Destituyen por 6 años a exdirector jurídico de Graco Ramírez

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CUERNAVACA, Mor., mayo 18 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de la Contraloría de Morelos destituyó e inhabilitó por seis años para ejercer empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público, al actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz, por conductas cometidas durante su cargo como director jurídico en la administración del exgobernador Graco Ramírez (2012-2018).

El ombudsperson recibió la notificación formal esta mañana y al medio día convocó a conferencia de prensa virtual, en la cual calificó su inhabilitación como un acto de persecución política para obligarlo a dejar la CDHM, debido al tratamiento de casos que incomodan a las autoridades estatales.

Ese argumento, respondió la Contraloría en un comunicado de prensa, resulta falso y precisó que el único órgano que puede remover del cargo al comisionado es el Congreso de Morelos y también el único que puede ejecutar la sanción impuesta, "sin embargo, se dará vista a las autoridades competentes para que procedan conforme a derecho corresponda", precisó la Contraloría.

La dependencia afirmó que la causa de la inhabilitación es resultado del desahogo de una denuncia presentada con anterioridad en contra de Hernández Cruz, por conductas irregulares cometidas durante su cargo como director jurídico del gobierno de Morelos, en septiembre de 2016.

De manera extraoficial trascendió que la sanción e inhabilitación se debe a que, en ese cargo, el actual ombudsperson fue encargado de recibir, estudiar y elegir la mejor propuesta para crear una nueva notaria en la primera demarcación notarial del estado que considera a los municipios de Cuernavaca, Tepoztlán, Huitzilac y Jiutepec.

La irregularidad, según datos extraoficiales, es que Hernández Cruz incluyó su propia propuesta y al final también se propuso como aspirante y al final obtuvo la notaría pública número 13, de la cual se encuentra con licencia para atender la CDHM.

"Se informa que el procedimiento administrativo no es producto de una persecución política o conflictos de carácter personal en su contra, sino del desahogo de una denuncia presentada con anterioridad por conductas irregulares previstas como graves en la normatividad aplicable", informó la Contraloría en un comunicado de prensa.

Agregó que su actuar se encuentra apegado a la legalidad y al respeto de los derechos humanos, entre ellos, el de presunción de inocencia, legalidad y seguridad jurídica, bajo los cuales se llevó a cabo dicho proceso y en el cual, el ahora responsable hizo valer los mismos.

De acuerdo con la norma oficial, el exdirector jurídico tiene oportunidad de impugnar el resolutivo de la Contraloría en los próximos 15 días.

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