El organismo de control de la UE pregunta a la Comisión si el polémico acuerdo migratorio con Túnez respetará los derechos humanos

El organismo de control, dirigido por Emily O'Reilly, quiere que la Comisión Europea explique qué tipo de salvaguardias, si las hay, se han introducido en el acuerdo para garantizar que las autoridades tunecinas respetan los derechos fundamentales en sus operaciones para frenar los flujos migratorios irregulares.

La Comisión Europea tiene hasta el 13 de diciembre para explicar si llevó a cabo una "evaluación de impacto" antes de concluir el acuerdo en nombre de todos los Estados de la UE y cómo piensa revisar el impacto sobre los derechos humanos a lo largo del tiempo.

"La Defensora del Pueblo también preguntó si la Comisión ha definido criterios para suspender la financiación si no se respetan los derechos humanos", ha dicho el organismo de control en un comunicado de prensa, señalando que "se han planteado preocupaciones sobre el acuerdo".

La carta llega un día después de que Túnez negara la entrada a una delegación de cinco miembros del Parlamento Europeo y aumenta aún más el escrutinio sobre el polémico acuerdo.

Hasta ahora, el acuerdo UE-Túnez ha destinado más de 700 millones de euros en fondos del bloque para ayudar a Túnez a estabilizar su economía, gestionar la migración e impulsar las energías renovables, e incluye la posibilidad de 900 millones adicionales en ayuda macrofinanciera.

"Abusos documentados" contra los inmigrantes

Aunque aún no se ha hecho pública ninguna cantidad de dinero, el acuerdo ha suscitado intensas críticas del Parlamento Europeo y de organizaciones de la sociedad civil.

Afirman que Túnez, bajo la férrea dirección del presidente Kais Saied, ha cometido repetidas violaciones de los derechos humanos y ha orquestado la deportación forzosa de migrantes subsaharianos, muchos de los cuales han aparecido abandonados en medio del desierto cerca de la frontera libia.

Poco después de la firma del acuerdo, Human Rights Watch publicó un informe en el que detallaba los "abusos documentados" que las fuerzas del orden tunecinas habían cometido contra los africanos negros, como "palizas, uso excesivo de la fuerza, algunos casos de tortura, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, expulsiones colectivas, acciones peligrosas en el mar, desalojos forzosos y robo de dinero y pertenencias".

Saied ha sido especialmente blanco de las críticas. El presidente tunecino ha expresado públicamente sus opiniones racistas sobre los inmigrantes subsaharianos y ha denunciado lo que él llama un "plan criminal para cambiar la composición del paisaje demográfico de Túnez", palabras incendiarias que hacen eco de la teoría conspirativa de extrema derecha conocida como el "gran reemplazo".

A pesar de las preocupantes evidencias, la Comisión Europea siguió adelante con la firma del memorando, argumentando que era necesario establecer una asociación más estrecha con un país que representa una puerta de entrada para miles de migrantes que cada año intentan entrar en el bloque, principalmente a través de Italia, y solicitan asilo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado el acuerdo de modelo para acuerdos similares con países vecinos. "Hemos firmado una asociación con Túnez que aporta beneficios mutuos más allá de la migración; desde la energía y la educación, hasta las cualificaciones y la seguridad", dijo von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión. "Y ahora queremos trabajar en acuerdos similares con otros países".

105 millones de euros para migración

En concreto, el memorándum asigna una dotación financiera de 105 millones de euros para combatir las operaciones contra el contrabando, reforzar la gestión de las fronteras y acelerar el retorno de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes sean denegadas.

Se espera que el dinero, que es el quid de la preocupación de la Defensora del Pueblo, se proporcione a las autoridades tunecinas en forma de embarcaciones de búsqueda y rescate, jeeps, radares y drones; y a las organizaciones internacionales que trabajan sobre el terreno, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Los 105 millones de euros prometidos están aún en fase de negociación y deben plasmarse en un instrumento jurídico antes de que comiencen los desembolsos, ha asegurado un portavoz de la Comisión Europea. Los Estados miembros serán consultados a lo largo del proceso.

"Cooperaremos con el Defensor del Pueblo y responderemos a su debido tiempo", ha apuuntado un portavoz el viernes al mediodía. "En términos generales (...) todos los contratos de la UE tienen obviamente cláusulas estándar de derechos humanos".

Altos funcionarios de la UE habían asegurado anteriormente que los pagos no estarían vinculados a ningún objetivo numérico de readmisiones anuales o reducción de llegadas, y que no se pediría a Túnez que acogiera en su territorio a ciudadanos no tunecinos a los que se hubiera denegado el asilo en el bloque.

"No está previsto que Túnez sea un punto de recogida de inmigrantes irregulares", declaró en julio una fuente europea.