Los diez hechos más relevantes de la causa iniciada a partir de la denuncia de Alberto Nisman

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El fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto cuatro días después de presentar la denuncia por el Pacto con Irán
El fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto cuatro días después de presentar la denuncia por el Pacto con Irán

El 14 de enero de 2015, durante la feria judicial, el fiscal Alberto Nisman, que tenía a su cargo la investigación por el atentado contra la AMIA, presentó la denuncia contra Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque a través del Memorándum de Entendimiento con Irán. El expediente primero estuvo en manos del juez Ariel Lijo (porque en su juzgado estaba la otra causa por encubrimiento que ya fue juzgada), quien se declaró incompetente, y entonces llegó a las manos del juez Daniel Rafecas.

Para ese entonces, el juzgado 11, entonces a cargo del juez Claudio Bonadio, ya tenía una denuncia formulada en diciembre de 2014 por el abogado Santiago Dupuy de Lome, por una conversación telefónica entre Guillermo Borger, expresidente de la DAIA, y el excanciller Héctor Timerman, que abarcaba hechos similares a los denunciados por Nisman. A esa causa la calificaron las defensas de los acusados como un “expediente mellizo”, ya que luego atrajo la denuncia que fue desestimada por Rafecas.

Sobreseyeron a Cristina Kirchner por la firma del Pacto con Irán: los jueces entendieron que no hubo delito

El 18 de enero de 2015, cuatro días después de presentar la denuncia y horas antes de tener que ir a defenderla en el Congreso de la Nación, el fiscal Nisman fue hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero. Por esos hechos se abrió una investigación penal que, después de disputas de competencia y en un contexto político de extrema tensión, terminó en los tribunales de Comodoro Py y hoy tiene procesado como único partícipe necesario de la muerte del fiscal al técnico informático Diego Lagomarsino, por haberle entregado al fiscal la pistola de la que salió la bala que lo mató, aunque no es considerado autor material del hecho.

El 26 de febrero de 2015, el juez Rafecas desestimó la denuncia de Nisman, al considerar que había inexistencia de delito en los hechos cuestionados. Las alertas rojas de Interpol seguían firmes, sostuvo, entre otros elementos. Ese fallo fue apelado y confirmado por la Cámara Federal (con las firmas de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero). El asunto llegó a la Cámara de Casación, que finalmente no terminó pronunciándose porque el fiscal Javier de Luca desistió del recurso. Se dio un intento en primera instancia para reabrir el expediente, a partir de una presentación del fiscal Gerardo Pollicita y la DAIA, por la conversación telefónica entre Timerman y Borger al ser considerados hechos nuevos. Rafecas no hizo lugar y Pollicita apeló. La Cámara Federal confirmó el archivo. La causa fue a la Sala I de la Cámara de Casación Penal.

El 29 de diciembre de 2016, la Cámara de Casación Penal ordenó la reapertura de la denuncia que había desestimado Rafecas. El fallo lo firmaron por unanimidad los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa. Además, se resolvió apartar del expediente a Rafecas, al considerar que su decisión de rechazar la reapertura fue “prematura, arbitraria y parcial”. Este fue, precisamente, el fallo cuestionado por los acusados y anulado hoy por el TOF 8. La Casación dispuso que debía intervenir Ariel Lijo. Bonadio le pidió a Lijo que se inhibiera de intervenir porque tenía una causa previa por hechos similares (presentada en diciembre de 2014), y atrajo el expediente, que quedó radicado en su juzgado. Allí cambió también la Sala de Cámara Federal que intervenía, y el caso pasó a la Sala II, de la que forma parte Martín Irurzun.

El 9 de octubre de 2017, Bonadio citó a indagatoria a todos los imputados: Cristina, al excanciller Héctor Timerman y a otros 13 acusados. El 26 de ese mes, Cristina concurrió a los tribunales federales de Comodoro Py en medio de un gran operativo policial, mientras una gran cantidad de militantes la esperaba fuera del edificio.

El 7 de diciembre de 2017, Bonadio procesó con prisión preventiva a Cristina Kirchner y los imputados del caso. Además, pidió su desafuero al Senado. Fueron detenidos Carlos Zannini y Luis D’Elía, junto a otros acusados de la causa. Cuando la Cámara confirmó los procesamientos con prisión preventiva cambió la carátula de traición a la Patria por la de encubrimiento . Fue clausurada la instrucción. El 24 de marzo de 2018 el TOF 8 resolvió excarcelar a Zannini y D’Elía por considerar que se trataba de un delito excarcelable y que no existía riesgo de fuga.

El 5 de marzo de 2018, Bonadio elevó a juicio oral la causa. Era el tercer expediente contra la expresidenta que llegaba a esa instancia. Las defensas de los acusados comenzaron a plantear nulidades en el caso ante el Tribunal Oral Federal 8 y pedían, entre otras cosas, que el exsecretario general de Interpol, Ronald Noble, fuera citado a declarar como testigo en el caso y no como imputado.

El 11 de febrero de 2021 , mientras era diputado nacional, el actual ministro de Justicia Martín Soria y los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés denunciaron a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky -dos de los jueces que ordenaron la reapertura del caso- por sus visitas a Olivos y la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri. Estos hechos dieron lugar a los planteos de las defensas, quienes pidieron la nulidad del caso por falta de acción y dijeron que visitas presidenciales de los jueces Hornos y Borinsky afectaron la imparcialidad e independencia del juez natural. La vicepresidenta Cristina Kirchner solicitó, igual que otros acusados, que se llevara adelante una audiencia previa al juicio oral frente al TOF 8, para exponer sus argumentos de defensa y para fundamentar su pedido de nulidad. El fiscal Marcelo Colombo dictaminó a favor de la audiencia oral.

El 16 de julio de 2021 se llevó adelante la audiencia virtual en la que Cristina acusó a los jueces de haber incurrido en maniobras de lawfare por el avance de esta causa y, con una exposición vehemente, embistió contra el Poder Judicial y los medios de comunicación, a quienes atribuyó el avance del caso. Después de las exposiciones de los acusados y sus defensas en el marco de estos planteos, el fiscal Marcelo Colombo dictaminó en contra de los planteos de nulidad y pidió que el caso sea juzgado en un juicio oral y público.

7 de octubre de 2021, los jueces Gabriela López Iñiguez, José Antonio Michilini y Daniel Obligado resolvieron por unanimidad sobreseer a todos los acusados en esta causa, por considerar que no ocurrió un delito en los hechos denunciados. Consideraron que las visitas presidenciales de los jueces Hornos y Borinsky afectaron la imparcialidad e independencia del juez natural, pero hicieron foco en que el memorándum de Entendimiento con Irán no implicó la comisión de un delito.

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