Desesperados por atenderse de COVID-19, los inmigrantes indocumentados recurren a medicamentos no probados

FRESNO, California — Un martes de abril por la tarde, entre las mesas de verduras, ropa y cargadores de teléfono en el principal mercado al aire libre de Fresno había medicamentos controlados que se vendían como tratamientos para la COVID-19.

Los marchantes vendían inyecciones de 25 dólares del esteroide dexametasona, varios tipos de antibióticos y el medicamento antiparasitario ivermectina. La cloroquina y la hidroxicloroquina —los fármacos contra la malaria promovidos por el presidente Donald Trump el año pasado— también suelen aparecer en el mercado, al igual que falsos suplementos herbarios.

Las agencias de salud y de protección al consumidor han advertido en repetidas ocasiones que varios de estos tratamientos, así como las infusiones de vitaminas y las costosas inyecciones de "terapias peptídicas" que se venden en las clínicas de bienestar alternativo por más de 1000 dólares, no están avalados por pruebas científicas confiables.

Pero estos remedios no probados, a menudo promovidos por médicos y empresas en las redes sociales, han atraído a muchas personas de comunidades migrantes de bajos ingresos en localidades estadounidenses donde las tasas de COVID-19 han sido elevadas pero el acceso a la atención médica es bajo. Algunos recurren a los medicamentos no regulados porque la medicina convencional es demasiado cara o es inaccesible debido a las barreras lingüísticas o culturales.

“Es decepcionante pero no sorprendente” que las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza gasten grandes sumas de dinero en tratamientos no probados para la COVID-19, señaló Rais Vohra, el jefe interino del departamento de salud del condado de Fresno. “La gente está desesperada y es bombardeada con información errónea y puede no tener la capacidad, el tiempo o el contexto para interpretar las pruebas médicas”.

La tendencia no es nueva. En 2014, Vohra publicó un informe de un caso sobre una mujer perteneciente al grupo étnico hmong que se presentó en una sala de emergencias en Fresno con una intoxicación que puso en peligro su vida tras sufrir una sobredosis de cloroquina que había comprado en el mercado callejero con la etiqueta “Tylenol rojo”. Después, sus colegas y él fueron al mercado callejero y a tres tiendas más pequeñas y encontraron 35 medicamentos diferentes que solo se podían comprar con receta o que habían sido considerados inseguros por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés). “Nos abrió los ojos”, dijo.

Durante la pandemia, muchos inmigrantes que no tienen acceso a la atención médica convencional han recurrido a estos mercados en busca de tratamientos para la COVID-19. Alrededor del 20 por ciento de los hispanos de Estados Unidos carecen de seguro médico y la proporción es mucho mayor entre los inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal.

Además, algunos inmigrantes desconfían de los médicos que no hablan su idioma o que los tratan con brusquedad y esas preocupaciones se han visto amplificadas por la dura retórica política dirigida a los mexicanos y los centroamericanos.

“Mi comunidad teme que el gobierno intente deshacerse de nosotros”, afirmó Oralia Maceda Méndez, defensora de un grupo comunitario de indígenas de Oaxaca, México, con sede en Fresno. Ella ha escuchado muchas historias de inmigrantes en su comunidad que recurren a la penicilina, otros antibióticos o una mezcla de vitaminas y terapias de hierbas comprados en tiendas o a viajeros que venden medicamentos comprados en México para tratar la COVID-19.

“No me sorprende que se aprovechen de la gente”, comentó. “No tenemos la atención que necesitamos”.

Algunos trabajadores agrícolas han recibido tratamientos no probados en clínicas especializadas. Hace poco, una mujer de Fresno describió cómo su marido, un trabajador agrícola, había enfermado tanto de COVID-19 que no podía respirar ni caminar, pero se negó a ir al hospital porque había oído rumores de que los inmigrantes indocumentados que se habían hospitalizado nunca habían salido. Lo llevó a una clínica de bienestar, donde un médico le administró tratamientos de péptidos inyectables, recordó la mujer, que pidió permanecer en el anonimato por su estatus migratorio.

No estaba preparada, dijo, para la factura de 1400 dólares, que incluía el costo de las jeringas y los viales etiquetados como timosina-alfa 1, BPC-157 y LL-37. Al sacarlos de un cajón en la cocina de su casa móvil, dijo que no sabía exactamente lo que eran, y todavía siente el escozor del precio.

“Me sorprendió, pero intenté actuar como si estuviera bien porque tenía que ser fuerte por mi marido y mis hijos”, dijo. A pesar de las inyecciones, el estado de salud de su esposo se agravó, pero la familia se había quedado sin dinero para pagar la atención médica. Pasó más de un mes antes de que se recuperara lo suficiente como para volver a los campos.

Algunos medicamentos no regulados pueden ser peligrosos, e incluso si no constituyen un riesgo a la salud por sí mismos, pueden llevar a la gente a posponer la búsqueda de ayuda de médicos, lo cual puede ser mortal. El retraso en el tratamiento es uno de los motivos por los que las personas negras e hispanas han muerto de COVID-19 dos veces más que las blancas en Estados Unidos.

Al no poder o no querer hablar con proveedores de salud convencionales, algunas personas recurren a Facebook, YouTube o WhatsApp en busca de consejos. En la página en español de Facebook "Recetas y remedios caseros para la COVID-19", por ejemplo, que cuenta con unos 10.000 seguidores, personas de Estados Unidos, México y Sudamérica intercambian consejos sobre infusiones de hierbas, zinc, vitamina B12, ivermectina y dióxido de cloro, que se ha relacionado con casos de insuficiencia respiratoria y hepática.

Ignacio Guzmán, quien se especializa en "medicina antienvejecimiento, regenerativa e integrativa" en una clínica de una zona acomodada del norte de Fresno, utiliza las redes sociales para anunciar la terapia con péptidos para una amplia gama de dolencias. En Instagram, la promocionó con una fotografía suya recibiendo una vacuna contra la COVID-19, acompañada de la descripción: “¡Integrar los péptidos con las inmunizaciones puede duplicar su eficacia!” (ningún ensayo clínico de las vacunas contra la COVID-19 respalda esa afirmación y las inyecciones son muy eficaces por sí solas).

Otra publicación de Instagram, de marzo de 2020, incluye una fotografía en la que se ve una vía intravenosa en el brazo del médico con un pie de foto en el que indica que le están infundiendo vitamina C. “¡Esta intravenosa junto con la terapia de péptidos limitará mis posibilidades de contraer infecciones como la gripe A y el coronavirus!”, escribió.

La FDA señala que la terapia con el péptido timosina-alfa 1 no está autorizada en Estados Unidos para tratar la COVID-19, ni está aprobada para ninguna otra enfermedad.

En el último año, este organismo y la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) han tomado medidas contra cientos de empresas que hacen afirmaciones sin fundamento sobre supuestos tratamientos para la COVID-19, como la timosina-alfa 1, el BPC-157 y las infusiones de vitamina C. La FTC advierte que cualquiera que haga “afirmaciones engañosas relacionadas con el tratamiento, la cura o la prevención de la COVID-19” podría ser objeto de sanciones de hasta 43.792 dólares por cada infracción.

Ninguna de estas agencias ha enviado una carta de advertencia pública a Guzmán. Ni él ni su abogado respondieron a varias solicitudes de comentarios.

© 2021 The New York Times Company