El golpe de Estado de Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, dio paso a 17 años de dictadura. Casi dos décadas de intenso sufrimiento. Secuestros, torturas, exilios forzados, detenciones y asesinatos contra quienes pensaran distinto. Es una historia de resistencia. Hoy, 50 años después, las deudas del Estado chileno frente a las víctimas y sus familias son enormes: la mayor parte de casos está sin esclarecer ni juzgar, mientras madres, esposas e hijos han ido falleciendo sin ver un atisbo de verdad, Justicia y reparación.

Marta Vega tenía 18 años cuando el 16 de agosto de 1976, su padre, Julio Vega Vega, fue detenido y subido a un vehículo por militares, a pocos pasos de su casa. “Ahí empezó el karma de buscar”, afirma su hija con tristeza.

El hombre de 61 años, que era miembro del Partido Comunista, fue torturado, según testimonios posteriores de personas que estuvieron detenidas junto a él. Primero en el centro de detención Villa Grimaldi y luego en Simón Bolívar, en Santiago de Chile, “una casa de exterminio, porque de ahí nadie salió vivo”.

Pero la tortura también fue para su esposa e hijos, que lo buscaban intensamente. “Llegaban hombres a la casa en auto, entraban, se quedaban en la puerta, se ponían a fumar, se reían, a nosotros realmente nos molestaba mucho, éramos muy lolitos con mis hermanos, sentíamos mucho miedo”, recuerda Vega en conversación con France 24.

Mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón

1.469 personas fueron clasificadas como víctimas de desaparición forzada, de las cuales 1.092 fueron detenidas y desaparecidas, mientras que 377 fueron ejecutadas y sus restos nunca fueron devueltos.

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