El derrotero de los hoteles de los Kirchner: cerrados, alquilados y con deudas

Mariela Arias
·8  min de lectura
Alto El Calafate: lo compró Néstor Kirchner en 2008 y desde 2009 lo empezó a gerenciar la sociedad Velle Mitre. Pertenecería a Lázaro Báez desde 2013
Maxie Amena

EL CALAFATE.- En medio de la fuerte arremetida del kirchnerismo sobre el Poder Judicial, el Tribunal Oral Federal N°5 debe decidir si le devuelve tres de los cuatro hoteles a la familia Kirchner. La posibilidad que eso ocurra abrió la expectativa sobre la continuidad o bien la apertura, según el caso, de los controvertidos hoteles, que estuvieron intervenidos casi cuatro años. Cada edificio encierra un derrotero particular: Los Sauces-Casa Patagónica, de El Calafate, y La Aldea, de El Chaltén, están cerrados y con deudas millonarias; Las Dunas, alquilado y con atraso en el pago de canon; y El Alto Calafate, alquilado.

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“Nos interesa mucho el turismo en El Calafate, hemos sido bien recibidos allí”, le dice desde Santiago de Chile a LA NACION Roberto Lara, presidente del Grupo Lariza, la corporación hotelera chilena que desde diciembre de 2019 alquila el hotel Las Dunas a través de la empresa Hotelera Patagonia, una sociedad creada en Argentina especialmente para explotar el hotel de los Kirchner.

Los Sauces

Lara está tramitando un permiso especial para poder ingresar a la Argentina -por las fronteras cerradas al país trasandino por el aumento de casos de Covid-19- y tiene interés de volver a El Calafate. Ampliar sus operaciones en Argentina está en su norte, que incluye el interés por alquilar el hotel boutique Los Sauces-Casa Patagónica. “Lo estamos analizando”, concede a LA NACION. Del otro lado de la línea se adivina la cautela al hablar del futuro tras un año donde los hoteles que gerencia de un lado y otro de la frontera se vieron afectados por la baja del turismo y el cierre de fronteras.

No es nueva la intención de Lara de alquilar Los Sauces-Casa Patagónica: ya había una negociación avanzada cuando a principio de 2020 estalló la pandemia y la operación quedó en la nada. A fines de 2020 recomenzaron las conversaciones, pero la situación turística de El Calafate dificultó por el momento a todos los operadores encarar nuevos proyectos. Pero el hotel sigue en la mira. El empresario chileno reconoció que al hotel boutique está orientado a un público selecto que apunta al turismo internacional por la calidad de lo servicios y asegura que el interés está, pero todo dependerá de una negociación futura.

¿Con quien negociará Lara? Dependerá de la decisión que tome en los próximos días el tribunal compuesto por los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Daniel Obligado, quienes ya cuentan con el dictamen del fiscal Diego Velazco, quien se mostró a favor de que Los Sauces, Las Dunas y el Hotel La Aldea vuelvan a ser administrados por los Kirchner, mientras el Alto Calafate permanece intervenido.

El complejo hotelero se encuentra sin actividad desde el 2016, cuando la familia Relats -que alquiló el hotel durante siete años y les hizo ganar cerca de US$8 millones a los Kirchner- dio por terminada la relación comercial. Terminar el contrato no fue sencillo para los Relats. Los representantes de los Kirchner no querían aceptar la llave, pero ellos ya tenían tomada su decisión. Redactaron un inventario completo antes de marcharse. Ningún escribano local quiso recibirlos. Al final, optaron por sacarle foto a todo, lacrar las habitaciones y entregarle la llave y hasta las facturas de agua y luz al juez federal Claudio Bonadio. Desde entonces, el hotel no volvió a ser administrado y entró en un limbo hasta que finalmente se designó un interventor judicial.

Según datos oficiales, el hotel hoy registra una deuda por agua y energía de $654.040,17 con la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado y está a acogido a un régimen de moratorias. También tiene otra deuda por el servicio de gas de $637.498,14. Según informes oficiales, hoy ese servicio se paga al día para evitar el corte de suministro, mientras se refinancia la deuda. En tanto, la deuda de impuestos con el municipio de El Calafate por los terrenos sobre los que está emplazado el hotel supera los dos millones de pesos.

Un Gobierno atravesado por sus encrucijadas

El interventor judicial designado detalló que se han ido realizando las reparaciones necesarias en el hotel y reintegró a sus propietarios los fondos que abonaron al personal de mantenimiento de complejo turístico, pero advirtió que, sin ingresos, la situación de la sociedad que lo administra es crítica .

¿Por qué a empresarios chilenos les interesaría alquilar un hotel argentino con una pesada historia judicial en sus cimientos? Quizás porque se trata de hoteles que por nombre ya están instalados en el mercado turístico y también en el inconsciente colectivo. El grupo Lariza hace más de diez años que se dedica al rubro, con la gerencia de tres hoteles en el sur de Chile. Su arribo a El Calafate en 2019 fue parte de una estrategia turística que les permitirá vender en el mundo el destino “Patagonia”. La prueba piloto fue con Las Dunas, que abrió sus puertas en diciembre de 2019, cuando la pandemia era inminente. En esas semanas previas, un grupo de empresarios chilenos, conocidos de Lara, se alojaron en Las Dunas y quedaron maravillados con El Calafate y con intenciones de invertir, pero las expectativas se frustraron.

Las Dunas

Las Dunas es el hotel que Néstor Kirchner compró por US$700.000 en el año 2008 y se lo dio a Lázaro Báez para que lo gerenciara a través de la empresa Valle Mitre. En ese momento era una sencilla hostería de 15 habitaciones asentada sobre un predio de 1,6 hectáreas, en la margen del Lago Argentino. Desde que los Kirchner la compraron cuadriplicaron su capacidad y convirtieron a esta hostería sin pretensiones en un edificio de tres plantas que se recorta contra el perfil del inmenso lago.

En diciembre de 2013, una investigación de LA NACION reveló que Báez les pagó a los Kirchner $3,2 millones en concepto de alquiler del establecimiento. Años después esto desembocaría en una causa judicial. Tras dos temporadas cerradas, en las que permaneció bajo la custodia de la Gendarmería, el edificio necesitó reparaciones. Hoy cuenta con 47 habitaciones -triples y dobles- amplias, todas con vista al lago, que garantizan 100 plazas. El lobby del hotel mantiene la decoración inicial donde se mezclan los colores tierra, los tapices y los diseños en hierro que le dan un toque campestre.

En diciembre de 2019 el grupo chileno acordó con la administración judicial un canon de locación de US$9000 mensuales más IVA, un contrato en vigencia hasta el 30 de noviembre de 2022. La pandemia y el cierre de todos los hoteles implicó modificar los contratos y renegociar lo adeudado, entre abril y diciembre del año pasado, en 23 cuotas iguales de US$3287 más IVA, a pagar a partir de enero de 2021 con la locación de cada mes.

En enero de este año, con la apertura turística, Las Dunas registró un nivel de ocupación del 40% en enero, un 75% en febrero y bajó al 50% en marzo, con un proyectado del 40% en abril. Los convenios alcanzados con Represas Patagonia -allí se alojen los operarios que deben hacer cuarentena para ingresar a las obras- también colaboró a obtener niveles de ocupación estable en el hotel ubicado frente a la playa, aún este fin de Semana Santa.

Según los últimos documentos judiciales a los que accedió LA NACION, la locataria pagó el mes de enero del 2021 completo pero adeuda aún parte de febrero y de marzo. Las transferencias fueron realizadas en pesos, al tipo de cambio establecido por el BNA para cada fecha.

La Aldea

Solo los tres hoteles de la familia Kirchner que se encuentran en El Calafate están valuados en US$33 millones (Alto Calafate, US$9 millones; Los Sauces, US$15 millones, y Las Dunas, US$9 millones), según los valores aportados por los interventores de las empresas a la Justicia, basados en los montos por los que fueron aseguradas o bien a partir de tasaciones propias a partir de consultas con el mercado inmobiliario local.

La Aldea de El Chaltén se encuentra en el ingreso principal del pueblito de montaña. Hoy tiene una deuda no actualizada por impuesto inmobiliario de $439.993. Es un edificio que comenzó a reconstruirse en 2016, aunque la obra se discontinuó. Una inmobiliaria local está habilitada para gestionar su locación o concesión, que también podría volver a mano de los Kirchner. ¿Las condiciones? Quien la alquile debería asumir la reconstrucción, cuyo costo se pagaría con una reducción del canon mensual durante un lapso suficiente. Había interesados, pero las negociaciones se interrumpieron por la pandemia.

El Alto Calafate

Por su parte, el hotel Alto Calafate, que se encuentra ubicado en un punto panorámico de la ciudad y es propiedad de la firma Hotesur SA siempre mantuvo sus puertas abiertas, pese a las denuncias y causas judiciales que lo sobrevuelan desde 2013. De los cuatro hoteles de los Kirchner, es el único al que el fiscal Velazco sugirió que se mantenga bajo intervención judicial, pese a que la familia de la vicepresidenta reclamara a través de sus abogados que la locataria estaría abonando un alquiler sustancialmente inferior a su valor de mercado y señalan saldos no cobrados. La locataria del hotel Alto Calafate es Idea SA, sociedad cuyo titular es Osvaldo Sanfelice , el histórico asesor inmobiliario de los Kirchner.

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El Alto Calafate no quedó exento de los vaivenes del cierre del turismo en 2020. Algunas semanas recibió trabajadores de empresas mineras que venían a realizar la cuarentena antes de incorporarse a los yacimientos, pero recién reabrió a finales de diciembre. Por la magnitud de la causa donde se investiga una presunta operatoria de lavado de activos, es posible que la intervención judicial se mantenga. La empresa que lo alquila es parte de la causa.

En estos años, los hoteles estuvieron a cargo de tres interventores o administradores judiciales, según el caso. Sin embargo, según trascendió, los administradores no cobraron sus honorarios. El abogado de los Kirchner, Carlos Beraldi, pidió que los honorarios de los administradores judiciales -a los que criticó en más de una oportunidad- sean solventados por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Los jueces también deberán responder sobre este punto.