"Dejate de joder con Carbón Blanco". Amenazan a funcionarios judiciales que investigan el lavado de dinero del narcotráfico

Gabriel Di Nicola
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"Dejate de joder con Carbón Blanco. No sabés con quiénes te estás metiendo. Cortala. Ahora, si sos tan pelotuda y seguís, te vamos a hacer mierda. Pero antes vas a sufrir primero, vamos a ir por tu familia, tu esposo, tus hijos y te los vamos a ir mandando en trozos y después te vamos a cagar matando. Hija de mil putas. No te podés esconder de nosotros, donde y cuando se nos ocurra te vamos a hacer pagar. Nunca nos vamos a olvidar. Estás avisada".

El texto amenazante le llegó por WhatsApp a Pamela Michlig, secretaria de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, Chaco, que revista como ayudante fiscal.

No fue la única funcionaria judicial amenazada: un texto similar le llegó por WhatsApp al hasta ayer juez federal subrogante en Sáenz Peña, Miguel Aranda.

Las amenazas se dan en el contexto de una causa derivada de la investigación conocida como Carbón Blanco, que dejó al descubierto la actividad de una organización criminal que enviaba hacia Portugal y España cargamentos de cocaína camuflados en bolsas de carbón vegetal desde Quitilipi, Chaco.

En 2015 hubo fuertes condenadas a los líderes de la banda. El abogado Carlos Salvatore y el empresario futbolístico Patricio Gorosito recibieron penas de 21 y 19 años, respectivamente. Ambos murieron cuando cumplían sus sentencias.

El año pasado hubo condenas de hasta nueve años de cárcel por lavado de activos. Además, el TOF de Resistencia dispuso el decomiso de los bienes provenientes de esa causa. La medida fue ordenada tras el pedido del fiscal general Federico Carniel, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

En septiembre pasado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a cargo de Martín Cosentino, decidió subastar una de las propiedades que poseía Salvatore, ubicada a 400 metros de la estación Belgrano R del ferrocarril Mitre. La familia Salvatore vivió 15 años en esa casa.

Mientras, el fiscal Carniel y su equipo de colaboradores continuaron la investigación para dar con las segundas líneas de la organización, que tuvieron vínculos con el lavado de activos. Se logró identificar a cinco sospechosos y el juez Aranda ordenó sus detenciones.

Tres de los imputados fueron detenidos y procesados, pero dos quedaron prófugos: el contador de Salvatore y un empresario que sería el testaferro de la organización criminal.

En medio del proceso, primero se descubrió que desconocidos habían sacado fotos de la casa y del auto del fiscal Carniel.

Poco después les llegaron las amenazas a Michlig y a Aranda, que pusieron en estado de alerta y de preocupación al Poder Judicial.

"En primer término quisiera expresar mi preocupación por las amenazas y expresar mi solidaridad con Michlig y su familia. Si estos actos intimidatorios fueron, tal cual se desprende del texto, con motivo de la causa Carbón Blanco, quiero aclarar que en el trámite de la misma quienes tomamos todas las decisiones somos un equipo de trabajo integrado por dos fiscales generales y la Procelac, equipo de trabajo que Michlig integra desde la función que ella ocupa dentro de la estructura de la fiscalía", sostuvo Carniel a LA NACION.

En junio de 2015, Carniel y su colega Carlos Amad habían sido amenazados en el contexto de esta misma causa. Fue en plena sustanciación del juicio en el que resultaron condenados Salvatore y Gorosito. Tres meses antes de eso, el abogado, que cumplía prisión domiciliaria en la casona de la avenida Melián, en Belgrano R, le prometió a su esposa, Silvia Valles, que iba a mandar a asesinar a la jueza federal de Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, porque la magistrada había dispuesto detener a la mujer por lavado de activos en el caso Carbón Blanco.