Desapariciones forzadas: un problema grave desde Siria hasta México y desde Sri Lanka hasta Gambia

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SIHAM SERGIWA fue violentamente secuestrada de su domicilio en Bengasi (Libia) el 17 de julio de 2019 por decenas de hombres armados, enmascarados y con indumentaria militar. Los atacantes golpearon a su hijo de 16 años y dispararon a su marido en la pierna antes de llevársela. La autoridad de facto de la zona es el Ejército Nacional de Libia, y no les gustó que un día antes Siham pidiera públicamente el fin de una ofensiva.

Amnistía Internacional

GOBIERNOS de todo el mundo, desde Siria hasta México y desde Sri Lanka hasta Gambia, podrían tener a centenares de personas, e incluso miles, recluidas en secreto, denuncia Amnistía Internacional (AI).

La desaparición forzada sigue utilizándose en todo el mundo como método de represión, terror y sofocación de la disidencia, advierte el secretario general de la ONU, António Guterres, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas.

“La desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para sembrar el terror en la sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto. Su uso se ha convertido en un problema mundial. Ampliamente utilizadas por las dictaduras militares en su momento, ahora se producen desapariciones en muchos conflictos internos, especialmente cuando se intenta reprimir a la oposición política”, explica Amnistía Internacional.

A su vez, señala que los familiares y amistades de las personas que han desaparecido sufren una lenta angustia psicológica, sin saber si su hijo o hija, madre o padre todavía viven, dónde están recluidos ni qué trato reciben. Buscar la verdad puede comportar gran peligro para toda la familia.

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En tanto, el Comité y el Grupo de Trabajo de la ONU contra las desapariciones forzadas con motivo del Día Internacional de las Víctimas de esta violación de los derechos humanos, indica que “la falta de protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas es también uno de los factores que contribuyen a las desapariciones forzadas”.

Los expertos destacan que las personas que viven en situación de pobreza o con discapacidad, las que viven marginadas, las migrantes o las que habitan en zonas con escasa o nula presencia de instituciones estatales están expuestas a un mayor riesgo de desapariciones forzadas.

Además, los niños y niñas que no tienen acceso a la educación que viven en la pobreza o que han sufrido desplazamiento, corren un mayor riesgo de ser secuestrados y convertirse en niños soldado o víctimas de trata.

¿EN QUÉ CONSISTE LA DESAPARICIÓN FORZADA?

Una “desaparición forzada” se produce cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad o privada de su libertad de cualquier otra forma por autoridades gubernamentales o por grupos organizados o individuos particulares cuyas acciones son aprobadas de alguna manera por el gobierno.

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“Esa privación de libertad viene seguida de una negativa a desvelar la suerte o el paradero de la persona en cuestión o una negativa a reconocer su privación de libertad. A consecuencia de esta conducta, la persona desaparecida queda fuera del amparo de la ley, con lo que se le impide el recurso a remedios judiciales y garantías de protección y se la pone en una situación de total indefensión. Esto, a su vez, la deja expuesta a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la violencia sexual o incluso el asesinato”, explica Amnistía Internacional.

¿ES UN DELITO DE DERECHO INTERNACIONAL?

Sí, la desaparición forzada es un delito de derecho internacional por el cual los Estados están obligados a hacer rendir cuentas a los responsables mediante la investigación criminal y el procesamiento.

Esto se aplica incluso si el delito se ha cometido en el extranjero y aunque el sospechoso o víctima no sean nacionales de ese Estado. Además, constituye un crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

¿DÓNDE SUCEDEN LAS DESAPARICIONES FORZADAS?

Ampliamente utilizadas por las dictaduras militares en su momento, ahora se producen desapariciones en todas las regiones del mundo y en una gran diversidad de contextos. “Se practican con asiduidad en los conflictos internos, especialmente a manos de gobiernos que intentan reprimir a opositores políticos o de grupos armados de oposición”, señala AI.

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La organización internacional indica que la gran mayoría de las víctimas de desaparición forzada son varones. Sin embargo, las mujeres son quienes generalmente encabezan la lucha por averiguar lo ocurrido durante los minutos, días y años que transcurren desde la desaparición, exponiéndose ellas mismas a sufrir intimidación, persecución y violencia.

Además, la persona desaparecida suele ser el principal sostén económico de la familia, la única capaz de cultivar el campo o llevar el negocio familiar. Esta situación puede llegar a empeorar debido a algunas leyes nacionales que no permiten cobrar una pensión ni ninguna otra ayuda si no se presenta el certificado de defunción.

Las desapariciones forzadas son un problema grave en muchos países de todas las regiones del mundo: de México a Siria, de Bangladesh a Laos y de Bosnia y Herzegovina a España. Recientemente, Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas en algunos de los países que más violaciones de derechos humanos cometen.

LA PROBLEMÁTICA A NIVEL GLOBAL

México sigue siendo el país con mayor cifra de desaparecidos en América Latina. Según las autoridades federales, a finales de 2019 había al menos 61.637 personas desaparecidas, actualmente se habla de 91,000 casos de desaparición forzada.

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“Cada día desaparecen siete menores, reclutados por los narcos como mano de obra o como sicarios”, según la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el Comité de la ONU contra Desaparición Forzada visitará el país por primera vez.

“El gobierno de México y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas acordaron que el comité realice una visita al país, en cuanto las condiciones relacionadas con la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 lo permitan”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En 2019, más de 1.200 mujeres desaparecieron en los estados de Jalisco, Puebla, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, víctimas de trata o explotación laboral y sexual, según el Registro Nacional de Personas Desparecidas. La relatora de Naciones Unidas documentó desapariciones de menores indígenas en Chihuahua, Guerrero o Chiapas, así como miles de migrantes de Honduras y Guatemala, cuya desaparición denuncian familiares y organizaciones, y que ni siquiera figuran en las estadísticas oficiales.

“También en América Latina, Honduras y Perú siguen sumando nuevos casos de desapariciones ocurridas incluso durante la pandemia”, informa Amnistía Internacional.

En el caso de Perú hay cerca de 900 denuncias de desapariciones de mujeres y adolescentes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en Colombia, pese a la firma del acuerdo de paz en 2016 y la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas, las más de 80.000 familias de víctimas de desaparición forzada entre 1958 y 2018 siguen esperando justicia. Solo entre enero y agosto de 2019, hubo un total de 2.713 casos de personas desaparecidas.

En África, los conflictos activos en varios países como Sudán, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo o la República Centroafricana, o la actividad de grupos armados en Somalia, Camerún, Nigeria o Malí se han traducido en gravísimos abusos contra la población, entre ellas desapariciones forzadas. En casos como el de Tanzania, entre otros, las fuerzas de seguridad han estado implicadas en secuestros y desapariciones de personas críticas con el Gobierno.

En Asia, China sigue llevando a detenidos a lugares desconocidos. En la región autónoma de Sinkiang, más de un millón de personas uigures, kazajas y de otras etnias predominantemente musulmanas son sometidas a palizas, torturas, privación de alimentos, trabajos forzosos y reclusiones en régimen de aislamiento total. Sus familias ignoran dónde están, su estado físico o mental, e incluso si siguen vivos. También se han documentado desapariciones en Pakistán, Vietnam,Tailandia, Corea del Norte o Myanmar.

En Europa, seis hombres acusados de vínculos con el movimiento de Fethullah Gülen desaparecidos bajo custodia policial en febrero del año pasado en Turquía ha ido apareciendo, pero sigue sin conocerse la suerte y el paradero de un séptimo hombre, Yusuf Bilge Tunç, desaparecido hace más de un año. En el marco del conflicto armado en Ucrania sigue sin esclarecerse la práctica de detenciones secretas por ambos bandos denunciada por Amnistía Internacional.

En Egipto, la desaparición de personas detenidas es una práctica habitual por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente entre activistas de derechos humanos o personas consideradas contrarias al actual gobierno de Abdelfatah al Sisi. En Yemen, las partes en el conflicto utilizan las desapariciones forzadas contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí.

Irán, con más de 16.000 casos investigados por la ONU, también suma a los desaparecidos en la masacre de 1988 otros casos recientes de personas detenidas durante tras las protestas del pasado invierno, cuando el Gobierno anunció la subida del precio de los combustibles.

En Siria, más de 100.000 personas que siguen en paradero desconocido, según la Red Siria de Derechos Humanos, después de que comenzara el conflicto en 2011. En muchos casos familias enteras, indica AI. N

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