Defensoría pide protección para familias ayuujk desplazadas

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OAXACA, Oax., julio 15 (EL UNIVERSAL).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictó medidas cautelares tendientes a garantizar la vida de 128 familias desplazadas de la comunidad de Guadalupe de Victoria, lo anterior luego del homicidio del defensor comunitario Crispín Reyes Pablo, ocurrido este 14 de julio en un paraje del municipio de San Juan Juquila Mixes.

La Defensoría condenó el asesinato del representante de las 527 personas en situación de desplazamiento y, a través del expediente DDHPO/CA/0238/(14)/OAX/2022, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) implementar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, "a fin de garantizar su integridad, además de pedir información sobre la carpeta de investigación iniciada".

Mientras que a la Secretaría de Seguridad Pública pidió llevar a cabo recorridos de vigilancia en la zona en conflicto, para evitar la repetición de estos hechos, o cualquier otro acto de violencia.

Además, el organismo autónomo informó que personal del organismo estableció contacto con la familia del defensor comunitario, para ofrecerles acompañamiento ante las diversas instancias de procuración y administración de justicia.

"Las y los defensores de derechos humanos son fundamentales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues les dan voz a grupos históricamente invisibilizados, por ello, las agresiones en su contra afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas que apoyan", señaló en un comunicado.

Según datos oficiales de la DDHPO, sólo entre enero de 2015 y hasta el primer semestre de este 2022, se han iniciado 272 indagatorias relacionadas con agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, de las cuales, 32% tienen que ver con detenciones arbitrarias.

Mientras que de enero de 2019 y hasta el primer semestre de 2022, la Defensoría inició 10 expedientes por homicidios de personas defensoras y activistas, así como dos expedientes por la desaparición de las defensoras Claudia Uruchurtu e Irma Galindo.

Según la DHPO, el homicidio de Crispín Reyes Pablo se registra en un contexto de desplazamiento, "lo que representa un riesgo agravado por la propia defensa que realizaba, así como por los cacicazgos locales a los cuales hacía frente".

"El desplazamiento forzado interno además de vulnerar el derecho a circular libremente y a elegir el lugar de residencia, implica la vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales".

Ante ello, el organismo indicó que es obligación del Estado implementar una política integral de protección y prevención al fenómeno de la Desplazamiento Forzado Interno y con ello, garantizar los derechos humanos de las personas que por diversas razones se han visto obligadas a abandonar sus lugares de residencia.

Por esa razón pidió a las autoridades estatales crear una política integral de protección a personas defensoras que parta del reconocimiento de la obligación institucional de garantizar condiciones para que puedan ejercer en forma libre y segura sus labores de defensa de los derechos humanos, así como sancionar de manera efectiva a las personas responsables de las agresiones en su contra, como estrategia para evitar la impunidad y frenar este tipo de actos.

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