El Departamento de Justicia ya revisó documentos incautados luego de que Trump pidiera revisión de un tercero

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El Departamento de Justicia declaró el lunes que ya completó una revisión de los documentos que incautó de la casa del expresidente Donald Trump después de que el expresidente exigiera que se nombrara un maestro especial externo para determinar si algo de lo que el departamento tomó de él estaba protegido por el privilegio abogado-cliente.

El viernes, la jueza federal de distrito, Aileen Cannon, notificó a los abogados de Trump y al Departamento de Justicia su intención de nombrar a un maestro especial para revisar las 11 cajas de documentos que los agentes del FBI incautaron de la casa de Trump en Palm Beach, Florida, de acuerdo con una orden de cateo el 8 de agosto.

Cannon, a quien el expresidente nombró para el cargo, emitió la orden luego de que Trump exigiera que se nombrara a un tercero para determinar si la gran cantidad de documentos clasificados tomados de su propiedad contenía algo en las cajas que debe estar protegido por el privilegio abogado-cliente o el privilegio ejecutivo. También ordenó al departamento que presente una respuesta pública a la demanda de Trump antes del martes 30 de agosto, junto con un recibo de propiedad detallado y sellado, así como un “aviso detallado que indique el estado de... revisión de la propiedad incautada”.

En la respuesta del departamento, el fiscal federal Juan Gonzales declaró que el gobierno ya había encontrado “un conjunto limitado de materiales que potencialmente contienen información privilegiada de abogado-cliente” y completó la revisión de esos documentos con la ayuda de un “equipo de filtrado”, o sea, un equipo separado de agentes del FBI y fiscales que no tienen conexión con ninguna investigación sobre Trump.

Agregó que el gobierno sigue procedimientos aprobados por el juez magistrado Bruce Reinhart en el momento en que se aprobó la orden de cateo en la propiedad de Trump. Según esos procedimientos, el gobierno mantendrá separados los documentos potencialmente privilegiados y le pedirá a un tribunal que determine si deben considerarse confidenciales, conservará los documentos y los mantendrá fuera de la vista de cualquier persona involucrada en la investigación de Trump, o proporcionará los documentos a los abogados de Trump y negociar si los documentos son de verdad confidenciales.

Gonzales también dijo que el Departamento de Justicia y la ODNI (Oficina del Director de Inteligencia Nacional) “facilitan una revisión de clasificación de los materiales recuperados de conformidad con el cateo” luego de una solicitud del Congreso.

“La ODNI también dirige una evaluación de la comunidad de inteligencia sobre el riesgo potencial para la seguridad nacional que resultaría de la divulgación de estos materiales”, añadió.

Los abogados del expresidente han afirmado que el cateo de su casa y oficina fue inapropiado porque el gobierno buscó recuperar materiales que se consideran de su propiedad según la Ley de Registros Presidenciales porque esa ley no tiene un mecanismo de aplicación.

El equipo legal de Trump también argumentó que un maestro especial debe revisar la evidencia incautada de Mar-a-Lago “para preservar la santidad de las comunicaciones ejecutivas y otros materiales privilegiados”, pero los expertos legales dicen que tal afirmación no pasa el examen legal o constitucional porque al privilegio ejecutivo, una doctrina legal que protege las deliberaciones entre un presidente y sus asesores, solo lo puede invocar de forma válida el presidente actual, Joe Biden.