Denuncian un supuesto complot para asesinar a Duque

Daniel Lozano

CARACAS.- Las autoridades colombianas investigan si los dos venezolanos detenidos el 21 de diciembre con fusiles calibre 5.56, municiones y una mira telescópica en Valledupar, a 180 kilómetros de la frontera, forman parte de una trama para atentar contra el presidente Iván Duque en un acto público en los próximos días. José Vicente Gómez y Pedro José Acosta, ambos de 22 años, viajaban con destino a Barranquilla en un ómnibus en cuya bodega de equipaje escondían el armamento de guerra.

"Lo que verdaderamente preocupa es que no era cualquier fusil, eran unos fusiles de alta precisión que venían debidamente camuflados", reveló ayer Guillermo Botero, ministro de Defensa, quien reconoció que la seguridad del presidente fue reforzada. Medios locales adelantaron que Duque cuenta además con la asesoría de expertos estadounidenses, británicos e israelíes.

Cinco días después de la primera detención, la policía capturó en la ciudad costeña de Barranquilla a otro venezolano, Geiger Vásquez, de 35 años, quien escondía en un bolso negro una minimetralleta Uzi 9 milímetros y una granada.

Los investigadores no pudieron relacionar por ahora a los tres detenidos, pero sí saben que Vásquez fue incriminado por pertenecer al grupo paramilitar de Los Rastrojos, convertido hoy en una mafia delincuencial con poder todavía en la zona fronteriza del Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta.

Como si se tratase del reino del revés y contagiado por la conspiranoia reinante en Venezuela ( Maduro denunció varias decenas de intentos de atentados, complots abortados y golpes de Estado de los que nada más se supo), el gobierno de Bogotá alertó sobre los vínculos que ya se investigaban entre los tres venezolanos y un posible atentado contra Duque.

"Se está poniendo en conocimiento de la comunidad internacional que desde hace varios meses se adelantan investigaciones de inteligencia sobre posibles atentados contra la vida del presidente", informó el canciller colombiano, Carlos Holmes, quien añadió que la detención de los venezolanos "incrementó aún más las inquietudes de las autoridades".

Durante 2018, mandos del ejército colombiano advirtieron al país sobre cómo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reclutaba a venezolanos aprovechándose de la pavorosa crisis económica y social que vive el país petrolero. Uno de los guerrilleros, muerto en febrero mientras instalaba una bomba cerca de la fronteriza Cúcuta, había pertenecido a la Guardia Nacional Bolivariana, según informó el gobierno cafetero.

Una relación conflictiva

Más de 1.100.000 emigrantes conforman en Colombia el grupo más numeroso de la diáspora venezolana, que según los cálculos de entidades internacionales y organizaciones civiles ronda entre tres y cuatro millones de personas.

Para enrevesar aún más la cuestión, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, ofreció de inmediato ayuda al gobierno de Bogotá. "Seguimos intentando comunicarnos con el canciller Holmes sin éxito hasta ahora. Si las autoridades colombianas tienen información fidedigna con valor probatorio, no deberían perder tiempo en compartirla. Ante denuncias tan graves, la oportunidad es clave", comunicó el ministro de Exteriores a través de sus redes sociales.

Arreaza también aprovechó para reclamar la cooperación de Bogotá en la investigación del supuesto atentado contra Maduro en agosto, realizado con dos drones mientras presidía un desfile militar.

Desde el primer momento las autoridades venezolanas y el primer mandatario involucraron en el "atentado" a dirigente opositores, alguno de ellos exiliado en Bogotá, como el expresidente del Parlamento Julio Borges, pero también al propio expresidente Juan Manuel Santos.

En una de sus últimas comparecencias televisivas, Maduro aseguró que las autoridades colombianas ofrecen cobertura a un grupo paramilitar que denominó G-8, conformado por 734 mercenarios de ambos países "que se preparan en el municipio de Dona (Norte de Santander) para iniciar una escalada violenta que confunda a la opinión pública y justifique cualquier otra acción de escalada militar contra Venezuela".

Las relaciones entre ambos países se encuentran en mínimos históricos: Colombia no reconocerá a Maduro el próximo 10 de enero, fecha de la toma de posesión del "hijo de Chávez", mientras Caracas acusa al vecino cafetero de todos los complots posibles. La ONU exige además la liberación inmediata de los 59 colombianos encarcelados sin pruebas desde hace dos años en Caracas, a los que acusa también de terroristas.

Duque tiene previsto empezar el año político el 2 con una reunión en la cumbre con Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, en Cartagena de Indias.

En el primer punto de la agenda bilateral están la crisis migratoria venezolana y la toma de posesión de Maduro.