Decreto de AMLO para despresurizar cárceles reconoce fallas, pero no las soluciona: expertas

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Decreto de AMLO para despresurizar cárceles reconoce fallas, pero no las soluciona: expertas
Decreto de AMLO para despresurizar cárceles reconoce fallas, pero no las soluciona: expertas

El decreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió para liberar a miles de personas que no deberían de estar recluidas en las cárceles del país fue publicado esta semana. Sin embargo, de acuerdo con el análisis de especialistas en el tema, el documento no plantea soluciones para que esto ocurra, redunda en disposiciones legales que ya existen, y repite fallas que se han presentado con otras disposiciones como la Ley de Amnistía.

Si bien, las expertas consultadas sostienen que el decreto es positivo en el sentido de que reconoce desde la Presidencia que hay un problema serio de abuso de la prisión preventiva y hacinamiento en los centros penitenciarios, se queda corto al momento de aterrizar una ruta novedosa para revertirlo.

“Este decreto no es más que la reiteración de lo que ya se encontraba en la ley con el plus de incentivar a que una autoridad administrativa, en este caso la Segob o la Secretaría de Seguridad y los sistemas penitenciarios tengan la posibilidad de proactivamente identificar casos y comunicarlos a las defensorías y a los poderes judiciales (…) pero hay muchos retos que hay que sortear para que efectivamente se pueda impactar a las personas privadas de su libertad”, dijo Viridiana Valgañón, abogada de la organización Equis Justicia.

El acuerdo presidencial que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la tarde 25 de agosto y sin ningún tipo de anuncio plantea la creación de un comité dentro de la Secretaría de Gobernación para identificar y dar seguimiento a los casos de personas privadas en su libertad que, de acuerdo con el marco legal existente, estén en posibilidades de dejar la prisión.

En el universo de quienes podrían ser beneficiados se encuentran reos que hayan sido víctimas de tortura (siempre y cuando esté probado pericialmente); personas lleven mas de dos años en prisión preventiva sin que se les haya dictado una condena (exceptuando aquellas que hayan alargado su proceso como parte de su derecho de defensa); y adultos mayores de 70 años que continúen encarcelados.

El riesgo que Valgañón advierte es que el comité que se encargará de recibir los casos y analizarlos puede sobresaturarse si no cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes para hacer esta tarea. Una situación que ya ocurrió con la Comisión de Amnistía la cual, tras más de un año de que se instaló, apenas ha sesionado en cuatro ocasiones.

El acuerdo presidencial publicado no incluye alguna instrucción para que se le proporcione al comité que revisara las posibles liberaciones de algún tipo de patrimonio propio. Lo único que contempla es que se emitan sus reglas de operación.

“De nuevo se recarga todo en Gobernación, pero si no se le prevé de presupuesto y personal para ello va a ser muy complicado de que opere como sucedió con la Comisión de Amnistía que en más de un año apenas ha sesionado cuatro veces, situación que solo ha permitido liberar a 33 personas de las más de mil solicitantes. Si esos errores se replican podríamos caer en el mismo supuesto”, advierte.

Por su parte Estefanía Vela, directora de la organización Intersecta, coincide con Valgañón en que el acuerdo publicado redunda sobre disposiciones que en realidad ya existen en las leyes, pero que por diversas razones ha sido complicado que se apliquen con la velocidad que se requiere.

Vela reconoce la importancia de que haya un mensaje de parte del Ejecutivo de que los tiempos para liberar a las personas deben ser más cortos y para ello es necesario crear un mecanismo que dé seguimiento a los casos. No obstante, cuestionó el alcance que en los hechos podría tener el decreto.

“Leyendo el acuerdo, no veo cómo va a tener el alcance que se presumió. Ello por distintas trabas: se limita a lo federal y se limita a supuestos ya establecidos en ley, que hacen para muchas personas difícil salir de prisión” señaló.

La abogada Valgañón destaca que este acuerdo, al igual que el decreto por el que entró en vigor la Ley de Amnistía, contempla hacer un exhorto a los estados para que adecuen sus legislaciones locales y repliquen el esfuerzo federal. Esto, según la experta, es vital que se cumpla pues en México casi el 90% de las personas en reclusión lo están por delitos locales, no federales.

Ni mujeres ni fiscalización ni reinserción

El acuerdo presidencial además de ser redundante adolece de algunos huecos y faltantes. Por ejemplo, la abogada de Equis Justicia destacó que no se contempla ningún tipo de beneficio para mujeres que están presas sin haber llevado un proceso con perspectiva de género.

“Otro de los grandes temas que estamos viendo es ¿quiénes están quedando fuera de este acuerdo? Hay muchas mujeres privadas de su libertad que fueron juzgadas sin perspectiva de género, que sus casos fueron valorados sin que se tomara en cuenta el contexto, las violencias de las que pudieron ser víctimas es una deuda que este decreto no termina de saldar”, indicó la experta.

Una carencia más es que tampoco se incluye o menciona algún tipo de mecanismo de transparencia que permita fiscalizar desde el Congreso o la ciudadanía el desempeño de este comité y las liberaciones que se vayan otorgando.

Y a ello se suma otro tema que ya se había alertado desde que el presidente prometió agilizar la liberación de reos: la urgencia de que se incluyera un plan o estrategia de reinserción para las personas que recobren su libertad luego de años de haber estado privadas de su libertad. Algo que no aparece en el decreto.

Las expertas señalan, por ejemplo, que debería incluirse un mecanismo para exhortar a diversas autoridades administrativas a trabajar para facilitar la vuelta de estas personas a sus vidas en el exterior. Una de ellas es el INE el cual debería agilizar la devolución de documentos como la credencial de elector, documento clave para muchos trámites.

También tendría que haber exhortos a las autoridades de salud para atender a las personas que egresen con padecimientos clínicos que requieren ser atendidos, así como planes para, por ejemplo, tener acceso a una vivienda.

“Una de las ventajas de la Ley de Amnistía es que explícitamente se refería a la reinserción social. El Acuerdo lo omite. Esperemos que las autoridades de cualquier manera trabajen para garantizar este derecho que tienen las personas”, dijo Estefanía Vela.

¿Cuánta gente hay en prisión?

De acuerdo con datos oficiales, al cierre del primer semestre de este año había en el país 220 mil 393 personas privadas de su libertad en el país. Dicha cifra sobrepasa los espacios disponibles en las cárceles actualmente. De los 288 centros penitenciarios hay 132 que cuentan con sobrecupo.

El 87% de las personas encarceladas están imputadas por delitos del fuero común, mientras que solo el 13% está presa por delitos del fuero federal (que son las posibles beneficiarias del acuerdo presidencial publicado esta semana).

Uno de los datos más alarmantes es que del total de personas recluidas 94 mil 159 que equivalen al 43% son reos en prisión preventiva sin sentencia. Es decir, 4 de cada 10 personas que hoy en día están encarceladas son presuntos culpables, a los que no se les ha probado realmente que cometieron un delito.

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