Despegar y Alitalia deberán reintegrar el dinero de pasajes no utilizados debido a la pandemia

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Archivo - Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, el viernes 24 de diciembre de 2021, en Utah. (Foto AP/Rick Bowmer)
Archivo - Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, el viernes 24 de diciembre de 2021, en Utah. (Foto AP/Rick Bowmer)

Las empresas Despegar SA y Alitalia Societa Aérea Italiana SPA fueron condenadas por la Justicia porteña a reintegrar el dinero de pasajes no utilizados debido a la pandemia a raíz de la demanda promovida por un turista. En concreto, tendrán que pagar al denunciante en el plazo de tres días la suma de $414.220 más sus intereses. Y se les ordenó, además, pagar una compensación de casi un millón y medio de pesos por la situación generada.

La medida, firmada por el titular del Juzgado N° 2 del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Gallardo, puede sentar referencia. Despegar y Alitalia tendrán que abonar, además, $ 200.000 en concepto de “daño moral” más sus intereses. Y además la suma de $1.242.660 “en concepto de daño punitivo” más sus intereses.

La decisión se enmarca en la causa “S. G. Contra Alitalia Aerea Societa Aerea Italiana SPA y otros sobre relación de consumo”. Alitalia fue condenada como operadora del servicio, mientras que Despegar lo hizo en su rol como comercializadora. Gallardo valoró que, de acuerdo a las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, procura atender entre otras necesidades “la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores”.

Asimismo, el magistrado tuvo en cuenta el artículo 42 de la Constitución Nacional en el que se señala que los “consumidores tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”. Y también citó el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que se establece la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten.

Según el expediente, el turista, identificado por las iniciales G. F. S., inició demanda ordinaria contra Alitalia y Despegar con el objeto de obtener una indemnización por daños y perjuicios, en razón de que las demandadas se habrían negado a reintegrar el dinero abonado por pasajes aéreos que no pudo utilizar por razones ajenas a su parte. También solicitó la aplicación de daño moral y daño punitivo.

Según expuso, la compra se concretó a través de la plataforma de Despegar y con tarjetas a su nombre. Indicó que realizó dos pagos por $85.248,00 y uno restante por $243.724. La suma de todos los pagos efectuados ascendió a $414.220.

El denunciante insistió en que el viaje no se realizó en la fecha por motivos ajenos y alegó que las empresas no realizaron un servicio post venta por dicha cancelación. G.F.S explicó que la situación se convirtió para él y su familia en un hecho “totalmente desagradable”, que le habría provocado un daño patrimonial y cuya responsabilidad recaería en las demandadas.

Asimismo, el turista señaló que el viaje cancelado había sido planeado aprovechando el receso de invierno, único momento del año en el cual podían coincidir todos los integrantes de la familia para tomar unas vacaciones, que habían sido planificadas durante años. Además, manifestó que la aerolínea no cumplió con el contrato de transporte y, una vez solicitada la devolución del pasaje, se negó a reembolsarlo.

Para el juez Gallardo, la irregularidad está probada. “Las codemandadas cobraron el precio de los pasajes y, frente a la cancelación de los vuelos por la pandemia, se negaron tanto a resolver el contrato y devolver el dinero recibido, como a diferir la prestación comprometida. Esta retención del pago, cuya causa devino inexistente por la frustración de la finalidad tenida en miras al contratar, constituye una conducta ilícita generadora de responsabilidad”.

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