Fiscal de Colorado pide a Corte Suprema denegar moción de mexicano deportado

Agencia EFE
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Denver (CO), 30 dic (EFE News).- La fiscalía de Colorado formalmente presentó una moción ante la Corte Suprema de Estados Unidos solicitando que el máximo tribunal rechace la apelación de un mexicano que sostiene que fue deportado por los malos consejos de sus abogados, informó este miércoles la institución estatal.

El fiscal Phil Weiser presentó el pasado 14 de diciembre un documento ante la Corte Suprema federal indicando que los jueces no deberían considerar el argumento de Alfredo Juárez de que fue deportado en 2012 porque sus abogados no le informaron que eso podría suceder si se declaraba culpable (como Juárez lo hizo) de posesión de una sustancia controlada (cocaína).

“Esta Corte debe rechazar el pedido del solicitante de no considerar los múltiples niveles de consejos que recibió, incluyendo a expertos en inmigración”, expresó Weiser en su documento, subrayando que a Juárez “se le informó apropiadamente” de que declararse culpable de posesión de drogas lo haría “deportable según las leyes de inmigración”.

Weiser insistió en que al mexicano “se le dio a conocer de manera significativa el riesgo de la deportación”.

Según información incluida en el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Colorado el 19 de octubre de 2017, Juárez llegó a Denver cuando tenía 6 años y 12 años después se casó con una ciudadana estadounidense (con quien tuvo dos hijos), obteniendo en 2009 su residencia permanente en Estados Unidos.

A principios de 2011, policías de Denver respondieron a un incidente de violencia doméstica en la vivienda de Juárez y, al detenerlo, le encontraron cocaína. Al declararse culpable de un delito menor, Juárez fue sentenciado a dos años de libertad condicional, evitando su encarcelamiento.

Pero, como se le avisó en su momento, ese “delito menor” para Colorado equivale un “crimen” en el marco de la Ley de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos.

Luego, en mayo y otra vez en junio de 2012, Juárez no pasó los exámenes para comprobar que no usaba drogas, una de las exigencias de su libertad condicional. Por ese incumplimiento, el mexicano quedó a disposición del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y fue deportado el 5 de septiembre de aquel año.

En enero de 2013, Juárez inició desde México acciones judiciales afirmando que la asesoría legal recibida había sido “inefectiva” porque sus abogados (identificados solo por sus apellidos: Tatum y Whitehead) hablaron de “deportabilidad”, pero de no de “deportación automática”.

En posteriores declaraciones ante la Corte de Apelaciones de Colorado los letrados aclararon que ellos hablaron de “probable deportación” y de “riesgo de deportación” porque “nada es absolutamente cierto o garantizado” con el ICE.

Eventualmente, la Corte Suprema de Colorado también rechazó el pedido de Juárez, aunque uno de los jueces, Richard L. Gabriel, consideró que los abogados le habían dado “un falso sentido de esperanza” a su representado.

El caso despertó entonces interés nacional, motivando a Phil Torrey, abogado y director del Programa de Clínicas de Inmigración y Refugiados de la Universidad Harvard, a respaldar Juárez para elevar su caso ante el máximo tribunal.

Según Torrey, esa instancia es necesaria para que, con su fallo definitivo, la Corte Suprema elimine la “marcada división” de las cortes estadounidenses sobre si se les debe decir o no a los extranjeros acusados de crímenes que, de ser encontrados culpables, pueden ser deportados.

“Ese conflicto establecido lleva a resultados injustos”, escribió Torrey en su solicitud a la Corte Suprema.

Pero, para el fiscal Weiser, la Corte Suprema no tendría nada que agregar al caso por dos motivos: Juárez recibió buena asesoría de sus abogados (evitó quedar encarcelado) y fue Juárez quien decidió no abstenerse del uso de drogas durante su libertad condicional, lo que eventualmente llevó a su arresto y deportación.

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