Delivery: radiografía del sector y debate abierto, ¿independientes o empleados?

Silvia Stang
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ignacio sanchez

Para la mitad de quienes trabajan en vinculación con plataformas digitales haciendo repartos de comida o de otros productos, el factor principal que motivó su ingreso a esa actividad fue la imposibilidad de encontrar otro trabajo. Ese es uno de los datos que surge de mirar la “foto” del sector revelada en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), basado en encuestas hechas en 2019. Otra respuesta, elegida por más de un tercio, indica que se valora la flexibilidad horaria. El año que siguió al de ese trabajo de campo, el del inicio de la pandemia con una primera cuarentena estricta incluida, fue muy particular para este sector: la tarea fue considerada esencial y las bajas barreras para el ingreso llevaron a que más personas se sumaran. Una actualización del relevamiento hecha en julio de 2020 mostró que, de los llegados a la actividad durante la crisis sanitaria, tres de cada cuatro lo hicieron por no encontrar otro puesto.

Las condiciones laborales, a la vez que hacen más factible y ágil la inserción, son raíz de desafíos a los que, según advierten en la OIT, deberían darse respuesta con políticas públicas. La falta en muchos casos de cobertura frente a eventuales accidentes; las desigualdades en varios frentes con los asalariados; las jornadas “extenuantes” y los tiempos bajo disponibilidad que no son compensados, están entre esos factores. No se trata, claro, de un tema solo local: el informe sobre la Argentina es un desprendimiento de uno global sobre el rol de las plataformas en la transformación del mundo del trabajo.

“Hay dos perfiles marcados entre los trabajadores en la Argentina –dice en diálogo con la nacion Elva López Mourelo, especialista de Mercados Laborales Inclusivos en la OIT–; los migrantes, cuyo protagonismo se explica porque los requisitos de ingreso son laxos y porque el crecimiento del sector coincidió con la llegada de muchos venezolanos, y los nativos con trayectorias laborales previas de mucha precariedad”.

El último rasgo ayuda a entender por qué el tercer motivo más señalado para trabajar en la entrega de productos es que “la remuneración es mejor que en otros trabajos disponibles”. Esa opción fue marcada por dos de cada diez nativos y por más de un tercio de los migrantes.

¿Qué otras características tienen los trabajadores del delivery? La edad promedio ronda los 30 años, y en 2019 el 63,6% eran venezolanos y el 23,8%, argentinos, algo que varió con la pandemia, porque se incorporaron más nativos. Poco más de la mitad tiene estudios secundarios y casi cuatro de cada diez accedió a la formación terciaria o universitaria. Los datos surgen, concretamente, de dos relevamientos: uno del que participaron 245 trabajadores y que fue hecho por el Ministerio de Trabajo, y otro, con 301 encuestados, hecho en colaboración entre la OIT y el Área de Desarrollo Humano de Flacso.

“Vimos que, para muchos, la tarea de repartos se convirtió en un trabajo en sí, de largo plazo, y dejó de ser un lugar de paso hacia otra ocupación”, analiza López Mourelo. Esa realidad le da nueva fuerza al debate sobre la figura jurídica de estas ocupaciones. El informe indica que la mayoría está en el monotributo; de hecho, el 75% dijo tener aportes jubilatorios.

Sin embargo, se advierte que existen en estos trabajos indicadores “de dependencia económica, técnica y jurídica”. Y, también, indicadores de autonomía. Entre los primeros están el hecho de que la gestión de cobranza al usuario se concentra en la empresa; la práctica de que la tarifa por los servicios sea fijada unilateralmente por la plataforma, y la realidad de que el repartidor se ajusta a criterios de la compañía, queda sujeto a sus controles y a sus sistemas de puntaje e, incluso, utiliza ropa y elementos con su logo. Entre los segundos, se cuenta el hecho de que la prestación de servicios no es de carácter permanente y continuo y que no hay obligación de hacer tareas en horarios definidos.

Más allá de eso último, en el documento se concluye que “encarar la ocupación de manera flexible tiene costos altos”. Ocurre que, según se explica sobre la base de las conclusiones sacadas de las entrevistas, para acceder a los mejores horarios y pedidos se mantiene “un ritmo extenuante”.

“En la gran mayoría de los casos, este trabajo representa la principal fuente de ingresos”, se indica. Y, por eso, se le suele dedicar un número excesivo de horas. Por la extensión de la jornada gana importancia el debate sobre la protección a la que se accede, ya que los riesgos se incrementan a mayor cantidad de horas en la calle. Según la encuesta, una jornada habitual era en 2019, en promedio, de 8,2 horas, con trabajo seis días a la semana, mientras que en 2020 el indicador cayó a 7,4 horas, algo atribuible a que con la cuarentena creció el número diario de entregas y se redujo el tiempo de espera entre una y otra.

La falta de cobertura obligatoria por accidentes de trabajo, la prestación por desempleo, la posibilidad de sindicalizarse y la licencia por enfermedad, están entre los beneficios que sí aplican a los asalariados, pero no a quienes están en estas tareas.

¿Dependientes o cuentapropistas? ¿Cuál es, finalmente, la recomendación? Lo que se advierte desde la OIT es que, si bien hay varios indicadores de relación de dependencia, también hay factores “que no tienen su expresa recepción en la Ley de Contrato de Trabajo”. ¿Y entonces? Se aconseja que se defina “un estatus apropiado a las condiciones del servicio” que implicaría sumar –independientemente de la modalidad de contratación– garantías básicas para la protección, como el seguro por accidentes o un límite de horas de trabajo junto con un reconocimiento económico por los tiempos a disposición de la plataforma, a la espera de recibir un pedido de entrega. Además, señala López Mourelo, cuestiones como el derecho a apelar frente a sanciones, o a sindicalizarse y mantener negociaciones colectivas, deberán estar en el temario de las políticas públicas.