Human Rights Watch afirma que Congreso de Perú arremete contra el sistema democrático

Lima, 12 jun (EFE).- La organización Human Rights Watch afirmó que el Congreso de Perú apresura nuevas medidas que socavarían la independencia judicial, restringirían el espacio cívico y debilitarían las investigaciones contra el crimen organizado y los abusos a los derechos humanos, en los escasos días que faltan para concluir la actual legislatura.

En un comunicado fechado en Washington, la agrupación señala que los Estados parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) deberían debatir la situación de Perú durante la asamblea general que se celebrará en Paraguay del 26 al 28 de junio.

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, declaró que "con esta ráfaga de legislación destructiva, los congresistas peruanos están intensificando sus medidas para controlar a las autoridades judiciales y electorales".

Asimismo, agregó que buscan "debilitar los sistemas de rendición de cuentas y la supervisión y crítica de sus acciones".

Alertó que es probable que estas medidas tengan "graves consecuencias" para todos los peruanos, permitiendo que "el crimen organizado se expanda" y dificultando que las personas reciban atención cuando se violan sus derechos.

El comunicado recordó que el Parlamento peruano aprobó una reforma constitucional para eliminar a la Junta Nacional de Justicia, el máximo órgano de la judicatura, y que el Senado sería el encargado de designar y remover jueces y fiscales.

Además, aprobó un proyecto de ley que daría "enormes poderes" al gobierno para controlar a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del extranjero, pues le otorgaría la facultad de multar o sancionar arbitrariamente a grupos que critiquen o se opongan al accionar gubernamental, según señaló.

Igualmente, el Legislativo aprobó, en primera votación, un proyecto de ley cuyo objetivo declarado es precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero que podría ser utilizado por jueces y fiscales para "socavar" las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en el país (1980-2000).

Añadió que ese proyecto "podría abrir la puerta" a la revisión de condenas contra miembros del grupo armado Sendero Luminoso y contra miembros de las fuerzas de seguridad y del gobierno responsables de crímenes de guerra.

Subrayó que la presidenta peruana, Dina Boluarte, "se ha aliado" en repetidas ocasiones con el Congreso, que recientemente ha rechazado varias mociones para removerla del cargo.

Asimismo, indicó que la fiscalía investiga un presunto esquema de tráfico de influencias entre miembros del Congreso y la exfiscal general Patricia Benavides, a quien la Junta Nacional de Justicia destituyó el pasado 22 de mayo.

"Los gobiernos de las Américas deben pronunciarse urgentemente sobre el retroceso democrático en el Perú", expresó Goebertus sobre su llamado a que la OEA pida a Boluarte que garantice el respeto por el Estado de derecho y la independencia judicial.

"Está en su interés, y ciertamente en el de todos los peruanos, detener la infiltración y expansión del crimen organizado y la corrupción en las instituciones peruanas", apuntó.

El Congreso de Perú concluye su actual legislatura el próximo sábado 15 y realizará sesiones plenarias consecutivas hasta ese día para seguir votando otros proyectos de ley, además de someter a sesiones de interpelación a varios ministros de Estado.

(c) Agencia EFE