La defensa de Blaquier afirmó que la Corte no analizó si es culpable de violar derechos humanos

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El dueño del ingenio azucarero Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, fue citado a declarar ante la Justicia por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura
El dueño del ingenio azucarero Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, fue citado a declarar ante la Justicia por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura

La defensa del empresario Carlos Pedro Blaquier, objeto de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó dar marcha atrás con un fallo que lo beneficiaba en un caso de violaciones a los derechos humanos, dijo esta noche que la resolución del máximo tribunal no analizó la culpabilidad del hombre de negocios.

La Corte revocó el fallo que había dejado sin efecto los procesamientos de Blaquier y del ex administrador de Ledesma, Alberto Lemos, en una causa donde están investigados porque supuestamente prestaron vehículos de su empresa para un operativo policial en 1976, cuando fueron detenidos ilegalmente trabajadores de esa planta durante la dictadura.

“Este fallo no analizó el fondo de los hechos ni la culpabilidad de los señores Blaquier y Lemos, motivo por el cual la Cámara Federal de Casación Penal deberá volver a revisar los recursos interpuestos por sus defensas que plantearon varias causales para entender que se estaba frente a una resolución equiparable a sentencia definitiva”, sostuvo la defensa del empresario, que hace años está alejado de la administración de Ledesma.

La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal del 2015 que había revocado los procesamientos de Blaquier y Lemos como partícipes primario y secundario, respectivamente, de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y declarado sus faltas de mérito para procesarlos o sobreseerlos. Los hechos ocurrieron en Libertador General San Martín y en Calilegua, en Jujuy, entre marzo y julio de 1976.

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La mayoría de la Corte, conformada por los ministros Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Horacio Rosatti, entendió que el tribunal de Casación, al conceder los recursos de queja de las partes para habilitar su actuación frente a un caso en el que no se dictó una sentencia definitiva, “contradijo el régimen procesal previsto para el caso sin que se configurase una situación relacionada con los límites interpretativos que el ordenamiento legal deja en manos de los jueces”, escribió la defensa.

Por su parte, el presidente Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia por desestimar la queja de la fiscalía. Sostuvo que la jurisdicción de la Corte no estaba habilitada porque la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal no era una sentencia definitiva ni equiparable a ella.

“Es más, expresó que el auto de falta de mérito es el ejemplo paradigmático de resolución provisoria y que tanto los jueces de la Casación como de la Cámara Federal de Salta expresaron que la instrucción no estaba completa y que correspondía seguir investigando”, destacó la defensa de Blaquier.

Y puntualizó que “pese a que la fiscalía invocó la figura de un “sobreseimiento encubierto” no dio razones puntuales que sostuvieran la certeza de dicha afirmación, pues nada impide que se pueda continuar investigando”.

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