Dictan entre 2 y 38 años a 13 guatemaltecos por el caso "Lavado y Política"

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Guatemala, 11 feb (EFE).- Un Tribunal de Guatemala decidió este lunes condenar a 13 personas, entre ellas el exdiputado Jaime Martínez Loyza y a Edgar Morales Guerra, alias "Chico Dólar" y líder de una estructura de lavado de dinero para financiar campañas políticas, a penas de entre 2 y 38 años por el caso "Lavado y Política".

El Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por tres jueces, encontró suficientes pruebas contra los 13 imputados para declararlos culpables de integrar una estructura criminal de lavado de dinero y de cometer otros hechos de corrupción.

"Chico Dólar", condenado a 38 años por lavado de dinero, defraudación tributaria, financiación electoral ilícita y cohecho activo, dirigía una red de lavado de dinero para financiar campañas políticas, recolectando dinero ilícito en efectivo de particulares que luego inyectaba ilegalmente al sistema bancario.

Uno de los usuarios de esta red era supuestamente el excandidato a la Vicepresidencia por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Lider) y expresidente del Banco de Guatemala, Édgar Barquín, quien ya fue condenado en 2016 después de admitir su culpabilidad a 2 años y 6 meses de cárcel, además de una inhabilitación de 5 años para ejercer cargos públicos.

La red, por la cual otras 11 personas han sido condenadas, enviaba el dinero a países como Estados Unidos, China, Hong-Kong, Taiwán, Corea del Sur, Islas Caimán, Colombia, Francia, Brasil o Turquía con el objetivo de garantizar "la pérdida de la trazabilidad" e impedir el seguimiento del flujo monetario.

Según los primeros cálculos, se realizaron unas 686 transferencias al exterior por un monto total de más de 255 millones de quetzales (más de 33 millones de dólares).

Las otras 11 personas, entre ellas dos exalcaldes y el exdiputado Jaime Antonio Martínez Lohayza, fueron condenadas a diferentes penas y multas por delitos como lavado de dinero, falsificación de documentos privados, cohecho activo, incumplimiento de deberes o peculado culposo.

La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), inició por una serie de denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región que se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos y que tenía colaboración de autoridades locales y nacionales. EFE