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Dictamen “monumental”: las condiciones en las celdas de detención fronterizas violan la Constitución de EU

Un juez federal de Arizona ha dictaminado que la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha violado la Constitución de Estados Unidos, debido a las condiciones de los centros de detención que opera en la frontera con México.

En una demanda presentada inicialmente en 2015, protestando por el estado de las instalaciones de detención en el sector de Tucson, el juez de distrito David Bury anunció este miércoles 19 de febrero que las condiciones a que han estado sometidos los inmigrantes y solicitantes de asilo en custodia de la CBP han sido “sustancialmente peores de lo que enfrentan los detenidos en una instalación civil para detención inmigratoria o incluso en un centro de detención criminal, como una prisión”.

“El tribunal falla que las condiciones de los centros de CBP son patentemente punitivas y violan la Constitución, sobre todo en las celdas que impiden conciliar el sueño durante varios días,”, declaró Bury.

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El juez precisó que muchos demandantes se habían quejado de la imposibilidad de dormir debido al hacinamiento, los suelos y bancos de hormigón, el frío, la carencia de mantas y colchonetas, y las condiciones insalubres de las celdas.

En cuanto a las condiciones sanitarias, Bury agregó que los querellantes habían denunciado la falta de recipientes para desechos, así como una “limpieza inadecuada”, escasez de duchas y artículos para higiene personal, y muy poca disponibilidad de alimentos y agua.

Bury prosiguió diciendo que otra grave inquietud era la inexistencia de un cuestionario médico universal diseñado por profesionales médicos, y más aún el hecho de que las revisiones médicas las llevaran a cabo “agentes [de CBP] que no tienen la menor capacitación profesional”.

Foto: Pedro Pardo/Getty

Condiciones insalubres

Tras señalar que los migrantes eran detenidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad durante más de 12 horas, Bury dijo que, en adelante, los agentes de CBP del sector de Tucson tenían prohibido retener indocumentados o solicitantes de asilo durante más de 48 horas.

Tras censurar a la dependencia gubernamental por hacer que inmigrantes y solicitantes de asilo durmieran en baños de las áreas de detención hacinadas, Bury condenó esa práctica como “insalubre y degradante”, y conminó a la CBP a impedir que esa situación se repitiera.

“Las evidencias demuestran, de manera muy evidente, que las condiciones de reclusión en las instalaciones CBP del sector de Tucson son sustancialmente peores que las permitidas para los criminales detenidos en la prisión del condado de Santa Cruz y otras instalaciones carcelarias, donde los detenidos se someten a revisiones médicas a cargo de profesionales de la medicina y donde disponen de camas con sábanas de tela; mantas y almohadas; la posibilidad de dormir sin interrupciones; ropa limpia, incluyendo mudas para protegerse del frío; duchas; cepillos y pastas dentales; y comidas calientes que incluyen frutas, verduras y dietas especiales para quienes tienen alergias o creencias religiosas particulares”, escribió Bury en la sentencia.

Foto: DHS

“Las condiciones de confinamiento de los inmigrantes detenidos en las instalaciones civiles de CBP mejoran de manera notable una vez que los transfieren de las celdas de esa agencia a los centros de detención que administran el Cuerpo de Alguaciles, ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas], ERO [Oficina de Detención y Deportación], Salud y Servicios Humanos [HHS] y otras dependencias y organizaciones de detención migratoria”, argumentó.

El juez precisó que las condiciones en las instalaciones del sector de Tucson no cumplen con los mismos estándares. Y por tanto, “se presume que las condiciones para confinamiento prolongado en las instalaciones del sector Tucson violan los derechos constitucionales de los demandantes”.

Celebración de la sentencia

La sentencia fue celebrada por los defensores de los derechos de los inmigrantes; entre ellos el abogado Álvaro M. Huerta, miembro del personal del Centro Nacional de Leyes Migratorias, quien calificó el dictamen como un “resultado excelente”.

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“La resolución del tribunal asegura una solución permanente. Esperamos que [CBP] corrija las repugnantes condiciones de sus instalaciones”, dijo Huerta. “Trabajamos años para reunir pruebas y preparar este caso para presentarlo ante el juez, y ahora los centros de detención fronterizos no podrán seguir violando la Constitución. Los civiles detenidos en los centros de la Patrulla Fronteriza han sufrido demasiado tiempo, y esta decisión allanará el camino para un cambio sistémico en todo el país”.

Al emitir su declaración, la abogada Mary Kenney, directora de litigios para el Consejo Estadounidense de Inmigración, expuso: “Esta demanda nos ha permitido sacar a la luz el trato inhumano que reciben los migrantes en los centros de detención de CBP. El fallo del tribunal reconoce que los detenidos de CBP en el sector de Tucson se encuentran en condiciones ‘sustancialmente peores’ que los criminales recluidos en instalaciones carcelarias”.

“Esta victoria monumental asegura que CBP no pueda retener a los migrantes del sector de Tucson durante 48 horas sin proporcionarles condiciones que satisfagan las necesidades humanas más básicas, y sienta el ejemplo para los estándares que deben aplicarse en todas las instalaciones de CBP”, concluyó Kenny.

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Por su parte, Alessandra Navidad, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Arizona, señaló que, desde 2015, cuando se presentó la demanda por primera vez, las inquietudes por las condiciones en las celdas de detención de CBP han ido en aumento.

“La orden de hoy confirma lo que han dicho durante años tanto nuestros clientes como los detenidos de CBP”, anunció Navidad. “Las condiciones de esas instalaciones son denigrantes, y violan la Constitución de Estados Unidos”.

“El juez determinó que dichas condiciones violan los derechos más elementales, y ponen en grave riesgo a los migrantes”, prosiguió la directora ejecutiva. “Seguiremos asegurándonos de que esa dependencia gubernamental rinda cuentas por cualquier abuso de los derechos civiles de los inmigrantes que tiene o llegue a tener bajo su custodia”, concluyó Navidad.

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek