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Demandan al gobierno de EEUU para tener acceso a los datos de ingreso de personas al país

Toda persona que ingresa a Estados Unidos a través de los cruces fronterizos, los puertos y los aeropuertos debe cumplir la obligada escala ante las autoridades de Inmigración y aduanas. En ese proceso se registra quién entra al país, desde dónde lo hace, la nacionalidad de la persona y se recaba información sobre las razones del viaje. Esa información, así, constituye un acervo clave para entender el flujo humano hacia Estados Unidos.

Con todo, como narra David Yanofsky en el portal Quartz, esa información, pese a ser recopilada por el gobierno en el ejercicio de sus funciones y por tanto ser de naturaleza pública, no está disponible para su consulta.

Salvo que se pague mucho dinero por ello.

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Diariamente, miles y miles de personas deben cruzar la inspección de inmigración y aduanas al ingresar al país. (AP)

De acuerdo a Yanofsky, existen dos bases de datos que detallan la información sobre la entrada de personas al país, una que contiene registro anónimos de inmigración y otra con estadísticas sobre los viajeros aéreos. Pero ninguna está disponible libremente para la consulta e, incluso, una petición de Yanofsky vía la Ley de Libertad de Información –la vía legal usual para lograr acceso a documentos y registros oficiales– le fue negada en 2015.

El argumento que se le dio al respecto es que al estar la instancia que controla esa información, la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio, autorizada para cobrar por la consulta de tales datos, no podía proveerla libremente y sin costo o a costo reducido.

Y el precio no es poco: $173,775 por cinco años de estadísticas de ambas bases de datos fue la contrapropuesta que el gobierno le hizo a Yanofsky. Sería presumiblemente el único caso en que información gubernamental que debería ser de naturaleza pública es comercializada y se cobra por ella sumas muy considerables que van más allá de tarifas razonables por manejo o expedición de datos.

Ante ello, el reportero decidió que tal propuesta no era solo inaceptable sino que implica una suerte de abuso por parte de las autoridades. La noción de que ponerle un precio a datos que son de naturaleza pública basta para hacerlos opacos a la sociedad en general (salvo para quienes paguen los miles de dólares, presumiblemente cadenas hoteleras, atracciones turísticas y aerolíneas) es para Yanofsky una práctica impropia que contradice lo estipulado por la Ley de Libertad de Información.

Yanofsky decidió entonces presentar una demanda para que se le dé acceso a esa información, resultado del trabajo regular de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, de modo completo y sin las ingentes tarifas mencionadas.

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En algunos aeropuertos del país el proceso de entrada está automatizado en cierto grado. (AP)

Además, el hecho de que esa información sea comercializada y por tanto su acceso quede restringido a quien lo pague es un dato inquietante, pues revela que existe la práctica de ponerle un precio a lo que debería ser de libre acceso para “justificar” que la información deje de estar disponible de modo público.

Y se trata de datos de gran valor para entender el flujo de personas que día a día ingresa a Estados Unidos y que permiten conocer, a quien la consulta, por ejemplo, los países de procedencia de los individuos, sus edades, las ciudades por las que ingresan y si lo hacen por turismo o negocios, por ejemplo.

Conocer esos detalles ayuda desde luego a las empresas del sector hotelero, de transporte y de atracciones, pero también es información que puede dar luces, por ejemplo, en el contexto del actual debate de la campaña presidencial en el que la entrada de ciertos grupos de personas procedentes de ciertos países ha estado bajo escrutinio por razones de seguridad y, también, ha sido presa de xenofobia y racismo.

La demanda de Yanofsky acusa al Departamento de Comercio de violar la Ley de Libertad de Información al impedir la consulta de registros y por imponer cuotas para tener acceso a ellos de modo impropio, entre otras acusaciones y pide se le conceda acceso a todos los datos que se habían solicitado y se reconozca la improcedencia de haber establecido a la petición original una tarifa exagerada.

Aún deberá cumplirse todo el proceso judicial pero, de darse un fallo favorable a Yanofsky, este caso podría servir de precedente para modificar por completo la forma como el Departamento de Comercio ha manejado, restringido y cobrado por el acceso a los datos de entrada de personas al país.

Más en Twitter: @JesusDelToro