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Desprotegidos, nuestros derechos de acceso a la información y protección de datos personales

El Senado de la República terminó su periodo ordinario de sesiones sin designar por lo menos un perfil para ocupar las tres vacantes que están abiertas para conformar el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En tanto, un tribunal confirmó la orden de un juzgado de distrito para que la comisión permanente del Congreso convoque a un periodo extraordinario del Senado en el que se concrete por lo menos uno de los nombramientos faltantes.

Esta omisión legislativa vulnera nuestros datos personales y el acceso a la información de interés público de todas las personas. ¿Qué pasó? ¿En dónde estamos parados y qué debemos de hacer para presionar al Senado por su omisión?

¿Cuál es el contexto?

Antes de iniciar es importante recordar que el INAI nos ayuda a transparentar cualquier información en poder de cualquier autoridad, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. Por otro lado, también tiene la obligación de proteger los datos personales en posesión de los particulares o de instituciones públicas, con la finalidad de garantizar la privacidad y el derecho de las personas a tener control sobre sus datos.

¿Cómo funciona el INAI?

El INAI cuenta con un pleno integrado por siete personas comisionadas, las cuales son designadas por la Cámara de Senadores por medio de una amplia consulta a la sociedad y deben de cumplir con los más altos estándares internacionales para contar con perfiles idóneos.

El pleno resuelve controversias para que se cumpla con el derecho de acceso a la información y la protección de datos. Por ejemplo, si solicitas información por medio de cualquiera de los medios oficiales (Plataforma Nacional de Transparencia, el TelINAI o acudir a la unidad de transparencia de manera física) y no recibes respuesta, existen los canales jurídicos y administrativos para que la autoridad te responda y entregue la información de interés público.

Pero no solo ello, también realiza políticas públicas en materia de transparencia y apertura institucional; coordina el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que todos los institutos de transparencia estatales establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información, protección y debido manejo de datos personales. También forma parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, donde diseña e implementa, junto con sus pares y sociedad civil, políticas públicas en esta materia.

¿Qué pasó?

El pleno del INAI debe estar integrado por siete personas comisionadas. Hoy en día sólo cuenta con cuatro y no puede sesionar para cumplir con sus funciones, pues se requiere de cinco. ¿Cómo se llegó a este punto? En marzo de 2022 el Senado debió nombrar dos personas comisionadas para sustituir a quienes concluyeron su periodo en esa fecha. Cuando por fin se pusieron de acuerdo para hacer los nombramientos un año después, en marzo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador los vetó. A las dos vacantes pendientes se sumó una tercera, luego de que otro comisionado concluyera su periodo en marzo de este año. Desde entonces los legisladores no se ponen de acuerdo para realizar por lo menos uno de los tres nombramientos faltantes.

Eso quiere decir que desde el 1 de abril hay una inoperancia de actos cuasi jurisdiccionales, es decir, no se han podido resolver los recursos interpuestos por la ciudadanía en general, ante las negativas de autoridades de entregar respuestas a solicitudes de información o para salvaguardar nuestros datos personales. De entonces a la fecha hay una parálisis en el INAI con más de 4 mil recursos pendientes de ciudadanos que esperan expedientes clínicos, información de sus semanas cotizadas o historiales laborales para cobrar seguros y pensiones, por ejemplo. Son quejas ciudadanas que representan el grueso de asuntos que se resuelve el INAI.

¿En dónde estamos parados?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá de resolver la controversia constitucional que presentó el INAI desde el pasado 27 de marzo, el cual busca que se designe a los integrantes faltantes del Pleno y, mientras eso sucede, el INAI pueda sesionar con mayoría simple, es decir, 4 personas comisionadas.

En estas semanas de parálisis del INAI, Morena y sus aliados se han negado a realizar los nombramientos, responsabilizando de la falta de acuerdo a los partidos de oposición. En la última sesión del pleno del Senado los partidos políticos no lograron realizar un consenso para designar por lo menos un perfil. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que el acuerdo de nombrar a los dos comisionados “fue frenado por la oposición”, ya que no se ponían de acuerdo en su candidato. Recordó que por medio de un acuerdo de todas las bancadas se aceptó que Morena eligiera a un candidato y la oposición a otro, es decir, es un esquema de cuotas y cuates, y no por méritos y legalidad.

Cabe destacar que una de las candidatas, Yadira Alarcón -quien había sido nombrada junto con Rafael Luna en un inicio-, interpuso una demanda de amparo contra el veto del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Estoy enterado de que una de las objetadas, es solo una, Yadira Alarcón ha promovido amparo y se le ha concedido la suspensión”, informó el coordinador de la bancada del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal.

El Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa ha apercibido a la Cámara de Senadores desde el pasado 24 de marzo para que dar celeridad al proceso, incluso con plazos específicos para la designación y sanciones económicas en caso de no hacerlo. Pero como sabemos, el Senado tampoco ha cumplido con esa orden judicial.

¿Qué sigue?

El Senado concluyó su periodo ordinario de sesiones el pasado 31 de marzo y desde entonces el INAI se quedó con cuatro comisionadas y comisionados. Debemos de exigir el cumplimiento al mandato constitucional del Senado y también debemos de presionar a la SCJN para que resuelva la controversia constitucional presentada por el INAI.

Cabe destacar que cualquier nombramiento puede ser vetado de nuevo por el presidente, así que es indispensable que el Senado realice designaciones apegadas a la legalidad y con perfiles idóneos.

Finalmente el Senado, por no cumplir con la sentencia del amparo, se le podrá imponer a las personas servidoras públicas una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

¿Qué te parece? ¿Qué crees que pudiera suceder?

* Mexiro, A. C. (@yoMexiro) es una organización feminista, antimilitarista, decolonial, comunitaria y anticorrupción. Luchamos contra la acumulación y centralización del Poder.