio para investigar y perseguir el fraude electoral.

“Este es solo el primer paso; hay muchos más en proceso”, dijo DeSantis, de pie detrás de un atril que decía “Integridad Electoral”.

Si bien el gobernador y su nueva policía electoral han apuntado a personas como Grant, la mayoría de ellas negras, no han condenado o adoptado medidas similares contra complejos esquemas destinados a manipular las elecciones de la Florida y vinculados a una de las corporaciones más poderosas del estado.

En el último año, Florida Power & Light, con sede en Juno Beach —una empresa multimillonaria con oficinas 43 millas al este y a un mundo de distancia del pequeño hogar de Grant— ha sido objeto de un torrente de noticias que revelan cómo sus asesores políticos canalizaron dinero a través de grupos sin ánimo de lucro y empresas ficticias para manipular las elecciones y financiar los ataques a los enemigos políticos de la empresa.

Leo Grant Jr., de 55 años, dijo que recibió un formulario de registro de electores en el correo de los funcionarios del Condado Palm Beach en 2020, 16 años después de ser liberado de la cárcel por un delito sexual grave. Grant, que obtuvo un GED en 2010, llenó rápidamente el formulario y se le envió una tarjeta de registro de electores. Emitió un voto en las elecciones de 2020, solo para ser acusado de un delito dos años más tarde. Alie Skowronski/askowronski@miamiherald.com
Leo Grant Jr., de 55 años, dijo que recibió un formulario de registro de electores en el correo de los funcionarios del Condado Palm Beach en 2020, 16 años después de ser liberado de la cárcel por un delito sexual grave. Grant, que obtuvo un GED en 2010, llenó rápidamente el formulario y se le envió una tarjeta de registro de electores. Emitió un voto en las elecciones de 2020, solo para ser acusado de un delito dos años más tarde. Alie Skowronski/askowronski@miamiherald.com

Expertos en derecho electoral dijeron al Miami Herald que los pagos eran una posible violación de las leyes estatales de financiación de campañas que prohíben el uso de donantes no identificados para ocultar el verdadero origen de los fondos de campaña, así como de las normas fiscales federales para las organizaciones sin fines de lucro.

Cuando se le preguntó si esos esquemas serían investigados por la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad, Mark Ard, portavoz de la oficina, dijo: “Las infracciones de la financiación de las campañas... generalmente se remiten a la Comisión Electoral de la Florida”.

Entre los receptores de los fondos estuvo la campaña de DeSantis en 2018. Según documentos filtrados, su comité político recibió $25,000, canalizados a través de una organización sin fines de lucro que no tenía que revelar a sus donantes.

Perseguir a individuos con pocos medios —varios de los cuales dijeron al Herald que no tenían idea de que estaban infringiendo la ley— mientras no se persiguen los intentos sofisticados de subvertir los procesos democráticos es “censurable”, dijo Marvin Dunn, presidente del Centro de Justicia Racial de Miami en la Universidad Barry e historiador de la raza y los derechos civiles en la Florida.

“Que gente poderosa amañe las elecciones es mucho más peligroso que que 20 personas voten supuestamente de forma ilegal”, dijo Dunn en una entrevista. “Pero el poder te da privilegios y excepciones que no se aplican al resto de nosotros. El dinero habla. El dinero es poder. Las personas que han sido acusadas de fraude electoral no tienen poder. ... DeSantis los está convirtiendo en utilería para su campaña de reelección y su candidatura a la presidencia”.

Dunn señaló que las oficinas electorales de los condados habían procesado y aceptado los formularios de registro de electores para Grant y los otros sin marcarlos como inelegibles, y que el estado lo suscribió.

A diferencia de los electores que dijeron no entender la ley, los ejecutivos y consultores políticos de FPL eran claramente conscientes de la necesidad de ocultar sus actividades, según documentos filtrados al Miami Herald y otras organizaciones de noticias.

Eric Silagy, presidente ejecutivo de Florida Power & Light, se comunicaba regularmente con los ejecutivos de Matrix, la empresa de consultoría política de la empresa de servicios públicos con sede en Alabama, a menudo a través de direcciones de correo electrónico privadas o con seudónimo, en lugar de su cuenta corporativa. MATIAS J. OCNER/mocner@miamiherald.com
Eric Silagy, presidente ejecutivo de Florida Power & Light, se comunicaba regularmente con los ejecutivos de Matrix, la empresa de consultoría política de la empresa de servicios públicos con sede en Alabama, a menudo a través de direcciones de correo electrónico privadas o con seudónimo, en lugar de su cuenta corporativa. MATIAS J. OCNER/mocner@miamiherald.com

Los documentos provienen del interior de Matrix, una empresa de consultoría política con sede en Alabama que trabajó para FPL hasta el año pasado. Revelan una operación cuidadosamente coreografiada con un objetivo consistente: sacar del cargo a funcionarios electos que se interponían en el camino de los intereses de FPL, sin revelar que la empresa era la fuente de los fondos y dejando suficiente distancia para permitir que FPL, sus gerentes de alto nivel y su director ejecutivo negaran su participación.

Los correos electrónicos muestran que funcionarios de Matrix establecieron a amigos y familiares como operadores de grupos sin fines de lucro y luego dirigiendo el uso de las organizaciones sin fines de lucro como conductos para las contribuciones de campaña.

Filtraciones anteriores al Orlando Sentinel y al Florida Times-Union documentaron cómo Matrix, mientras estaba al servicio de FPL, sobrepasó los límites éticos, incluyendo el seguimiento de un periodista del Times-Union por parte de un investigador privado y la inyección de recursos a las campañas de “candidatos aguafiestas” orientados a desviar los votos de los oponentes políticos de FPL.

En un caso, los registros muestran que Matrix trabajó para apoyar a un candidato con el mismo apellido que un titular demócrata, José Javier Rodríguez, en un aparente esfuerzo por sembrar confusión, redirigir los votos y ayudar a un republicano a ganar su escaño en el Senado estatal de Miami.

Después de leer un artículo sobre un proyecto de ley patrocinado por Rodríguez que amenazaba el control de FPL en el mercado estatal de la energía solar, Eric Silagy, presidente ejecutivo de FPL, dio una orden clara a sus principales ejecutivos: “Quiero que hagan de su vida un infierno ... en serio”, escribió en un correo electrónico del 7 de enero de 2019.

José Javier Rodríguez perdió su reelección al Senado de la Florida por 32 votos. CARL JUSTE/cjuste@miamiherald.com
José Javier Rodríguez perdió su reelección al Senado de la Florida por 32 votos. CARL JUSTE/cjuste@miamiherald.com

Los ejecutivos reenviaron de inmediato el mensaje al presidente ejecutivo de Matrix, según los documentos filtrados al Herald y otras organizaciones de noticias. Al año siguiente, Matrix dirigió la transferencia de $550,000 que, en parte, pagó los correos que respaldaban al desconocido aspirante, Alexis Pedro Rodríguez, un distribuidor de piezas de automóviles sin afiliación partidista. A pesar de no hacer campaña activamente en la contienda de 2020, Alexis Pedro Rodríguez recibió 6,300 votos. José Javier Rodríguez perdió ante el republicano en la contienda por 32 sufragios.

Alexis Pedro Rodríguez fue uno de los tres presuntos “candidatos fantasma” en el ciclo de 2020 cuyas campañas fueron aparentemente creadas para desviar los votos de los demócratas que se postulaban al Senado de la Florida. Desde entonces se ha declarado culpable de dos delitos de violación de la ley electoral y está cooperando con los fiscales en un caso presentado por las autoridades locales.

FPL ha negado haber tenido nada que ver con los esfuerzos de sus consultores para influir secretamente en esa u otras elecciones y dice que cumple todas las leyes de financiación de campañas. La compañía eléctrica ha dicho que los documentos que la vinculan a los planes electorales de Matrix “pudieran ser fácilmente fabricados” y se ha negado a comentar sobre ellos.

“En cuanto a nuestras contribuciones políticas corporativas, exigimos que cumplan con todas las leyes aplicables”, dijo David Reuter, un portavoz de FPL.

Un abogado de Jeff Pitts, presidente ejecutivo de Matrix en el momento de las actividades en cuestión, culpó de las acusaciones al fundador de Matrix, Joe Perkins.

“Estas acusaciones son falsas, cansinas y una continuación de sus ataques calumniosos y difamatorios”, dijo el abogado. Perkins y Pitts, quien abandonó Matrix para formar su propia empresa que luego se quedó con el negocio de FPL de Matrix, se enzarzaron en una amarga batalla legal que finalmente se resolvió la semana pasada.

Saurav Ghosh, director de la reforma de la financiación de las campañas federales en el no partidista Campaign Legal Center en Washington DC, dijo que según la prohibición estatal y federal de los donantes de paja, los individuos y las empresas tienen prohibido hacer donaciones políticas con la intención explícita de ocultarse como la verdadera fuente.

La aparente intención de Matrix y FPL de usar “recursos financieros para derrotar a un candidato sin ninguna revelación al público” potencialmente infringiría esas leyes, dijo. “Eso es un fraude electoral”.

Grant, que fue investigado por la nueva oficina electoral de DeSantis, fue uno de los varios delincuentes arrestados que dijeron al Herald que no se dieron cuenta que estaban infringiendo la ley.

Los formularios de inscripción de electores piden a las personas que afirmen que no son delincuentes, o si fueron condenados por delitos graves, que afirmen que sus derechos han sido restaurados. Todos los arrestados habían cumplido su condena y en los formularios indicaban incorrectamente que habían recuperado su derecho al voto. El estado dice que su derecho a votar no se habría restablecido porque sus condenas anteriores por asesinato o delitos sexuales graves les impedían votar.

Ahora enfrentan dos cargos de delito grave de tercer grado: presentar información falsa de registro de electores y votar como un elector no cualificado en las elecciones de 2020.

Los oponentes políticos del gobernador dicen que, pase lo que pase de aquí a noviembre, el arresto de Grant y otros envía un mensaje escalofriante a los ex delincuentes, aun cuando sean elegibles para votar.

“La gente va a tener miedo de votar”, dijo Grant.

‘Aplicación selectiva’

DeSantis, un republicano, propuso hace un año la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad de Florida, compuesta por 25 personas, mientras intentaba acallar los llamamientos de los partidarios de Donald Trump para que el estado realizara una auditoría en respuesta a las reclamaciones infundadas de una elección robada.

Durante el período de sesiones legislativas de 2022, la Legislatura de la Florida, liderada por los republicanos, creó una versión reducida de la fuerza policial electoral dentro del Departamento de Estado de la Florida y le encomendó “la investigación de todos los delitos electorales en la Florida”.

Daniel Smith, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la Florida y frecuente crítico de la aplicación de la ley electoral del estado, dijo que las autoridades “han optado por aplicar la ley de forma selectiva”.

La casa de Leo Grant Jr., un vecino de South Bay acusado de fraude electoral, se encuentra junto a las vías del tren en South Bay. Grant salió de la cárcel en 2004 por un delito grave y dio un giro a su vida. Ahora, 18 años después, fue arrestado, acusado de fraude después de presentar su solicitud de voto ante el estado y de que se le aprobara y enviara una tarjeta de identificación de elector. Alie Skowronski/askowronski@miamiherald.com
La casa de Leo Grant Jr., un vecino de South Bay acusado de fraude electoral, se encuentra junto a las vías del tren en South Bay. Grant salió de la cárcel en 2004 por un delito grave y dio un giro a su vida. Ahora, 18 años después, fue arrestado, acusado de fraude después de presentar su solicitud de voto ante el estado y de que se le aprobara y enviara una tarjeta de identificación de elector. Alie Skowronski/askowronski@miamiherald.com

Smith dijo que la decisión de perseguir a ex delincuentes “confundidos” como Grant, pero no a poderosos consultores políticos, cuyos esfuerzos desviaron miles de votos de los enemigos políticos de la FPL, es una selección intencional del gobierno de DeSantis.

“Es usar el poder del estado para ir selectivamente tras ciertas acusaciones de delitos y hacerse de la vista gorda ante donde realmente hay más evidencia de delitos”, dijo. “Sucede que se dirigen a categorías que tienden a implicar más a los electores de minorías y a los electores demócratas. Las normas no se aplican de manera uniforme en todo el estado”.

De las 19 personas arrestadas por fraude electoral, 12 están registradas como demócratas, cuatro como no afiliadas a ningún partido y tres como republicanas, según un análisis del Herald de los datos del registro de electores. (Hasta este fin de semana pasado, una persona había sido acusada pero aún no había sido arrestada).

Cuando se le preguntó si el gobernador priorizaba el arresto de electores individuales sobre el examen de formas más organizadas de malversación electoral y violaciones de la financiación de campañas, el portavoz de DeSantis, Bryan Griffin, no respondió.

“Como el gobernador DeSantis ha sido repetidamente claro sobre la importancia de la integridad electoral, debería darse seguimiento a que vale la pena dedicar los recursos necesarios para lograrlo”.

No respondió a una solicitud para elaborar y aclarar si la integridad electoral incluye la aplicación de las leyes de financiación de campañas.

Fraude en The Villages

Los esquemas ocultos de financiación de campañas vinculados con los consultores de FPL en Matrix no son los únicos esfuerzos organizados potencialmente ilegales que no han dado lugar a ninguna acción por parte del estado, que promete perseguir el fraude electoral.

No se han presentado cargos contra los encuestadores del Partido Republicano que, según una investigación del Herald, cambiaron las afiliaciones partidistas de más de 100 ancianos en Miami-Dade a republicanos sin su consentimiento.

Y una recomendación de la Comisión de Ética del Estado en octubre para que el gobernador impusiera una multa de $20,000 a Alexis Pedro Rodríguez —el “aguafiestas” apoyado por Matrix en la contienda para el Senado estatal de Miami— sigue esperando la acción del gobernador DeSantis 11 meses después.

Mientras tanto, una serie de arrestos este año pasado en la comunidad de jubilados conservadores de The Villages involucró a habitantes locales que votaron dos veces en 2020: una vez en la Florida y otra en otro estado. El caso fue manejado por el fiscal local antes que el estado formara la Oficina de Delitos Electorales, que actualmente depende de agentes destacados de la Policía Estatal de la Florida (FDLE) para hacer las investigaciones.

Las tres personas arrestadas —todas de entre 63 y 71 años y republicanos registrados— admitieron el delito.

Los fiscales les ofrecieron acuerdos de culpabilidad que les dejarán sin antecedentes penales, y presumiblemente con derecho al voto. Primero deberán realizar 50 horas de servicio comunitario y obtener una calificación de C o superior en una clase de educación cívica para adultos, según los registros del tribunal. Un cuarto vecinos de The Villages fue arrestado en enero por cargos similares.

Leo Grant Jr., residente de South Bay acusado de fraude electoral, hojea su álbum de fotos, lleno de imágenes de sus hijos, un niño de seis años y unos gemelos de 14. Alie Skowronski/askowronski@miamiherald.com
Leo Grant Jr., residente de South Bay acusado de fraude electoral, hojea su álbum de fotos, lleno de imágenes de sus hijos, un niño de seis años y unos gemelos de 14. Alie Skowronski/askowronski@miamiherald.com

Grant y otros arrestados el día de la conferencia de prensa de DeSantis tienen pocos recursos y temen no salir tan fácilmente.

“No tengo dinero para un abogado”, dijo Grant, que es discapacitado y tiene diabetes y un marcapasos.

Los registros muestran que había permanecido fuera de la cárcel desde 2004, cuando concluyó una condena de cinco años por agresión lasciva. La semana pasada se le saltaron las lágrimas al pensar en lo que su regreso a la cárcel pudiera suponer para sus tres hijos, unos gemelos de 14 años y un niño de 6.

Grant, que obtuvo su GED en 2010, dijo que recibió por correo un formulario de registro de electores no solicitado en 2020. Dijo que no tenía idea que tenía prohibido votar y que leyó el formulario rápidamente antes de llenarlo.

Luego le aprobaron la solicitud, recibió una tarjeta de registro de elector por correo y pudo votar en las elecciones de 2020.

“Me enviaron la tarjeta de registro de elector. Ese fue su error y su equivocación”, dijo Grant, refiriéndose al gobierno. “Es como un montaje. Ellos cometieron el error, pero me van a castigar”.

¿Quién tiene la culpa?

Los mensajes contradictorios han contribuido a la confusión, los arrestos y las condenas por votar en la Florida.

En 2018, los electores de la Florida modificaron la Constitución del estado para poner fin a la prohibición de por vida del voto para los delincuentes, con 64% de votos a favor de la iniciativa electoral. La medida excluía específicamente a quienes habían sido condenados por asesinato, agresión sexual y conducta sexual penal.

La Legislatura respondió exigiendo que los delincuentes que cumplieran sus condenas pagaran primero todos los cargos que debían en relación con sus delitos. Los ex encarcelados pronto se enteraron de que no hay un lugar centralizado donde puedan saber lo que deben, si es que deben algo.

En una entrevista de 2020 con el Miami Herald/Tampa Bay Times y ProPublica, la entonces secretaria de Estado Laurel Lee, nombrada por DeSantis, dijo que, según la ley estatal, era responsabilidad de su oficina examinar a los delincuentes que deseaban votar e informar a los supervisores del condado de los individuos que no eran elegibles.

En el momento en que Grant y las otras 19 personas rellenaron sus solicitudes de registro, el retraso estatal para determinar la elegibilidad de los delincuentes era enorme. Hasta que ese atraso pudiera ser eliminado, los ex delincuentes deberían ser considerados “electores elegibles”, dijo Lee en la entrevista del 5 de octubre de 2020.

En una conferencia de prensa, DeSantis contradijo esa opinión, diciendo que la responsabilidad recae en los funcionarios electorales del condado. Lee ya no es secretario de Estado, habiendo sido reemplazado en mayo por Cord Byrd, un ex legislador estatal republicano.

A veces las agencias gubernamentales han trabajado con propósitos cruzados. En julio de 2020, el supervisor de elecciones del Condado Alachua llevó a cabo una serie de campañas de inscripción de electores en la cárcel del condado para animar a los delincuentes que habían cumplido sus condenas a inscribirse. Dos años después, los fiscales de Alachua acusaron de fraude a 10 de los que se registraron, después que un residente local revisó las listas de electores y presentó una queja.

El entonces Supervisor de Elecciones de Broward, Peter Antonacci, en 2020. Ahora está a cargo de la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad. Sam Navarro/Special for the Miami Herald
El entonces Supervisor de Elecciones de Broward, Peter Antonacci, en 2020. Ahora está a cargo de la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad. Sam Navarro/Special for the Miami Herald

Cuando el gobernador anunció los primeros arrestos de su oficina de policía electoral a finales del mes pasado, trajo consigo a su recién anunciado seleccionado para dirigirla, Pete Antonacci, abogado de Tallahassee y ex supervisor de Elecciones de Broward.

“Este es un día especial para los que observan las elecciones a lo largo de los años, porque es el día en que empezamos a tomarnos el fraude en serio”, dijo Antonacci mientras él y el gobernador estaban frente a una fila de agentes policiales uniformados de verde en una sala del tribunal de Fort Lauderdale.

Cuatro de los arrestados estaban registrados para votar y recibieron tarjetas de identificación de elector de la Oficina Electoral de Broward cuando Antonacci estaba a cargo de ella.

Arresto a primera hora de la mañana

Larry S. Davis, abogado de Miami, representa a uno de los arrestados el 18 de agosto. Dijo que varios agentes llegaron a la casa de su cliente en Opa-locka a las 6 a.m.

“Había varios agentes tanto en su jardín como en el patio con fusiles semiautomáticos”, dijo Davis. “Golpearon las puertas delantera y trasera. Se acercó a la puerta principal en ropa interior. Dijo: ‘¿Puedo ponerme la ropa?’. Le dijeron: ‘No’, y se lo llevaron a la cárcel”.

Al igual que los demás arrestados, el cliente de Davis había cumplido condena por uno de los delitos excluidos específicamente de la reinserción por la enmienda aprobada por los votantes. Los 20 acusados tenían entre 41 y 72 años y habían llenado un formulario de registro de elector y recibido una tarjeta de identificación de elector de los funcionarios electorales del condado. Sus 20 boletas estuvieron entre las 11.1 millones emitidas en la Florida en 2020.

Davis dijo que su cliente se registró para votar mientras estaba en un Walmart. Les dijo a los voluntarios que no podía votar debido a sus antecedentes, pero le dijeron que el referéndum estatal para restaurar los derechos de los delincuentes había sido aprobado, dijo el abogado.

“A continuación, obtuvo una tarjeta de elector y pensó que estaba bien ir a votar”, dijo Davis, quien pidió que su cliente no fuera identificado para que no perdiera su empleo. “Ahora está metido en este lío”.

El gobernador Ron DeSantis habla durante una conferencia de prensa en el Tribunal del Condado Broward, en Fort Lauderdale, el jueves 18 de agosto de 2022. Amy Beth Bennett/South Florida Sun Sentinel
El gobernador Ron DeSantis habla durante una conferencia de prensa en el Tribunal del Condado Broward, en Fort Lauderdale, el jueves 18 de agosto de 2022. Amy Beth Bennett/South Florida Sun Sentinel

En los arrestos pregonados por el gobernador se dio un patrón similar. Según los documentos de los arrestos, la FDLE llegó a la vivienda o lugar de trabajo de los sospechosos, los interrogó sobre si habían votado, verificó sus firmas en las tarjetas de registro de electores y, según varios individuos, no les dijo porqué eran investigados. Luego, el día del anuncio del gobernador, llegaron los agentes policiales para los arrestos.

David Weinstein, un abogado de defensa penal de Miami y ex fiscal estatal y federal, dijo que un mejor enfoque habría sido dar a los sospechosos un aviso de comparecencia y permitirles presentarse voluntariamente.

“Parece que los llevan por el camino dorado y luego obtienen una admisión y una confesión, y consiguen que reconozcan que todo eso es cierto y que cumplieron con todos los elementos del delito y no les dan la oportunidad de entregarse ... sino que se presentan en su puerta a la medianoche porque han acudido a un juez y han obtenido una orden de arresto y se los llevan detenidos”, dijo.

“De hecho, así es como les gustaría a las fuerzas del orden hacerlo”, dijo. “No es así como se supone que debe funcionar el sistema”.

La sede corporativa de FPL en Juno Beach. Courtesy/Miami Herald
La sede corporativa de FPL en Juno Beach. Courtesy/Miami Herald

J.C. Planas, abogado electoral de Miami y ex fiscal del estado, dijo que no había visto evidencia alguna de que los electores supieran que estaban infringiendo la ley y describió los casos de “casi como una trampa”.

“Si eres el estado y vas a escribir reglas diciendo que esta gente no puede inscribirse para votar, y luego los inscribes y les envías una tarjeta de elector, el estado ha renunciado a su derecho a procesar”, dijo. “No dudaría que después de las elecciones de noviembre, estos casos sean desestimados ... porque no van a poder probarlos en los tribunales”.

Planas añadió: “Los fiscales tienen un caso de mierda”.

‘Nada que ocultar’

Robert Simpson, que salió de la cárcel hace dos décadas, dijo que se sentía “bendecido” después de inscribirse para votar en 2019.

“Cada vez que puedes recuperar algunos de tus derechos, uno se siente bien”, dijo Simpson, de 64 años, quien perdió su derecho al voto cuando fue condenado por homicidio en segundo grado en 1992.

Simpson dijo que los voluntarios en la campaña de votación llenaron un formulario de registro para él. Nadie le dijo que podría estar entre los que no tienen derecho a votar.

Robert Simpson, un vecino de Pahokee acusado de fraude electoral, posa afuera de su casa, el martes 30 de agosto de 2022, en Pahokee. Alie Skowronski/askowronski@miamiherald.com
Robert Simpson, un vecino de Pahokee acusado de fraude electoral, posa afuera de su casa, el martes 30 de agosto de 2022, en Pahokee. Alie Skowronski/askowronski@miamiherald.com

Después de recibir su tarjeta de elector por correo, emitió el primer voto de su vida en la biblioteca pública de Belle Glade en las elecciones de 2020. Se convirtió en un elector fiable, emitiendo votos en dos elecciones especiales posteriores.

Eso fue todo; hasta el 10 de agosto, cuando un agente especial de la FDLE se presentó en la pequeña casa de Simspon en Pahokee, enclavada entre campos de caña de azúcar.

El agente quería preguntarle sobre el voto. Simpson dijo que no supo porqué.

“No tengo nada que ocultar”, dijo Simpson, quien no se graduó de la preparatoria pero obtuvo un GED en 1975. “Le dije que había votado. Le mostré todo el papeleo”.

El agente no reconoció en ningún momento que estaba investigando a Simpson por un delito, pero sí dijo que podría “volver a ponerse en contacto” más adelante, dijo Simpson.

La casa de Robert Simpson, un vecino de Pahokee acusado de fraude electoral. Alie Skowronski/askowronski@miamiherald.com
La casa de Robert Simpson, un vecino de Pahokee acusado de fraude electoral. Alie Skowronski/askowronski@miamiherald.com

Ocho días después, horas antes de la conferencia de prensa programada por el gobernador, los agentes de la Policía de Palm Beach hicieron descender a Simpson de la furgoneta de la empresa de aire acondicionado en la que trabaja como ayudante. Los agentes le dijeron que estaba detenido por fraude electoral y lo llevaron a la cárcel.

“Me sentí muy mal al entrar ahí, no hice nada”, dijo la semana pasada. Ni siquiera entendió porqué lo habían arrestado hasta que pagó su fianza de $200 y vio una noticia que lo nombraba.

Días después, Simpson dijo que un nuevo formulario de registro de electores apareció en su correo. Lo rompió y lo tiró.

Robert Simpson, un vecino de Pahokee acusado de fraude electoral, sostiene la tarjeta de identificación de elector que recibió después de registrarse para emitir un voto. Simpson dijo que no sabía que tenía prohibido votar por una condena de homicidio. Los funcionarios del estado y del condado tampoco se dieron cuenta y le permitieron registrarse. Alie Skowronski/askowronski@miamiherald.com
Robert Simpson, un vecino de Pahokee acusado de fraude electoral, sostiene la tarjeta de identificación de elector que recibió después de registrarse para emitir un voto. Simpson dijo que no sabía que tenía prohibido votar por una condena de homicidio. Los funcionarios del estado y del condado tampoco se dieron cuenta y le permitieron registrarse. Alie Skowronski/askowronski@miamiherald.com

Tiene una cita con el tribunal en septiembre. Eso es justo antes de la temporada de quema de la caña de azúcar, cuando su casa está a veces cubierta de polvo y humo maloliente de los campos.

Simpson dijo que nunca habría votado si hubiera sabido que estaba infringiendo la ley.

“De todas las cosas del mundo, ¿votar?”, dijo. “No voy a conseguir nada para mí por votar”.