Desplazados acusan a funcionario de querer desalojarlos de albergue

·3  min de lectura

JUXTLAHUACA, Oax., diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Familias desplazadas de las comunidades de Ndoyonoyuji y Guerrero Grande, quienes abandonaron sus hogares a causa de la violencia, se deslindaron desde lunes el Frente de Resistencia Indígena de Juxtlahuaca. Y acusaron al encargado del Centro Coordinador de Población Indígena del INPI en Tlaxiaco, por la intención de desalojarlos a principios de enero próximo.

En un comunicado de prensa, el comité de alrededor de 90 familias víctimas de desplazamiento interno forzado de las comunidades de Ndoyonoyuji y Guerrero Grande, señalaron que, el coordinador Joaquín Agustín Hernández les advirtió que deben retirarse del recinto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), donde permanecen alrededor de 15 familias desde el pasado 21 de octubre, tras el ataque armado que sufrieron en sus comunidades.

Asimismo, se deslindaron del Frente de Resistencia Indígena de Juxtlahuaca (FRGJ), quienes se manifestaron a principios de diciembre en la Ciudad de México, mismos que se pronunciaron en contra de la detención de Juan Gabriel Hernández, así como de la criminalización de los "Defensores del Bosque" del municipio de San Esteban Atatlahuca.

"En una marcha que realizaron en la Ciudad de México, hablaron a nombre de nuestra comunidad, Ndoyonoyuji, lo cual no es correcto ya que ninguno de nosotros pertenece al frente, no somos miembros de dicha organización y mucho menos hemos recibido algún tipo de apoyo de su parte, por lo que no nos parece correcto hablar ni tomar decisiones a nuestro nombre", indicaron en el comunicado.

Manifestaron que el Frente de Juxtlahuaca, se encuentra en disputa de poderes con el Movimiento Unificación y Lucha Triqui (MULT), en el distrito de Tlaxiaco, por interés personales.

Hasta el momento, solo 75 familias desplazadas el pasado 21, 22 y 23 de octubre han regresado a la comunidad de Guerrero Grande. Sin embargo, 60 familias de la misma comunidad continúan en el albergue escolar, ubicado en la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca, tras el ataque ocurrido desde el pasado primero de octubre. Y, 15 familias más de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, se encuentran en el auditorio del INPI.

Ni el gobierno del estado de Oaxaca y ni el federal han definido una fecha o protocolo para un posible retorno de las personas que aún permanecen fuera de sus comunidades, tampoco han informado, sobre las pérdidas de las casas que fueron quemadas durante los ataques el primero, 21, 22, y 23 de octubre.

Por lo contrario, el comité de un grupo de desplazados dijo que el responsable del Centro Coordinador de Población Indígena del INPI los quiere correr del albergue en Tlaxiaco, debido a un supuesto "ataque", sin ofrecerles a las familias otras opciones.

"Nos exigió que buscáramos otro lugar donde quedarnos a partir del próximo primero de enero. Es lamentable que un funcionario federal como el director del INPI tenga conocimiento de los ataques contra nosotros y en lugar de informar y denunciar a las instancias correspondientes, lo único que quiere hacer es corrernos del auditorio del INPI, deslindándose de toda responsabilidad como encargado de los asuntos Indígenas, poniendo así en riesgo nuestras vidas, sin importarle nuestras vidas", señalaron en el comunicado.

Nuestro objetivo es crear un lugar seguro y atractivo para que los usuarios se conecten en relación con sus intereses. Para mejorar la experiencia de nuestra comunidad, suspenderemos temporalmente los comentarios en los artículos.