Por qué se están desechando miles de acusaciones contra manifestantes

LOUISVILLE, Kentucky. — A Matt Kaufmann le encantaba hablar en el aula sobre sucesos del mundo real, pero nunca se imaginó que él mismo se convertiría en un ejemplo. Sin embargo, los encabezados hicieron que fuera difícil evitarlo: “Maestro del año de una secundaria de Kentucky arrestado”, anunciaron estrepitosamente las noticias locales luego de que fue detenido el 31 de mayo.

Kaufmann, quien en ese momento era maestro de literatura en la escuela Marion C. Moore, estaba entre más de 800 personas que detuvo la policía de Louisville durante los meses de las manifestaciones originadas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis a manos de la policía y de Breona Taylor en Louisville.

Kaufmann y su prometida, inexpertos en manifestaciones, se unieron a una gran multitud en el centro a finales de mayo, comentó, cuando los oficiales de la policía comenzaron a disolver la manifestación lanzando gases lacrimógenos y atacando desde todos los frentes. Bajo un helicóptero que estaba sobrevolando, de pronto se vio haciendo fila junto a decenas de otros manifestantes para luego ser llevado a la celda de una cárcel abarrotada.

“Nunca antes había vivido algo así”, afirmó Kaufmann, de 41 años. “Fue aterrador”.

Ahora, más de cinco meses después, cuando el caso de Kaufmann y el de miles de otras personas llegan finalmente a los tribunales en todo Estados Unidos, una gran mayoría de los casos contra los manifestantes están siendo desechados. Solo se mantienen los casos que involucran acusaciones más importantes, como daños en propiedad ajena u otros actos violentos.

Los fiscales afirmaron que no tenía paralelo la magnitud de los arrestos masivos y de los sobreseimientos masivos en el espacio de unos cuantos meses, al menos desde las manifestaciones en favor de los derechos civiles de principios de la década de 1960. Puesto que la policía detuvo a cientos de personas en las ciudades importantes, este año, los arrestos terminaron tropezando con las limitaciones del sistema judicial.

Como consecuencia, los fiscales se negaron a procesar muchos de los casos porque concluyeron que los manifestantes estaban ejerciendo sus derechos civiles básicos. Según los ficales de todo el país, los casos que tienen que ver con la libertad de expresión o la libertad de reunión pocas veces prosperan en los tribunales, y la pandemia del coronavirus también contribuyó a esta decisión. Una ola de miles de casos menores amenazaba con desbordar los tribunales que ya estaban tambaleándose con los enormes retrasos provocados por la cuarentena.

También se reconoció que los oficiales de la policía a menudo recurrían al arresto masivo como una técnica para ayudar a despejar las calles, no para combatir un comportamiento ilícito.

Para quienes están a cargo de los casos, la tarea ha sido ardua.

“Todos los días pensaba que ya había terminado y a la mañana siguiente había 50 o 100 casos que registrar”, señaló Mary Ellen Heng, fiscal adjunta de la ciudad de Minneapolis.

Hasta ahora, la ciudad está llevando a juicio aproximadamente 75 de 666 casos.

“Con respecto al volumen de casos, lo que ha sucedido aquí en los últimos meses es algo que yo nunca había visto en mis 23 años aquí”, comentó.

La mayoría de las acusaciones en los casi 300 casos federales relacionados con las manifestaciones tiene que ver con incendios provocados o agresiones a oficiales de la policía, como sucede con los casos estatales y municipales.

“Esta es la resaca de meses de manifestaciones”, señaló Ted Shouse, abogado penal de la defensa en Louisville y quien ayudó a organizar a más de cien abogados voluntarios de la defensa.

Los dirigentes de las manifestaciones y los abogados defensores de todo el país acusan a la policía de sumar cargos para intentar detener las manifestaciones.

“Fue para sofocar la disidencia” señaló Attica Scott, la única mujer negra en la legislatura estatal de Kentucky y una de las organizadoras de la manifestación que fue detenida por la policía.

El arresto de Scott en septiembre se ha convertido en uno de los casos más polémicos en Louisville porque a ella y a otros muchos dirigentes de la manifestación se les acusó al principio de intentar incendiar una biblioteca, un delito grave, y de no respetar el toque de queda de las 9 p.m.

El fiscal del condado de Jefferson, Mike O’Connell, se presentó en el tribunal para solicitar que se desecharan las acusaciones de delito grave luego de revisar las pruebas, las cuales incluían una transmisión en Instagram en vivo realizada por Scott con una fecha que demostraba que el arresto fue antes del toque de queda.

Los abogados de la defensa que trabajan en los casos de varias ciudades señalaron que fueron acusadas más personas de color que personas blancas, pero que no fue un patrón universal.

“Incluso si se hace una adecuación de la conformación racial de las manifestaciones, la gente negra ha sido acusada de manera desproporcionada”, afirmó Shouse.

En un estudio reciente de The Louisville Courier-Journal, se descubrió que las personas negras constituían el 53 por ciento de quienes fueron arrestados ahí durante los cuatro meses a partir del 29 de mayo, pero que enfrentaron el 69 por ciento de las acusaciones por delitos graves. En Portland, Oregon, donde existe un predominio de personas blancas, los acusados blancos conformaron el 65 por ciento de los más de 140 casos que continúan, mientras que el 32 por ciento eran de otros grupos raciales.

John Bradley, vocero del Departamento de Policía de Louisville, señaló que los oficiales llevaron a cabo arrestos con base en la ley de Kentucky, y que el fiscal del condado debía decidir si llevarlos a juicio.

No son exactas las cifras ni de los arrestos ni de los sobreseimientos en todo el país debido al complicado entramado de las agencias policiacas y los fiscales del estado, del condado, o de la ciudad involucrados.

Por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, el fiscal de distrito se rehusó a presentar cargos contra 334 personas, pero está procesando 257 casos de personas arrestadas entre finales de mayo y principios de agosto, señaló el vocero Greg Risling.

Sin embargo, no todas las jurisdicciones del condado de Los Ángeles están desechando los casos. Beverly Hills está procesando acusaciones por delitos menores contra un grupo de 25 personas derivadas de una manifestación en junio y quiere procesar otros de una manifestación de julio, comentó Rachel Steinback, coordinadora del Comité de Defensa de Masas de la Asociación Nacional de Abogados de Los Ángeles.

Es palpable el esfuerzo para ocuparse de los casos pendientes en casi cualquier juzgado importante de Estados Unidos.

En Louisville, se dice que esos casos están en el “estacionamiento”. En conjunto, existen unos 22.000 de esos casos, con solo cuatro de cada diez tribunales operando en el juzgado del condado de Jefferson. A lo largo de dos días a finales de octubre, 300 comparecencias de casos relacionados con manifestaciones estaban atoradas en la agenda, aproximadamente diez veces más que la cifra habitual.

La jueza Lisa Langford perdió de vista momentáneamente cuáles casos estaban en el juzgado y cuáles estaban en Zoom.

“Me ha estado haciendo señas y pensé que solo se alegraba de verme”, bromeó luego de identificar a un abogado en Zoom.

Los fiscales han llegado a desechar 219 casos relacionados con manifestaciones, afirmó Josh Abner, vocero del fiscal del condado de Jefferson.

“No tenemos una varita mágica que podamos agitar para atender todos estos casos”, afirmó O’Connell, al señalar que un equipo de cuatro fiscales los estaba revisando.

Después de los arrestos masivos durante la Convención Nacional Republicana de 2020, Filadelfia legisló que por un cargo menor se sacaría a la gente de las calles. Los oficiales de la policía comenzaron a emitir órdenes de comparecencia fuera de los juzgados habituales. Los delitos menores y los delitos graves pasan al fiscal de distrito, pero las órdenes de comparecencia no.

Larry Krasner, el fiscal de distrito de la ciudad, mencionó que su oficina estaba desechando hasta 2000 órdenes de comparecencia. Los casos que se están analizando tienen que ver con incidentes como allanamientos de las tiendas o quemas de patrullas.

Los procesamientos ahí y en otros lugares también fueron restringidos por el carácter caótico de las manifestaciones, sobre todo durante las primeras semanas en que ocurrieron la mayoría de los arrestos. Puesto que la policía trabajaba doble turno, los trámites se retrasaban, así que resultó imposible encontrar los informes o los testigos para algunos casos.

En Louisville, mientras pasaban los meses y las acusaciones quedaban pendientes, muchos manifestantes se sentían atrapados en una situación incierta.

Kelly Parry, una abogada defensora voluntaria de 33 años que fue imputada, se encontraba entre unos 76 manifestantes arrestados cuando obstruían una avenida en julio.

“Es emocionalmente agotador no saber lo que puede ocurrirte”, comentó. “Te la pasas pensando ‘¿Es un pequeño problema o se convertirá en algo más grande?’”

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company