Yahoo Noticias La era del deshielo: Cristina Kirchner ordena tratar en el Senado los proyectos pedidos por Massa que estaban cajoneados
La era de hielo parece haber terminado en el Senado y ahora, de la mano del aval de Cristina Kirchner a Sergio Massa, obligado por las difíciles circunstancias que atraviesa el Gobierno de Alberto Fernández, el oficialismo decidió desempolvar una serie de iniciativas que mantenía cajoneadas antes de que el expresidente de la Cámara baja llegara al Ministerio de Economía.
Luego de que la semana pasada recibiera dictamen el Consenso Fiscal entre el Poder Ejecutivo y las provincias, que durmió ocho meses el sueño de los justos en la Cámara alta; la Comisión de Presupuesto y Hacienda se volverá a reunir hoy para tratar el régimen de promoción de inversiones de la industria automotriz.
Alberto Fernández se durmió durante el acto de asunción de Gustavo Petro
A estas dos iniciativas se sumará el blanqueo de capitales para la construcción, iniciativa redactada por Massa y el macrista Cristian Ritondo, que la Cámara de Diputados aprobó en mayo, que tiene dictamen de comisión en el Senado desde el 6 de julio ultimo y que ahora el Frente de Todos quiere llevar al recinto de la Cámara alta en su próxima sesión, que podría ser convocada para este jueves.
Los tres proyectos forman parte del paquete de cuatro iniciativas que Massa incluyó entre las reformas que le pidió al Poder Legislativo a poco de asumir como ministro de Economía.
Hasta entonces, los textos permanecían “demorados” en el Senado como consecuencia del enfrentamiento político de Cristina Kirchner con Alberto Fernández, que se fue agravando desde que el Gobierno nacional decidió firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en abril.
El caso más emblemático es el del régimen de promoción de la industria automotriz y de autopartes, que la vicepresidenta ordenó cajonear como parte de su disgusto con el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Después de resistir varios embates, Kulfas terminó eyectado de su cartera el 6 de junio último, como consecuencia de la discusión interna en torno a la demora en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. La vicepresidenta había apestillado a Fernández para que tomara decisiones (le pidió que “use la lapicera”), a lo que el ministro le salió al cruce en un mensaje, enviado a periodistas con pedido de reserva de su nombre, en el que aseguraba que, en realidad, Cristina Kirchner debía apurar a los dirigentes de La Cámpora que manejan la ex-Enarsa porque eran los responsables de la licitación.
La conducción de la empresa estatal acusó públicamente a Kulfas de montar operaciones de prensa con un mensaje en la red social Twitter al que la vicepresidenta replicó y le sumó el siguiente mensaje: “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente”.
Paradojas de la política, el proyecto por el que tanto había bregado, sin éxito, fue aprobado por Diputados un mes después de la salida de Kulfas del Gobierno. Salió con amplio consenso de casi todas las bancadas, lo que garantizaría su rápido trámite en la Cámara alta.
El texto que discutirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside el oficialista Ricardo Guerra (La Rioja), contempla una serie de beneficios fiscales e impositivos para las inversiones en la industria automotriz, como la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), reduciendo el proceso de seis a tres años. En el caso de la amortización de bienes de capital, el plazo se achica de cinco a tres años.
Blanqueo para la construcción
Otro de los proyectos demorados era la prórroga del blanqueo de capitales para la construcción. En este caso, al clima de sospechas y enojos de Cristina Kirchner se sumó el “receso legislativo”, que mantuvo parado al Senado en las tres últimas semanas de julio con motivo de las vacaciones de invierno.
El texto obtuvo dictamen de comisión el pasado 6 de julio, un mes después de que lo aprobara Diputados en base a una iniciativa redactada por Massa y Ritondo, lo que le garantizó también un amplio respaldo político.
La propuesta extiende el plazo original de 120 a 360 días para acogerse a los beneficios de declarar divisas extranjeras de manera voluntaria ante la AFIP que estén destinadas a la construcción, las que deberán tributar un impuesto especial del 5%. La alícuota se incrementará hasta llegar al 20% si se hace después de los 180 días de iniciado el programa. Además, mantiene vigente la eximición del impuesto a los Bienes Personales establecida en la ley de Incentivo a la Construcción y Acceso a la Vivienda.
Por último, la semana pasada tuvo luz verde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el denominado Consenso Fiscal firmado entre la Nación y 21 provincias.
El pacto fue suscripto en diciembre último e ingresó al Senado cuatro días antes del fin de año. Sin embargo, y a pesar de haber sido habilitado para su debate en las sesiones extraordinarias de febrero, el proyecto de ley permaneció cajoneado durante más de ocho meses.
En este caso, la reactivación del Consenso Fiscal corre en paralelo con la necesidad de los gobernadores de blindarse ante el ajuste que podría aplicar Massa en las cuentas nacionales. De cara a un año electoral, como será 2023, los caciques provinciales pretenden asegurarse la facultad de elevar tasas e impuestos distritales para compensar un eventual cierre del grifo de recursos nacionales.
Si bien todavía no está convocada, es muy probable que los tres proyectos sean incluidos en la próxima sesión de la Cámara alta, que podría celebrarse este jueves después de que el Frente de Todos viera frustrada la semana pasada su intención de tratar la ampliación de la Corte.
