Demanda por tráfico con propiedad confiscada en Cuba llega a la Corte Suprema

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Una petición para que la Corte Suprema de Estados Unidos decida cómo interpretar la Ley Helms-Burton podría decidir la suerte de varias demandas de cubanoamericanos que buscan compensación por propiedades confiscadas en Cuba hace seis décadas.

La petición, presentada en diciembre, solicita al tribunal que revise la interpretación del término “adquirir” en el contexto de la ley. En la práctica esto decidiría si los herederos de los propietarios originales también tienen derecho a demandar a las empresas que hacen negocios (“tráfico”) con esas propiedades en Cuba.

El solicitante es Robert M. Glen, cuya familia poseía dos propiedades en la playa de Varadero donde ahora se erigen cuatro hoteles. Él está demandando a American Airlines porque la compañía ofrecía reservar los hoteles a través de su sitio web y él no recibió compensación por esas actividades. Inicialmente presentó su demanda en la corte federal de Miami en septiembre de 2019.

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Familias como la de Glen han esperado décadas por la posibilidad de obtener alguna compensación por las confiscaciones que ordenó Fidel Castro después de asumir el poder en 1959.

En 1996, el Congreso aprobó la Ley Helms-Burton, también conocida como Ley Libertad, para proporcionar a los estadounidenses y ciudadanos cubanos naturalizados la posibilidad de demandar a las empresas que participan en actividades comerciales ilegales con propiedades confiscadas por el régimen de Castro. Pero Bill Clinton y los presidentes sucesivos suspendieron una disposición clave, el Título III, que permite que los casos avancen en los tribunales.

Después de que el presidente Donald Trump levantara sorprendentemente esa suspensión en mayo de 2019, se han presentado al menos 42 demandas en los tribunales federales contra varias empresas, incluidas 26 con sede en Estados Unidos. Las cifras provienen del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, el depositario más completo de información sobre las demandas amparadas en el Título III.

Pero debido a que han pasado tantos años desde que el gobierno cubano confiscó millones en activos sin ofrecer compensación, muchos de los propietarios originales han muerto, y herederos como Glen están llevando adelante las demandas.

La ley Helms-Burton, sin embargo, incluye una cláusula que prohíbe los casos que involucran a personas que “adquirieron” el título de la reclamación después del 12 de marzo de 1996, cuando se promulgó la ley.

En el centro de la solicitud de revisión por parte de la Corte Suprema está la cuestión de si la herencia pasiva puede interpretarse como una adquisición. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito determinó que Glen tiene un derecho legítimo a demandar, pero dictaminó que la demanda no tiene mérito porque él “adquirió” la propiedad vía herencia después de 1996.

Los abogados de Glen argumentan que esta interpretación es “demasiado literal” y “deja sin dientes al Título III”.

“Sin la intervención de este Tribunal, todas las demandas por tráfico por parte de herederos cuyos familiares murieron entre 1996 y 2019 quedarán totalmente excluidas”, argumenta la petición. Los abogados sostienen que la opinión del Quinto Circuito también “socava el objetivo expreso de política exterior del Congreso de disuadir el tráfico de propiedad confiscada al otorgar un derecho de acción privado a las víctimas naturalizadas del régimen de Castro”.

Si bien la progresión del caso hasta la Corte Suprema es “inusualmente rápida”, es posible que la corte no tome el caso, ya que generalmente espera los desacuerdos de los tribunales de apelaciones antes de opinar, dijo John Kavulich, presidente del U.S-Cuba Trade and Economic Council.

La administración Biden también podría influir en el futuro de las demandas amparadas en la ley Helms-Burton ya que que la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de en Atlanta invitó al gobierno a aclarar el significado de varios términos en el texto de la ley, incluido “adquirir”.

“¿Qué significa la palabra” adquirir “...? ¿La herencia está incluida en el término “adquirir?” preguntó la corte de apelaciones de Atlanta al gobierno.

También podría haber otros resultados para la petición de Glen ante la Corte Suprema, agregó Kavulich, incluido un fallo que concluya que el tema debe resolverse en el Congreso, por ejemplo, mediante la introducción de legislación para cambiar la fecha límite de marzo de 1996.

“Sin embargo, un resultado más significativo para el demandante podría ser si [la Corte Suprema] decide escuchar el caso y luego falla a favor del demandante”, agregó. “Entonces, es probable que se presenten las aproximadamente más de treinta demandas bajo el Título III de la Ley Libertad que que están listas para ser presentadas”.

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