Detienen a dos exfuncionarios manceristas

·2  min de lectura

CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este miércoles fueron detenidos dos exfuncionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera, quienes son investigados por cometer diversas irregularidades. Dentro de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina fue detenido Roberto Uribe, actual jefe de grupo de la Policía de Investigación (PDI) de la misma corporación, luego de que se corroboró que era el encargado de montar, administrar y operar una red de espionaje durante el sexenio pasado.

En sus primeras declaraciones, el imputado expuso a la autoridad que él únicamente seguía órdenes del entonces jefe de Gobierno y actual senador del PRD, Miguel Ángel Mancera. Reveló que tenía la instrucción de "espiar" a personajes como la ahora jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard, al senador Ricardo Monreal y a otros morenistas, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todo a través de aparatos instalados en un "cuartel" ubicado en calles de la zona Centro, desde donde grababan conversaciones telefónicas de los personajes políticos mencionados. De acuerdo con el expediente, para la operación de este espacio "de espionaje" se invirtieron poco más de 500 millones de pesos entre la compra de equipo y nómina de personal.

En ese lugar trabajaban alrededor de 40 personas y, de acuerdo con la investigación, existen al menos otras 10 que continúan laborando en la dependencia capitalina. Se espera que en los siguientes días las autoridades den a conocer su detención.

Colaborador de Collins

Ayer mismo, la dependencia investigadora también informó la detención de otro exfuncionario de dicha administración. Se trata de un hombre cercano a Raymundo Collins, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con las investigaciones, el 1 de octubre de 2018, Miguel Ángel "N", quien se desempeñaba como encargado de la Jefatura de la Unidad Departamental de Compra de Bienes Especializados de la SSC, posiblemente otorgó una autorización para que se llevara a cabo la excepción de adjudicación directa con una empresa que no estaba registrada en el padrón de proveedores de la administración pública capitalina.

El exfuncionario habría incurrido en la ilegalidad, toda vez que, al no estar registrada dicha empresa, no se podía llevar a cabo ninguna contratación con ésta. Se estima que la afectación al erario fue superior a los 15 millones de pesos. El hecho fue publicado con el edicto del 23 de agosto de 2021, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Nuestro objetivo es crear un lugar seguro y atractivo para que los usuarios se conecten en relación con sus intereses. Para mejorar la experiencia de nuestra comunidad, suspenderemos temporalmente los comentarios en los artículos.