Yahoo Noticias Desamparado con esquizofrenia no tratada pelea contra sentencia de 150 años
El delito que cometió Jared Stephens no está en duda.
La pregunta es si debería morir en prisión por ello.
En un tormentoso día de septiembre de 2016, Stephens —un antiguo luchador de la Universidad Estatal de Arizona que se quedó sin hogar tras años de esquizofrenia no tratada— entró en un Best Buy de Sweetwater.
Tomó una laptop de $399.99, metió otros artículos por un total de $157.96 en una bolsa de Publix e intentó salir sin pagar. Confrontado por los empleados, se resistió, luego sacó su propia laptop de una mochila e hizo algo extraordinariamente irracional.
“¡Miren, tengo pornografía infantil!”, declaró.
Decía la verdad.
Stephens, que entonces tenía 25 años, entró y salió de la tienda con su laptop reproduciendo un video de abusos a menores, inclinando la pantalla del ordenador para que fuera visible para una cámara de vigilancia, según el informe del arresto. Se tumbó entre dos puertas corredizas a la entrada de la tienda, mirando imágenes ilícitas mientras pasaban los compradores, hasta que llegó la Policía y lo llevó a la cárcel.
Ese acto desquiciado llevó a Stephens a una odisea en el sistema de justicia penal, que resultó en una sentencia que no tiene parangón en los tribunales locales para un delito similar: 150 años en una prisión estatal, seguidos de 120 días en la cárcel del Condado Miami-Dade.
La sentencia —dictada por la jueza del Tribunal de Circuito de Miami-Dade Verónica Díaz en 2018 con un mínimo de explicación pública— fue 147 años más larga que la sentencia de tres años que los fiscales estatales propusieron inicialmente en un acuerdo de culpabilidad y 129 años más larga que la sentencia de 21 años que el estado pidió en la sentencia. También era mucho más larga que a la sentencia normal por posesión de pornografía infantil.
Ahora la sentencia de Stephen es estudiada por otro juez de Miami-Dade, William Altfield. Es la última oportunidad de Stephens de conseguir una reducción de la condena, después que sus abogados agotaran otras vías de apelación.
En una audiencia reciente, los estatales de Miami-Dade sugirieron que podrían estar abiertos a que se redujera la sentencia de Stephens si accedía a recibir tratamiento de salud mental, algo a lo que hasta ahora se ha resistido en prisión. Pero también recordaron a Altfield que no se han presentado nueva evidencia y que Díaz había negado anteriormente una petición similar basada en el mismo conjunto de hechos.
La cuestión de si Stephens debe pasar su vida en prisión es una prueba para un sistema judicial que debe tener en cuenta los horrores universalmente reconocidos de la pornografía infantil, el trauma que inflige a las víctimas y la realidad de que pocos fiscales o jueces quieren ser vistos como blandos con cualquier delito, y mucho menos con este.
Pero los tribunales también enfrentan cuestiones de justicia básica cuando se trata de castigar a personas con enfermedades mentales graves.
Stephens, por ejemplo, hizo afirmaciones extravagantes en un audiencia pública en su juicio penal, afirmando que podía dirigir ejércitos africanos y cortar la electricidad en Rusia con el poder de su mente. Se negó en gran medida a hablar con sus abogados, y mucho menos cooperar en su defensa.
Los psicólogos designados por el tribunal le diagnosticaron esquizofrenia, una enfermedad mental grave que puede afectar a la forma de pensar y sentir de una persona, provocando a menudo que se comporte como si hubiera perdido el contacto con la realidad. (Las personas con esquizofrenia no suelen ser violentas y responden bien al tratamiento, según el Instituto Nacional de Salud Mental).
También había sufrido traumas muy fuertes de niño, un hecho que no se mencionó en la sentencia porque nunca se lo contó a sus abogados defensores.
Fan Li, un abogado privado que ahora representa a Stephens, dijo que los tribunales no saben tratar a las personas que sufren enfermedades mentales, lo que lleva a la generalización de “procesamientos y sentencias injustas”.
“La sentencia excesiva en este caso es un ejemplo extremo de injusticia”, dijo Li.
Ex abogado de oficio, Li afirmó que sus clientes con problemas de salud mental a menudo acababan en prisión en lugar de recibir el tratamiento que necesitaban desesperadamente en centros psiquiátricos.
“El problema es que no hay suficientes camas”, dijo. “Así que la cárcel es este almacén en que nosotros, como sociedad, decidimos que vamos a meter a toda la gente que pudiera rehabilitarse”.
La fecha prevista para la puesta en libertad de Stephens es el 4 de julio de 2166, cuando cumpliría 175 años.
Eunice Sigler, portavoz de los tribunales estatales locales, señaló que un tribunal de apelación estatal confirmó la pena impuesta por Díaz.
Aun así, el tribunal calificó la sentencia de “bastante dura”.
‘Impuesto sobre el juicio’
Stephens, que ahora tiene 32 años y está recluido en una de las prisiones más temidaa de la Florida, cumplía muchos de los requisitos que impiden a los acusados obtener un trato justo en los tribunales, según activistas de la justicia penal: Era indigente, pobre, negro, enfermo mental y no tenía amigos ni familia.
Si hubiera seguido la corriente del estado y aceptado un acuerdo cuando se le ofreció originalmente, podía haber obtenido solo tres años de prisión, así como tratamiento en un programa para “delincuentes sexuales con trastornos mentales”.
Según los documentos judiciales presentados por sus abogados, esa condena habría estado a tono con las impuestas a otros delincuentes similares.
En lugar de ello, optó por pelear el caso.
Los fiscales estatales respondieron aumentando los cargos de posesión de pornografía infantil —con un máximo de cinco años de prisión— a 30, con un máximo de 150 años, basándose en un análisis forense que encontró varias imágenes ilegales en su computadora.
Los acuerdos de culpabilidad son la grasa que hace funcionar los engranajes del sistema de justicia penal estadounidense, para bien o para mal; y normalmente para mal, al menos según los abogados defensores, los que tratan de modificar el sistema de justicia penal y numerosos estudios académicos.
Los abogados de Stephens afirman que los fiscales tomaron represalias contra Stephens por ejercer su derecho constitucional a un juicio. Afirman que aumentar los cargos después que su cliente rechazó un acuerdo equivale a un “impuesto sobre el juicio”: Si el estado se toma la molestia de llevar a una persona a juicio, esta se arriesga a pagar un precio muy alto. Según los estudios, es un gran incentivo para que incluso los inocentes se declaren culpables.
Ed Griffith, portavoz de la oficina de la fiscal estatal de Miami-Dade, Catherine Fernández Rundle, dijo que los fiscales actuaron correctamente.
“Casi todas las ofertas de negociación implican una reducción del número de cargos penales a cambio de una declaración de culpabilidad”, dijo Griffith en un correo electrónico. “El rechazo de una oferta de declaración de culpabilidad llevaría casi invariablemente a la imputación de cargos penales que pudieran probarse más allá de toda duda razonable”.
Se negó a decir si los fiscales apoyarían o se opondrían a reducir la sentencia de Stephens.
En audiencias anteriores, los fiscales se centraron en el grave daño causado a las niñas de los que se abusa en los videos pornográficos.
“Lo que les ocurre a estas niñas es completamente pervertido. Se las atrae para que participen en actos sexuales con hombres adultos”, dijo el fiscal estatal adjunto Kevin Gerarde a Díaz en la sentencia de Stephens. “Estas niñas son explotadas penalmente en beneficio de personas que quieren filmar esto y de personas como el acusado que descargan este tipo de material, que buscan esto, que se aprovechan de la pornografía infantil”.
¿Competente para someterse a juicio?
En el juicio, los abogados de oficio de Stephens argumentaron que su cliente —solo ante el tribunal, sin que su familia en Michigan supiera dónde estaba— carecía de la capacidad mental necesaria para comprender el caso que se le imputaba.
Stephens alegaba que enfrentaba cargos federales de traición y que había sido condenado por delitos contra la humanidad en Centroamérica.
Varios psicólogos coincidieron inicialmente en que era incompetente. Pero dijeron que su esquizofrenia podía tratarse. Tras varios meses, se le consideró capaz de someterse a juicio.
Tras un juicio de cinco días en 2017, un jurado lo declaró culpable de los 30 cargos de posesión de pornografía infantil, así como de hurto menor y alteración del orden público, y lo absolvió de robo con fuerza.
Los fiscales pidieron entonces a Díaz que condenara a Stephens a 21 años de prisión, según las directrices estatales, un plazo que la jueza superó en casi 130 años. (Añadió la condena de 120 días en la cárcel del condado por los cargos de robo y alteración del orden público).
Díaz no explicó su razonamiento, además de decir que un jurado había declarado culpable al acusado.
Díaz, ex abogada adjunta de Miami, Díaz ganó su primera elección para el Tribunal del 11no Circuito en 2014, convirtiéndose en la primera jueza de origen colombiano elegida en Miami-Dade.
Muchos de sus colegas abogados habían expresado reservas sobre su candidatura.
En una encuesta previa a las elecciones realizada por el Colegio de Abogados de Miami Dade, solo dos candidatos judiciales de más de 50 recibieron una mayor porción de calificaciones de “no calificado” que Díaz. (Uno de ellos era su oponente, Reiner Díaz de la Portilla, ex miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade).
Sin embargo, otros seis años en la judicatura mejoraron las opiniones sobre su desempeño. En una encuesta realizada por el Colegio de Abogados en 2020, el número de encuestados que la calificaron de “calificada” o “excepcionalmente calificada” casi se triplicó. Fue reelegida sin oposición.
Desde entonces, Díaz ha rotado fuera del tribunal penal y ahora lleva casos de familia, dejando el caso Stephens en manos de Altfield.
‘Tirarlo a la basura’
En el juicio, Altfield tendrá en cuenta los datos presentados por los abogados de Stephens, que demuestran que su sentencia estuvo muy fuera de la norma.
Su principal delito fue posesión de pornografía infantil, un delito grave de tercer grado, en lugar de producción o distribución.
Entre 2000 y 2017, los jueces de Miami-Dade decidieron que casi un tercio de los acusados que, como Stephens, poseían pornografía infantil –sin producirla ni distribuirla a otros– no debían ser enviados a prisión, según datos del Departamento de Correccionales de la Florida.
Los que fueron enviados a prisión recibieron una pena promedio de tres años, según los datos, que fueron presentados en un expediente judicial por el equipo de defensa de Stephens.
Solo otro caso local se saldó con una condena igual de larga: Adonis Losada, ex actor del programa de Univisión “Sábado Gigante”, fue condenado a 153 años. El juicio contra Losada se volvió a celebrar más tarde, con lo que la condena se redujo en dos tercios.
Los jueces de la Florida se guían a la hora de dictar sentencia por un sistema de puntos que tiene en cuenta la gravedad del delito, el daño causado a las víctimas, los antecedentes del acusado y otros factores. Los puntos totales de Stephens estaban a tono con los de otros delincuentes, según los registros judiciales, aunque eso no impidió que Díaz lo condenara a una pena mucho mayor.
La disparidad en su condena no puede explicarse por un largo historial de condenas. A pesar de las afirmaciones de Stephens, inducidas por la psicosis, sus antecedentes penales eran escasos. Aunque había sido arrestado en varias ocasiones por delitos menores muchas veces relacionados con su estado de indigencia, solo había sido condenado en la Florida una vez, por un delito menor de resistencia a la autoridad sin violencia.
En una moción de más de 900 páginas para “corregir” la sentencia de Stephens, sus abogados no alegan que los prejuicios raciales afectaran a la decisión de Díaz.
Sin embargo, Adam Saper, uno de los abogados de oficio que representó a Stephens en el juicio, dijo que creía que la raza había influido.
“Creo que lo que la jueza vio fue a un joven negro, mentalmente enfermo, esposado y con un mono naranja, sin familia ni amigos”, dijo Saper al Herald en una entrevista. “Vamos a tirarlo a la basura porque tenemos tanto miedo de las enfermedades mentales que preferimos enterrarlo en un rincón de la sociedad hasta que muera en lugar de intentar conseguirle ayuda”.
Hay pruebas fehacientes de que los jueces no tratan a todos los acusados por igual. Según la Comisión Federal de Sentencias, los acusados negros en los tribunales federales reciben sentencias más largas que los blancos que cometen los mismos delitos. Los tribunales estatales de Florida siguen esa tendencia, han demostrado diversos estudios.
En las audiencias para dictar sentencia, los abogados defensores suelen presentar circunstancias “atenuantes” que pudieran llevar al juez a reducir la pena. Pero como Stephens apenas hablaba con sus abogados, estos se encontraban en una situación difícil. No sabían quién era, de dónde venía ni el alcance de su enfermedad mental.
Y la historia de la vida de Stephens —si Díaz la hubiera escuchado en la sentencia— podría haber llevado a la jueza a atenuar la cadena perpetua que dictó.
‘Lo atormentó durante años’
Nacido en Alabama y criado en Southfield, Michigan, Stephens era un niño feliz.
Un incendio lo cambió todo.
El 5 de febrero de 2000, el apartamento de su familia estalló en llamas.
Dos hermanos menores —Brandon, de 6 años, y Xavier, de 3— murieron en el incendio, según una noticia del Detroit Free Press de la época.
Los bomberos determinaron que las llamas habían quedado fuera de control cuando Jared, de 9 años, y su padrastro abrieron la puerta del apartamento, después que el padrastro intentó frenéticamente salvar a los más pequeños de la familia.
“Una vez que abrieron la puerta, el fuego se propagó rápidamente porque se alimentó del oxígeno que entraba por la puerta”, declaró a Free Press jefe de bomberos local.
Jared y su hermano mayor, LeMarcus Thomas, sobrevivieron, junto con su padrastro.
Según una declaración jurada presentada por los abogados de la defensa, Thomas dijo que él y Jared observaron en el exterior, a temperaturas bajo cero, cómo “los bomberos sacaban de entre los escombros los pequeños cuerpos de Brandon y Xavier”.
“Jared se quedó llorando en ropa interior en el jardín delantero”, dijo Thomas.
Sus amigos y familiares coinciden en que Stephens se culpaba de sus muertes.
“Era un niño brillante, divertido y feliz antes del incendio”, dijo su madre, Jennifer Lynn Stephens, en una declaración jurada.
El psicólogo de su escuela secundaria, Louis Pryzbylski, cree que el trauma torturó a Stephens.
“Debe haberlo atormentado durante años”, dijo Pryzbylski en una declaración jurada.
Aun así, Stephens salió adelante, como estudiante y como luchador. Tras graduarse, consiguió una plaza en el equipo de lucha libre de Arizona State.
Pero su salud mental se deterioró y su entrenador universitario —que alababa su inteligencia, su habilidad natural y su empuje— expresó su preocupación por el comportamiento a veces “delirante” de Stephens. Dejó la universidad y regresó a Michigan alrededor de 2010.
En ese momento, Stephens tenía poco más de 20 años, una edad en la que la esquizofrenia suele aparecer entre los hombres, según la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales. Las investigaciones han descubierto que los traumas infantiles suelen estar relacionados con el desarrollo de la esquizofrenia en etapas posteriores de la vida.
En Michigan, Stephens empezó a hablar solo. En una ocasión, Stephens empezó a robar en una tienda de conveniencia. Enfrentado por el tendero, empezó a orinar en el piso delante de su hermano mayor.
“Para él, infringir la ley estaba totalmente fuera de lugar”, dijo Thomas. “Algo había salido realmente mal. ... No estoy seguro de que supiera lo que le estaba ocurriendo”.
Después de eso, Stephens desapareció, y finalmente terminó desamparado en las calles de Miami-Dade, donde fue arrestado por primera vez por robo menor por la Policía de Doral en 2015.
Su familia y amigos no volverían a saber de él hasta que había sido sentenciado.
‘Sorprendida’
Tras años sin estar en contacto, Stephens escribió una carta a su madre informándole de su sentencia.
Atónita, la familia de Stephens puso manos a la obra.
Por fin con más información, sus abogados buscaron numerosos recursos legales para enmendar su sentencia. Pero Díaz se negó a ceder y un tribunal de apelación estatal no quiso intervenir.
Ahora Stephens tiene una última oportunidad. Sus abogados piden a Altfield que reduzca su sentencia.
Hasta ahora, Altfield se ha negado a pronunciarse sobre la moción hasta que pueda hablar con Stephens en el tribunal, lo que podría ocurrir el mes próximo. También ha ordenado que un psicólogo evalúe la salud mental de Stephens.
Li, el abogado de Stephens, dijo que cree que Stephens ha cumplido suficiente tiempo y debe ser puesto en libertad y entregado a su familia, que ahora vive en Arizona.
En una audiencia reciente, Altfield expresó su preocupación por la salud mental de Stephens y dijo que creía que su condena de 150 años era excesiva.
En un momento dado, interrogó a la asistente de la fiscal estatal, Katharine Moore, sobre la decisión de Díaz.
“¿Cree que una sentencia de 150 años es apropiada, a la luz de todas las circunstancias relevantes?”, preguntó el juez.
“Puedo decirle”, respondió ella, “que recuerdo... [estar] sorprendida”.
La directora de Servicios Informativos del Miami Herald, Monika Leal, contribuyó a este artículo.
