DeSantis, en un alarde dictatorial, suspende ahora a funcionarios por sus palabras | Editorial

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Lauren Witte/AP

La suspensión por parte del gobernador Ron DeSantis de un fiscal en el área de la Bahía de Tampa no es la primera vez que un gobernador republicano y un fiscal estatal liberal se enfrentan.

En 2017, una fiscal de la Florida Central anunció que no perseguiría la pena de muerte, incluso en el caso de un hombre acusado de matar a su ex novia embarazada y a un agente de policía de Orlando. El entonces gobernador Rick Scott despojó a la oficina de Aramis Ayala de 30 casos de asesinato en primer grado.

La acción de Ayala tenía consecuencias mucho más reales que la carta que firmó el fiscal estatal del Condado Hillsborough, Andrew Warren, junto con decenas de fiscales estatales del país, en la que se comprometía a no perseguir delitos relacionados con los límites al aborto. Warren también se comprometió a no perseguir los casos relacionados con los límites a la atención de afirmación de género para los niños transexuales. Ningún caso relacionado con ninguno de esos temas ha llegado a su oficina, escribió Warren en un artículo de opinión publicado en el Herald. En la actualidad, la Florida no prohíbe ni limita la atención a menores transexuales, aunque eso pudiera cambiar bajo el mandato de DeSantis, y la prohibición del aborto a partir de las 15 semanas en el estado está siendo cuestionada en los tribunales.

La Constitución de la Florida otorga a los gobernadores amplios poderes para destituir a funcionarios elegidos. Si DeSantis tiene la base legal para sostenerse es una asunto para los tribunales. Sin duda, la promesa de Warren fue una declaración política tanto como su destitución fue un truco político. Argumenta que los fiscales tienen discreción para “decidir a quién procesar y por cuáles delitos”. Pero los fiscales estatales deben usar esa discreción caso por caso y no como una política general.

La expulsión de Warren, sin embargo, plantea problemas de libertad de expresión. ¿Puede cualquier gobernador al estilo de “Minority Report” destituir a funcionarios por sus palabras, antes incluso de que actúen?

La pregunta más importante no es si DeSantis pudiera suspender a un fiscal estatal, sino si debería hacerlo. Las normas no escritas han sido tan importantes para salvaguardar la democracia estadounidense como las leyes escritas. Por mucho que Scott castigara a Ayala —y, al final, la Corte Suprema de la Florida se pusiera de su parte— nunca deshizo los resultados de una elección justa a través de un decreto.

Suspender a alguien de su cargo se ha reservado normalmente para quienes cometen delitos o un grave abandono del deber. Por eso poca gente gritó cuando DeSantis destituyó al jefe de policía del Condado Broward, Scott Israel, por la respuesta de su departamento durante la masacre de Parkland.

DeSantis es un gobernador poderoso que pone a prueba los límites de las normas políticas en un intento de convertir el estado en el sueño de los autócratas, donde los controles y los equilibrios existen solo en el papel.

Hay pocas dudas de que el Senado de la Florida, controlado por el Partido Republicano, aprobará la suspensión de Warren. Los legisladores tienen demasiado miedo o demasiadas ganas de besar el anillo de DeSantis.

Lo demostraron este año cuando delegaron en DeSantis la modificación de los distritos congresuales, que es de competencia legislativa. Él presionó a la Legislatura para que aprobara un nuevo mapa de distritos que disminuye la representación de la población negra y da una ventaja a los republicanos.

Cimentaron aún más a DeSantis como el presidente de facto de la Cámara de Representantes y del Senado cuando siguieron sus órdenes y aprobaron apresuradamente una ley para castigar a Disney por oponerse a un proyecto de ley de derechos de los padres comúnmente conocido como “No digas gay”.

Hoy en día, Warren es el objetivo, e incluso algunos liberales pudieran estar de acuerdo en que los fiscales estatales no deberían firmar documentos diciendo qué casos van a procesar. Pero, como preguntó recientemente el senador estatal republicano Jeff Brandes, de St. Petersburg, en una entrevista con el Herald/Times Tallahassee Bureau: ¿Hasta dónde llegará DeSantis? ¿Bajo qué circunstancias puede un gobernador destituir a alguien de su cargo antes de que ese funcionario actúe de acuerdo con sus palabras?

Los fiscales estatales se postulan en contiendas partidistas, y no es un secreto que se suscriben a la plataforma de su respectivo partido. Por supuesto, solo la plataforma demócrata es la cuestión en este caso. Una secretaria religiosa de Kentucky se convirtió en heroína conservadora cuando negó licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo después de un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2015.

“¿Puede destituir a todos los fiscales demócratas del estado? ¿Puede destituir a un juez demócrata?” , dijo Brandes. “¿Hasta dónde llega ese poder?”.

DeSantis tiene una sed insaciable de impulsar guerras políticas y de protagonismo. Estirará y pondrá a prueba los límites de lo políticamente aceptable tanto como pueda. Sin nadie dispuesto a pedirle cuentas, tiene vía libre.