El Departamento de Justicia apela la orden de asignar un perito especial para los documentos de Mar-a-Lago

·3  min de lectura

El Departamento de Justicia solicitó a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito que revoque la orden de una jueza de distrito designada por Trump que exige que se detenga el uso de los materiales incautados durante la redada del 8 de agosto en la casa del expresidente Donald Trump en cualquier investigación criminal.

El lunes, la jueza de distrito de EE.UU. Aileen Cannon impidió temporalmente que el sistema de aplicación de la ley del gobierno federal tomara medidas sobre lo que la mayoría de los expertos legales consideran evidencia abrumadora de que Trump violó varias leyes federales, en espera de la designación de un perito especial externo que revise los miles de documentos y otros artículos incautados durante la redada para determinar si alguno está protegido por el privilegio de abogado-cliente o ejecutivo.

Los documentos judicialesindican que los agentes del FBI encontraron más de 10.000 documentos gubernamentales no clasificados repartidos en 27 cajas cuando registraron la casa y la oficina del expresidente, dos veces ya enjuiciado, en su club de campo Mar-a-Lago en Florida.

Los agentes también descubrieron más de 100 “documentos únicos con marcas de confidencialidad”, incluidos tres almacenados en el escritorio de Trump. Los niveles de clasificación iban desde confidencial, el nivel más bajo de clasificación en el sistema de EE.UU., hasta el más alto, ultrasecreto.

La jueza Cannon señaló que el gobierno tenía que dejar de usar los miles de documentos propiedad del gobierno incautados durante el registro de su propiedad para profundizar en una investigación criminal en curso sobre el expresidente, pero permitió que continuara la evaluación de daños a la seguridad nacional por parte de la ODNI (oficina del director de Inteligencia Nacional).

Los expertos legales han criticado el fallo de la jueza Cannon por tener poca base de hecho o jurisprudencia, en gran parte porque no hay forma de que Trump reclame el privilegio ejecutivo sobre documentos que por ley son propiedad del poder ejecutivo.

El departamento también solicitó a la jueza Cannon que emita una suspensión que impida que su orden entre en vigor mientras la apelación ante el 11° Circuito esté pendiente, pero solo con respecto a un conjunto de 100 documentos altamente clasificados.

Los fiscales advirtieron que solicitarían una suspensión de la corte de apelaciones si la jueza Cannon no toma medidas sobre su solicitud antes del 15 de septiembre. También argumentaron que hay aspectos de su orden que “causarán los daños más graves e inmediatos al gobierno y al público” si se permite que entre en vigor.

“El demandante no puede afirmar que sea propietario o que tenga algún interés posesorio en los documentos clasificados; que tenga algún derecho a que se le devuelvan esos documentos del gobierno; o que pueda alegar algún privilegio plausible entre abogado y cliente en relación con dichos documentos que impida que el gobierno los revise o utilice”, escribieron.

Agregaron que cualquier intento de hacer valer el privilegio ejecutivo sobre esos registros fracasaría debido a que el precedente de la Corte Suprema “deja en claro que cualquier posible afirmación de privilegio que el demandante podría intentar hacer sobre los registros clasificados sería superada por la ‘necesidad específica demostrada’ del gobierno de obtener esa evidencia”.

Los fiscales argumentaron además que la evaluación de la ODNI que permitió antes que continuara tuvo que detenerse porque ese proceso de “revisión y evaluación no se pueden separar fácilmente” de las “actividades del FBI en relación con la investigación criminal en curso”. Dijeron que la “incertidumbre con respecto a los límites de la orden de la Corte y sus implicaciones para las actividades del FBI” ha provocado que la Comunidad de Inteligencia y el Departamento de Justicia “suspendan temporalmente este trabajo de vital importancia”.

“Además, el gobierno y el público resultan irremediablemente dañados cuando se ordena una investigación penal de asuntos que implican riesgos para la seguridad nacional”, agregaron.