Denuncia Artículo 19 hostigamiento judicial contra el periodista Eduardo Lliteras en Yucatán

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Denuncia Artículo 19 hostigamiento judicial contra el periodista Eduardo Lliteras en Yucatán
Denuncia Artículo 19 hostigamiento judicial contra el periodista Eduardo Lliteras en Yucatán

La organización civil Artículo 19 denunció el caso de hostigamiento judicial en contra del periodista Eduardo Lliteras del medio Infolliteras.com, en Yucatán.

Detalló que el comunicador fue notificado, el 18 de abril, de una demanda interpuesta en el juzgado tercero del primer departamento de justicia de Yucatán, por presunto daño moral contra el empresario Rafael Acosta Solís.

La denuncia se reclama por la publicación del texto Denuncias ejidales de Smahil a Rafael Acosta Solís: se robó mochila con documentos y dinero de ejidatarios, que fue publicado en el medio digital Infolliteras.com

De acuerdo a Artículo 19, el empresario también demandó por publicaciones similares a otros tres medios de comunicación y dos periodistas, en donde reclama que se eliminen las publicaciones y pide una indemnización de 500 mil pesos.

Ante ello, exigió al Poder Judicial de Yucatán que, para terminar el caso, tome en cuenta los más altos estándares de derechos humanos, en lo referente a la libertad de expresión, para garantizarla y no limitarla.

En tanto, pidió al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas tomar medidas correspondientes toda vez que el comunicado está en una situación de vulnerabilidad.

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Artículo 19 advirtió que una de las formas más frecuentes de abusar del poder estatal es a través del hostigamiento judicial con el objetivo de censurar e intimidar a las personas que revelan información de interés público, ya sea por su trabajo periodístico o de defensa de derechos humanos.

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Detalló que de acuerdo a su informe anual Negación, en 2021 se documentaron 40 agresiones mediante el uso ilegal del poder público, 18 fueron demandas por hostigamiento en materia electoral, 8 penales, 8 administrativas y 6 civiles.

“Las demandas que se suelen formular son en contra del honor o intimidad de personas funcionarias públicas o de particulares con exposición pública. Ello provoca procesos judiciales con el fin de intimidar a personas periodistas. En este caso se utilizó la figura de daño moral que se encuentra regulada en los diversos códigos civiles de cada entidad federativa”, indicó.

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