Por detenciones ilegales, tortura y abuso de prisión preventiva, mujeres de Almoloyita piden a Zaldívar revisar sus casos

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Mujeres en Almoloyita
Mujeres en Almoloyita

Mujeres privadas de la libertad en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, piden la intervención del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para que, al igual que lo ha hecho con las mujeres del penal de Santa Martha Acatitla en la CDMX, las visite y puedan exponerle sus casos a fin de que sean revisados por las autoridades competentes. 

Detenciones ilegales, tortura sexual y psicológica, falta de una defensa pública y abuso de la prisión preventiva son la constante en sus procesos, sostienen.

A través de una carta, de la cual Animal Político tiene copia, las mujeres piden ser escuchadas. Afirman que hay casos en los que permanecen privadas de su libertad porque les hace falta tramitar un documento, pero no hay autoridad que las oriente y auxilie.

“Gracias al conocimiento público respecto a la maravillosa labor que usted realizó con nuestras compañeras del penal de Santa Martha Acatitla, nosotras nos dirigimos a usted para solicitar de la misma manera su respetable intervención a este centro de readaptación social para que nuestros casos jurídicos puedan ser atendidos y revisados puesto que en su mayoría son casos llenos de irregularidades procesales desde el momento de la detención hasta la sentencia”, dice la misiva.

“Cabe mencionar que la mayoría de las detenciones fueron ilegales, pues no llevaban órdenes de aprehensión ni presentación, no hubo agentes femeninas presentes y muchas fuimos víctimas de tortura y tortura sexual, así mismo muchas estamos en estado de indefensión, otras aún en prisión preventiva que exceden los dos años reglamentados”.

Hasta este domingo 14 de agosto, la carta que enviarán a Zaldívar ya había sido firmada por 275 de las 302 mujeres privadas de su libertad en el dormitorio 11 de Almoloyita.

En la misma carta, exponen que hay otro dormitorio, identificado con el número 5, donde hay 154 mujeres, pero no tienen contacto con ellas. Sin embargo, mencionan que, en caso de aceptar visitarlas y escuchar sus casos, desearían que sus compañeras del otro dormitorio también fueran escuchadas. 

“Muchas de nosotras tenemos el dictamen del Protocolo de Estambul a nuestro favor, dictámenes que realizó el Consejo de la Judicatura Federal, así como la calidad de víctimas reconocida y continuamos siendo ignoradas. La mayoría estamos en esta situación por una pareja sentimental y sin tener responsabilidad jurídica, pues somos inocentes y se nos detuvo únicamente por esa razón; todas con procesos penales llenos de inconsistencias e irregularidades que los jueces ignoran, pues sinceramente la presunción de inocencia en México es una falsedad”, exponen en la misiva.

Las mujeres solicitan que, en caso de que Zaldívar aceptara ir a Almoloyita para entrevistarse con ellas, el encuentro pueda hacerse en los dormitorios donde ellas están privadas de su libertad y no en un auditorio con el cual se cuenta y que está ubicado en la zona de hombres. Consideran relevante que el ministro conozca las condiciones en las que las mujeres viven.

“No son las firmas de toda la población puesto que muchas tememos por un traslado o represalia por fabricar este escrito”, subrayan.

El 12 de mayo pasado, en un hecho inédito, el presidente de la Corte acudió al penal de Santa Martha, donde escuchó las peticiones de unas 220 mujeres que le solicitaron su apoyo para que revisara sus casos. El encuentro se dio en medio de la discusión sobre el abuso de la prisión preventiva, una medida cautelar cuya utilización se ha traducido en un incremento de la población penitenciaria en México.

Desde su visita a Santa Martha y con el apoyo de la Defensoría Pública, dos mujeres han recuperado su libertad.

Animal Político habló con algunas de las mujeres privadas de su libertad en Almoloyita, quienes compartieron sus historias por las que piden apoyo de Zaldívar.

Arturo Zaldívar
Arturo Zaldívar

Cuartoscuro

Carolina: 14 años en prisión preventiva

Desde hace 14 años, Carolina Hernández ha estado privada de su libertad, señalada por delincuencia organizada y secuestro. Todo este tiempo ha estado en prisión preventiva, sin sentencia. Su madre, la única persona que la visitaba, murió hace cinco años.

“Me han estado cambiando muchísimo los abogados, pero ninguno ha hecho nada”, reclama la mujer de 39 años. “Ahorita tengo un abogado federal de oficio. No viene a verme y cuando viene solo quiere que le firme la hoja y me dice que todo va bien, pero ya son muchos años de espera”.

En 2008, en la puerta de su casa, fue detenida. Tenía siete meses de embarazo.

“A mí me detuvieron embarazada y mi bebé falleció por estallamiento de vísceras y calcinamiento. Hasta la fecha, tengo lesiones visibles y documentos del penal porque me siguen tratando”, comparte.

El día que la detuvieron, llegaron hombres vestidos de civil que tiempo después supo eran policías federales. La golpearon, le cubrieron los ojos y la subieron a una camioneta.

“Recuerdo que me metieron a un lugar de baños móviles y ahí me empezaron a meter la cabeza a la taza del baño, me empezaron a meter las armas en mis genitales, me colgaron de un árbol, me dieron toques… nunca fui trasladada a la SIEDO (la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) a hacer una declaración”, narra.

Durante algunas semanas estuvo hospitalizada: “Traía la mitad de la cara verde y desfigurada”.  

En el hospital, también le informaron que su bebé había muerto. Según compartió, el acta de defunción especifica que la niña murió por estallamiento de vísceras, golpes y calcinamiento por descargas eléctricas que Carolina recibió.

Hasta la fecha, recibe tratamiento médico por las agresiones de las que fue víctima durante su detención, además de que tiene un dictamen en el que se confirma que fue víctima de tortura. 

Desde la muerte de su mamá, nadie la visita ni da seguimiento a su caso, por lo que la ilusiona que Zaldívar la pueda ayudar.

“Quisiera pedirle, con todo el respeto que el señor merece de mi parte, que sea revisado mi caso, ya que soy una persona que está injustamente en este lugar por falta de defensa, por falta de economía, por falta de inteligencia porque soy ignorante. Se me violaron todos mis derechos humanos, fui torturada, hasta el día de hoy tengo mis lesiones visibles, me reconstruyeron la mitad de mi cara y tres jueces se han declarado incompetentes para darme una sentencia y me reponen el proceso. Ahorita van más de tres años que no tengo una audiencia”, señala.

Sofía: “Me sentenciaron con pruebas ilícitas”

Sofía Viridiana Sánchez Guerra, de 34 años, pasó 12 en prisión preventiva señalada de haber participado en un secuestro. Apenas en enero pasado, la mujer recibió una sentencia: 40 años en prisión por un delito que, afirma, ella no cometió.

“Estoy aquí por un hombre con quien tuve una relación sentimental de cinco meses”, sostiene.

En la primera carpeta de investigación que se le abrió se concluyó que Sofía era inocente. Sin embargo, de forma paralela se le abrió otra investigación basada en la declaración de una coprocesada, una declaración que —se confirmó a través de un Protocolo de Estambul— fue obtenida bajo tortura.

“En los puntos resolutivos, la jueza dice que, aun cuando yo no tengo un señalamiento directo o indirecto de una víctima directa o indirecta, ella acredita mi responsabilidad toda vez que es evidente que el delito se cometió entre varias personas y acredita mi responsabilidad, también, por la declaración de mi coprocesada. Se está basando solo en la declaración de mi coprocesada, que ya se acreditó que es una declaración ilícita”, reclama.

Lee este reportaje sobre la prisión preventiva oficiosa

Al paso del tiempo, su familia la ha ido abandonando y su padre, la única persona que la visitaba, ya suma tres años sin ir a Almoloyita porque no tiene dinero para hacer el viaje. Él es quien está al cuidado de los tres hijos de Sofía, de 18, 16 y cuatro años.

“Lo que esperamos es que (Zaldívar) venga a vernos, así como lo hizo en Santa Martha, y que atienda los casos jurídicos para que sean ajustados a derecho, porque prácticamente todos los casos están llenos de inconsistencias y violaciones al debido proceso”, señala.

“(Le pediría) que me dé una oportunidad, que revise mi caso, mi sentencia fue basada en pruebas ilícitas, yo no soy culpable, la ley establece lo contrario de lo que hacen los jueces y no es justo, nadie nos voltea a ver”, agrega.

“Merecemos demostrar nuestra inocencia” 

Rosa, Fania, Edith, Margarita, Cecilia, Norma Kenia y Yanelli son otras de las mujeres privadas de su libertad en Santiaguito. Piden que se revisen sus casos porque no solo sostienen que son inocentes, sino que durante todos sus procesos ha habido violación a sus derechos y al debido proceso.

Rosa Hernández fue sentenciada a 38 años de prisión por robo con violencia.

“Mi supuesta participación fue abrir la puerta de la casa cuando ese era mi trabajo, yo era empleada doméstica de la casa donde robaron”, dice.

Fania, por ejemplo, ha estado dos años y seis meses en prisión señalada por delitos contra la salud en modalidad de transporte. Asegura que desde hace cuatro meses ha solicitado un abogado de oficio, pero nadie ha atendido su solicitud, por lo que su caso no avanza.

No hay pruebas en mi contra, simplemente estoy en prisión injustamente. No soy una persona que sea un peligro para la sociedad”, remarca.

Edith, de 29 años, es señalada del homicidio de cuatro personas. Ya suma tres años en prisión preventiva.

Habemos muchas mujeres inocentes en este lugar y nos tienen por carpetas armadas o porque los policías agarran solo a gente inocente”, sostiene. 

Margarita Ríos suma ocho años privada de su libertad. Fue acusada de secuestro y tiene una sentencia de 65 años. Afirma que el juez omitió todas sus pruebas y testigos que demostraban que ella no participó en los hechos que se le imputan.

Cecilia, de 33 años, tiene una sentencia de 18 por robo con violencia a vehículo. Norma Vázquez, de 30 años, fue acusada de extorsión por un monto de mil pesos y Kenia, de 23 años, lleva dos con 11 meses en prisión preventiva por secuestro exprés por la cantidad de 500 pesos.

“Con toda humildad le pido (a Zaldívar) que tenga toda la misericordia de apoyar a todas las mujeres que estamos en este lugar, porque hay muchas de nosotras que somos inocentes y que merecemos una oportunidad de demostrarlo y podamos regresar a casa”, solicita Yanelli Flores, quien está a la espera de recibir respuesta a la apelación que promovió contra la sentencia de 32 años que el juez le dio por el delito de secuestro.

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