Defensores LGBT+ de Florida demandan a Ron DeSantis por la ley “Don’t Say Gay”

Las organizaciones de defensa LGBT+ en Florida están demandando al gobernador Ron DeSantis y a los funcionarios de educación del estado para bloquear la aplicación de la medida llamada “Don’t Say Gay or Trans” [No digas gay o trans] que se convirtió en ley esta semana.

Equality Florida, Family Equality, el Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas y un grupo de estudiantes y familias LGBT+ de Florida alegan que la medida es un “intento ilegal de estigmatizar, silenciar y borrar a las personas LGBTQ en las escuelas públicas de Florida”, según la demanda de 80 páginas presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. el 31 de marzo.

El proyecto de ley “Parental Rights in Education” [Derechos de los padres en la educación], llamado “Don’t Say Gay or Trans” por los oponentes, prohíbe ampliamente “la discusión en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género” desde el jardín de niños hasta el tercer grado “o de una manera que no sea apropiada para la edad o para el desarrollo de los estudiantes” en otros grados.

Los padres también pueden demandar a sus distritos escolares si creen que se violaron tales medidas, lo que podría exponer a los maestros y las escuelas a costosas demandas por agravios.

“Este esfuerzo por controlar las mentes jóvenes a través de la censura estatal, y degradar las vidas LGBTQ al negar su realidad, es un grave abuso de poder”, expresa la demanda. También alega violaciones de la Primera y Decimocuarta Enmienda, así como disposiciones federales contra discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en virtud del Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972.

La demanda destaca el lenguaje amplio y vago de la ley y la ausencia de definiciones para frases clave “sujetas a incertidumbre y desacuerdo intratables”, al tiempo que permite a cualquier padre la capacidad de “presentar una demanda si considera que una escuela violó estas amplias y nebulosas prohibiciones”.

La legislación designa efectivamente a “todos los padres como censores itinerantes, armados con una orden legal para demandar a las escuelas por daños y perjuicios” si creen que un maestro, estudiante o instructor externo ha proporcionado materiales o sostenido discusiones relacionados con la orientación sexual o la identidad de género, según la demanda.

“El potencial de aplicación arbitraria y discriminatoria aquí es evidente”, dice.

La demanda presenta preguntas hipotéticas que podrían introducirse en las escuelas de Florida. Por ejemplo, la incertidumbre sobre si un estudiante puede hablar sobre los miembros de su familia LGBT+, o si un estudiante transgénero puede hablar sobre su identidad durante las lecciones de derechos civiles, o si los maestros pueden discutir un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre matrimonio igualitario, entre otras cuestiones, que parecen violar la ley tal como está escrita.

El efecto de la ley “es, por lo tanto, congelar los derechos de los maestros, estudiantes y funcionarios, quienes, como cualquier persona racional, evitarán la zona de peligro creada por un código de censura impuesto por el Estado”, según la demanda.

Roberta Kaplan, socia fundadora de Kaplan Hecker & Fink LLP, que presentó la demanda en nombre de los demandantes, dijo en un comunicado que Florida “no solo ha dado un gran paso atrás, sino que lo ha hecho a expensas de nuestros niños, los miembros más vulnerables de la sociedad”.

“Es difícil imaginar algo más ofensivo para nuestro sistema constitucional que tratar a un grupo de estudiantes como de segunda clase, basándose únicamente en quiénes son o quiénes son sus padres. No se puede permitir que esta ley se mantenga”, agregó.

Varios otros estados están considerando proyectos de ley similares a “Don’t Say Gay”, parte de una campaña nacional apoyada por poderosos cabilderos cristianos conservadores y legisladores estatales republicanos que afirman los “derechos de los padres” contra los estadounidenses LGBT+ y su educación y atención médica.

La administración del presidente Joe Biden ha condenado las medidas, y el secretario de Educación, Miguel Cardona, dijo que el organismo “supervisará” la implementación de la ley en el estado para “evaluar si viola la ley federal de derechos civiles”.

“No se equivoquen: esto es parte de una tendencia inquietante y peligrosa en todo el país de legislación dirigida a estudiantes, educadores y personas LGBTQI+”, dijo en un comunicado esta semana.

Se están considerando más de 300 medidas dirigidas a los estadounidenses LGBT+ en las legislaturas estatales de los EE.UU. Aproximadamente un tercio de esos proyectos de ley están dirigidos directamente a las personas transgénero, según la Campaña de Derechos Humanos. Aproximadamente la mitad de esos proyectos de ley prohíben que los jóvenes transgénero participen en deportes escolares.