Destituyen a tres magistrados de la CDMX por temas relacionados con violencia de género

Itxaro Arteta (@iartetam)
Diputados de la Comisión de Justicia del Congreso de CDMX

Por primera vez en la historia reciente de la Ciudad de México, el Congreso local no ratificó en automático a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y aprobó cesar a tres, de ocho que cumplían su periodo en funciones, a partir de este viernes 28 de febrero. En los tres casos, ha sido por su actuación o por estar relacionados con situaciones de violencia de género.

Se trata de Héctor Jiménez López, que avaló que se dejara libre al presunto feminicida de Abril Pérez Sagón; de Manuel Horacio Cavazos López, del que Animal Político reveló que está demandado por agresiones sexuales contra sus hijas; y de Rosa Laura Sánchez Flores, porque su sala redujo la sentencia de dos adolescentes que secuestraron y mataron a una compañera de preparatoria.

Este último caso sorprendió el miércoles, ya que mientras de los otros se habían presentado dictámenes en sentido negativo, el de ella era positivo, pero durante la reunión de la Comisión de Administración y Justicia se expuso su relación con un caso de feminicidio, y al momento de votar, dos diputados prefirieron abstenerse, solo cuatro la apoyaron, y seis estuvieron en contra, de modo que habrá un nuevo dictamen negativo para que sea aprobado en definitivo por el pleno del Congreso de la CDMX, este jueves.


El caso en el que participó Sánchez Flores es el de Diana Belén Hernández Moreno, de 16 años, ocurrido en mayo de 2016. Fue secuestrada por Gustavo Adán Paredes González y José Carlos Rincón Aguilar, que exigieron un rescate, pero la mataron y tiraron su cuerpo en la carretera a Cuautla. Recibieron la pena máxima por ser menores de edad, de cinco años, pero en un recurso de revisión ante la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes, donde está la magistrada, se redujeron las condenas a cuatro años y cuatro años nueve meses, porque mostraron arrepentimiento.

El pasado 6 de febrero, durante su comparecencia ante el Congreso, la diputada Paula Soto, de Morena, le cuestionó esta decisión y la magistrada dio argumentos biológicos:

“Los adolescentes tienen una percepción diferente. El lóbulo frontal se termina de desarrollar hasta los 25 años de manera total y allí está la parte de las decisiones, de los impulsos, y el sistema de justicia para adolescentes tiene fines socioeducativos, busca que entiendan lo que hicieron, que dimensionen lo que hicieron durante el periodo de internamiento”, dijo.

Este 26 de febrero, durante la discusión de la ratificación, Soto hizo énfasis en que el problema es que la magistrada demostró que el acceso a la justicia no es parejo para hombres y para mujeres, porque su decisión en dicho caso no puso por encima el garantizar la justicia para una chica de 16 años.

En su contra también habló el morenista Carlos Hernández Mirón, que citó a la hoy secretaria de Gobernación y exmagistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que la perspectiva de género tiene que estar a partir de ahora presente en todas las decisiones judiciales, no solo penales, sino también civiles, y más en estos momentos en los que se está visibilizando la violencia de género.

“Me parece que en esta situación, la magistrada Sánchez Flores en ningún momento ha atendido ese llamado, y obviamente ha sido en el pasado, pero me parece que a partir de ahora tenemos que sentar el precedente de manera contundente, de manera robusta, de manera sólida para que se atienda el tema de atender los derechos de las mujeres y de las niñas, y obviamente ir de manera también seria y de a deveras en contra del feminicidio, tenemos que estar en contra de la violencia que se genera en cada uno de los espacios”, dijo.

Decisión histórica

En el caso de Jiménez López, desde que inició el proceso de ratificación de magistrados, a principios de febrero, el propio Consejo de la Judicatura propuso que no fuera ratificado, lo cual ya era inédito. Aún así, según explicó el presidente de la Comisión de Justicia, Eduardo Santillán, se le dio la oportunidad de ir a comparecer, pero él mismo la declinó, por lo que ayer se confirmó su no ratificación.

Él modificó la medida cautelar que tenía en prisión a Juan Carlos “N”, exesposo de Abril Pérez Sagón, porque una noche la golpeó con un bat y se le acusó de intento de feminicidio, pero los jueces reclasificaron el delito por el de lesiones y violencia familiar.

“Los datos de prueba que fueron proporcionados por las partes, fueron suficientes para establecer, tal y como lo determinó el juez, que sí existió la realización de actos ejecutivos de llevar a cabo una agresión, pero no con el ánimo o intensión (sic) de que una persona perdiera la vida; además, no se materializa la totalidad de los actos ejecutivos, propios e idóneos tendientes a causar la privación de la vida”, fue lo que determinó Jiménez.

El exesposo de Abril salió libre y después ella fue asesinada, por lo que hoy es el principal sospechoso.

La situación de Cavazos López, el tercer magistrado que recibió dictamen negativo para ser ratificado este miércoles, es la única que no tiene que ver con su actuar como impartidor de justicia. De hecho se señaló que si bien cumplía con los requisitos constitucionales para seguir ejerciendo en el cargo, está bajo cuestionamiento su honorabilidad, otro requisito indispensable, debido a la denuncia de violencia sexual que pesa en su contra.

“No es suficiente no tener una responsabilidad penal, sino tener una honorabilidad incuestionable y buena fama pública (…) y que le dé certeza a la ciudadanía de que quien desempeña el cargo de magistrado o juzgador, es una persona no solamente con las aptitudes de carácter técnico, sino también con las virtudes morales que implica la impartición de justicia”, señaló el dictamen.

Al terminar la sesión de la comisión de justicia, su presidente señaló que era una situación inédita, porque solo una vez, hace más de 30 años, se decidió la no ratificación de un magistrado, pero había sido una decisión federal y nunca había ocurrido desde que en 1997 se creó la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso, lo que demuestra la separación de poderes.

“Las cosas cambian en la Ciudad de México, me parece que esta es una parte muy visible de los cambios. Hasta el momento, en la historia de la Asamblea Legislativa y del Poder Legislativo local, pues realmente los nombramientos se trataban de meros trámites y me parece que el día de hoy llegamos a un proceso completamente distinto, completamente abierto, transparente”, afirmó.

Los otro cinco magistrados que sí se propone que sean ratificados son Juan Arturo Saavedra Cortés, Josefina Rosey González, Rosalba Guerrero Rodríguez, Jorge Guerrero Meléndez y Patricia Gudiño Rodríguez, aunque esta última fue la más cuestionada, solo con ocho votos a favor y seis en contra, por haber propuesto que se castigue con cárcel a la madre o padre que manipule a sus hijos contra el otro progenitor con la teoría de la “alienación parental”, que ya fue derogada en la Ciudad.

Este jueves las decisiones tomadas por la Comisión se presentarán ante el Pleno de diputados, que tienen que validarlas por mayoría calificada, es decir, dos tercios, y en dado caso podría dar marcha atrás a algún nombramiento.

El viernes dejarán de ser magistrados quienes no fueron ratificados y los puestos quedarán vacantes, hasta que se lance una nueva convocatoria para nuevos magistrados.

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