Desde el principio, el objetivo de la fiscalía parecía desalentador: demostrar más allá de toda duda razonable que un policía de Hialeah secuestró a un vagabundo en un centro comercial, lo condujo a millas de distancia hasta una remota zona boscosa, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y ensangrentado y lo abandonó a su suerte.

A primera hora de la tarde del martes, en el sexto día de juicio y seis horas y media de deliberación, los jurados dijeron que los fiscales tenían razón a medias: el policía de Hialeah Rafael Otaño fue declarado culpable de secuestro a mano armada, pero agregaron dijeron que el estado no pudo probar que golpeara a José Ortega Rodríguez, un vagabundo que era conocido por la Policía y considerado una molestia para muchos de los comerciantes de un centro comercial en Hialeah donde pasaba la mayor parte del tiempo.

Durante el juicio, el estado no pudo relacionar ninguna prueba física del lugar de los hechos con Otaño y los fiscales tampoco pudieron aportar un testigo ocular o un video de vigilancia que lo situara en ese lugar, pero lo que sí tenían eran registros de teléfonos móviles y GPS de la patrulla de Otaño que lo situaban cerca de la escena del crimen y cámaras municipales que mostraban a la patrulla de Otaño saltándose semáforos en rojo en cruces con las luces parpadeando; también mostraron que, antes de su detención, Otaño le dijo a un compañero que se cree que participó en el incidente “tenemos que aclarar nuestra historia”.

La decisión del jurado de condenar al joven ex policía de Hialeah por un delito que podría enviarlo a prisión de por vida dejó desconsolados a los familiares y amigos de Otaño presentes en la sala. La visión de Otaño siendo esposado y llevado fue tan impactante que su madre Tarina Otaño casi se desplomó sobre un banco de madera y luego empezó a gritarle en español al fiscal del estado Shawn Abuhoff: “Es inocente. Mi hijo es inocente”.

Mientras la familia escoltaba a Tarina Otaño fuera de la sala del Tribunal Penal de Miami-Dade, la esposa del ex agente, Damaris Otaño también dirigió su ira hacia Abuhoff. “Sabes que no sucedió así”, gritó, también en español.

Fuera de la sala, el abogado de Otaño, Michael Pizzi, prometió apelar el fallo, , calificando de “indignante” la decisión del jurado de absolver a su cliente de agresión, pero condenarlo por secuestro a mano armada.

“El juicio era sobre él golpeando a alguien y el jurado determinó que nunca tocó a nadie”, dijo Pizzi. “Él [Otaño] nunca detuvo a la persona, nunca tocó a nadie y nunca la tuvo en su patrulla”.

Para entonces, el ayudante del fiscal del estado Abuhoff y su también abogada Carolina Sánchez habían abandonado el tribunal sin abordar el fallo con los medios de comunicación. Abuhoff, quien se espera que juzgue por los mismos cargos a Lorenzo Orfila, otro policía de Hialeah acusado de los mismos delitos que Otaño por el mismo incidente, dijo durante su alegato que los dos agentes fueron demasiado lejos en su trato con Ortega Rodríguez.

Argumentaron que la tecnología y los rastreadores de teléfonos móviles demostraron que solo Otaño y Orfila podían haber estado en el lugar y dijeron que los dos agentes se dirigieron específicamente a Ortega Gutiérrez únicamente por ser quien es: un alcohólico agresivo con problemas de memoria y nueve condenas por delitos graves que era poco probable que presentara una denuncia contra los policías que lo golpearon.

“El 17 de diciembre tomaron decisiones para invocar su propia justicia y eso es un problema, es algo penal”, dijo Abuhoff. “Cuando se jura proteger y servir, eso significa a todo el mundo”.

Pizzi había argumentado que el caso del estado era defectuoso desde el principio, porque su cliente era un policía de apoyo en la escena que nunca entró en contacto con Ortega Rodríguez y no estaba obligado a escribir un reporte. Recordó a los jurados que Ortega Gutiérrez identificó a sus agresores como un rubio alto y dos tipos bajos y rechonchos, nada que ver con el esbelto, alto y moreno Otaño y, dijo, no había pruebas de ADN que lo relacionaran con los hechos.

Pizzi dijo que los casi tres días que Ortega Gutiérrez pasó en el estrado de los testigos estuvieron llenos de tantas incoherencias —incluso no se identificó en el video de vigilancia en numerosas ocasiones— que los jurados no deberían creer nada de lo que dijera.

“Tomó mucho vodka todos los días de diciembre y se desmayó a cada rato”, dijo Pizzi a los jurados. “Pero, ¿el estado quiere que ustedes supongan que la policía lo golpeó?”.

Otaño, de 28 años, y Orfila, de 23, fueron acusados en enero de lesiones y secuestro a mano armada por el secuestro de Ortega Gutiérrez. También fueron despedidos de su empleo.

Según la fiscalía, los dos hombres metieron a Ortega Gutiérrez, al que ambos conocían, en una patrulla y lo llevaron a unas siete millas de distancia, a una zona remota fuera de los límites de la ciudad. Los propietarios de la panadería Los Tres Conejitos les avisaron que Ortega Gutiérrez había estado acosando a los clientes y afirmando que uno de los propietarios había envenenado la comida y robado las propinas.

Al final de una calle cercana a una zona boscosa que es un popular vertedero ilegal, los fiscales dijeron que Otaño y Orfila golpearon a Ortega Gutiérrez y lo abandonaron allí. Cuando recuperó el conocimiento al cabo de unos minutos, un policía de Miami-Dade fuera de servicio vio al vagabundo deambulando por una calle sin rumbo y herido y llamó a las autoridades.

Abuhoff dijo a los jurados que a pesar de los evidentes defectos de las presuntas víctimas, no perdieran de vista quién era juzgado.

“Esto es justicia callejera sin motivo alguno”, dijo.

Durante los tres días que duró el testimonio de Ortega Gutiérrez, en su mayor parte casi incoherente, no solo fue incapaz de identificar a Otaño, sino que no se identificó al menos tres veces en un video que vieron los jurados. Pizzi criticó al estado por no haber intentado siquiera recoger pruebas físicas de Otaño y por no haber investigado el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos.

“Nunca hicieron una investigación; en lugar de eso, lo que querían hacer era esto: echárselo a uno encima”, dijo Pizzi.

También está imputado en el presunto secuestro el investigador Ali Amin Saleh, quien, según el estado le ofreció a Ortega-Gutiérrez más de $1,300 para que firmara una declaración jurada exculpando a los agentes de cualquier delito. A principios de este mes, el notario Juan Prietocofino aceptó un acuerdo por el que se le imponen cinco años de libertad condicional por firmar presuntamente la declaración jurada falsa de Saleh.

Aún no se han fijado las fechas de los juicios de Saleh y Orfila.