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Derechos humanos en Afganistán continuaron su caída libre en 2022, según AI

Kabul, 28 mar (EFE).- Nueva medidas restrictivas contra las mujeres, un repunte de las ejecuciones extrajudiciales o la intimidación sistemática contra activistas y periodistas marcaron el día a día de millones de personas en Afganistán en el último año, según el reporte anual sobre derechos humanos de Amnistía Internacional (AI).

La llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021 no solo supuso la retirada de la necesaria ayuda internacional para este país ya empobrecido, sino que trajo consigo un retroceso generalizado en materia de derechos humanos para la sociedad afgana, denunció hoy la organización internacional.

Las mujeres fueron unas de las principales damnificadas a lo largo de 2022 por este cambio en el poder, que supuso la vuelta del todopoderoso Ministerio de la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio como arma para coartar casi por completo la libertad de las afganas.

Entre las medidas más restrictivas ordenadas por esta institución y citadas por AI se encuentran la imposición del hiyab o de ir acompañadas por un familiar varón para trayectos lejanos, y el veto a la educación secundaria y superior.

Unas prohibiciones que alejaron del espacio público a las afganas que, en caso de protestar, fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, insistió el documento.

La organización también llamó la atención sobre el repunte de las ejecuciones extrajudiciales desde la llegada de los talibanes, que superan las 300, y que tuvieron a colaboradores del Gobierno anterior, miembros de grupos armados opositores o contra simples transgresores de la ley, como sus principales objetivos.

A pesar de que los talibanes anunciaron una investigación para aclarar algunas de ellas, como es el caso de una matanza de 6 miembros de la minoría chií hazara ocurrida el pasado junio en el oeste del país, el informe denunció que estas nunca arrojan conclusiones, mientras los fundamentalistas niegan los reportes de las ONG.

Además, AI también llamó la atención sobre la primera ejecución pública cometida por los talibanes en su segundo periodo en el poder, que tuvo lugar el pasado diciembre en un estadio que albergaba en sus gradas a varios ministros fundamentalistas.

Muestras de brutalidad que son una consecuencia de la vuelta de la sharia o ley islámica, según la organización, y a las que se sumó el retorno de las flagelaciones públicas para castigar los delitos, un tipo de represalia que se empleó en más de cien ocasiones entre el 18 de noviembre y el 16 de diciembre.

Mientras tanto, los activistas y periodistas que anteriormente hubieran estado a cargo de denunciar dichas atrocidades eran perseguidos y duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad, continuó el informe, lo que provocó la huida del país de muchos de ellos, y la aplicación de la autocensura entre aquellos que se quedaron.

Por último, AI enfatizó la falta de seguridad que se vive en el país asiático, y que propició la muerte de 2.106 civiles en ataques entre agosto de 2021 y junio de 2022, según datos de la Misión de la ONU en Afganistán, la mayoría de ellos a manos de la rama afgana del Estado Islámico, sin que las autoridades tomasen las medidas adecuadas para evitarlo.

(c) Agencia EFE