La decisión de una paciente no terminal en Colombia reflota el debate por la eutanasia en la región

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Martha Sepúlveda celebró en enero sus 51 años de vida
MARTHA SEPÚLVEDA

BOGOTÁ.- Todo empezó con una sensación muy rara en la mano. Notó que le fallaba el pulgar, que le costaba sostener la lapicera y el mouse de la computadora.

En noviembre de 2018, Martha Sepúlveda, de 51 años, recibió el diagnóstico: esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. En los meses que siguieron, Martha perdió el control de los músculos de sus piernas, y sabía que le esperaba lo peor.

Se despertaba llorando en medio de la noche, atormentada por sus pensamientos. “¿Qué voy a hacer cuando ya no pueda acostarme o ir al baño sin ayuda?”, le preguntaba a su hijo. “¿Hasta dónde voy a llegar?”.

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Entonces empezó a informarse más sobre una posibilidad que la aliviaba del miedo al sufrimiento futuro: la eutanasia. Martha es colombiana, y se enteró de que su país es el único en Latinoamérica -y uno de los poquísimos en el mundo- que permite a los pacientes poner fin a sus vidas.

Hasta este año, solo podían acceder legalmente a ese derecho los pacientes con una expectativa de vida no superior a los seis meses. Y este domingo, Martha Sepúlveda, que se considera una católica “muy, muy creyente”, piensa convertirse en la primera persona de Colombia a quien se le autoriza legalmente la eutanasia sin tener un pronóstico de vida terminal.

El caso reflota el debate sobre la eutanasia en la región y la postura de la Iglesia Católica sobre el tema.

En julio, un tribunal constitucional de Colombia dictaminó que el derecho a la eutanasia -reconocido en ese país desde 1997-, no es aplicable exclusivamente a los pacientes terminales, sino también “al paciente que padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”.

El fallo dividió las aguas entre los fieles de este país abrumadoramente católico. Las autoridades eclesiásticas calificaron la eutanasia como “una grave ofensa” a la dignidad de la vida humana, y un integrante de la conferencia episcopal colombiana instó a Martha Sepúlveda a “reflexionar con calma” sobre su decisión y llamó a los católicos a rezar para que Dios sea misericordiosos con ella.

Pero Martha tiene una respuesta contundente para quienes cuestionan su decisión, o su fe. “Sé que Dios es el dueño de la vida, pero Dios no me quiere ver sufrir a mí”.

Colombia es una impensada pionera en materia de eutanasia: el 73% de la población es católica, hay 11 festividades católicas que son feriados nacionales, y el acceso al aborto es sumamente limitado.

Sin embargo, Colombia fue uno de los primeros países del mundo en despenalizar la eutanasia, y uno de los pocos, junto con Bélgica y los Países Bajos, en extender el derecho a los pacientes no terminales. En Estados Unidos, la eutanasia no está permitida en ningún estado, y diez estados y el Distrito de Columbia permiten el suicidio médicamente asistido para los enfermos terminales y mentalmente aptos con un pronóstico de vida no mayor a seis meses.

Pero en Colombia el avanzado derecho a la eutanasia cuenta con un amplio apoyo social: el 72,5% de los colombianos encuestados por la consultora Invamer está de acuerdo en permitir que los pacientes con enfermedades incurables pongan fin a sus vidas.

Y ahora los defensores de ese derecho esperan que ese movimiento se extienda por América Latina, según Camila Jaramillo, abogada que representa a Sepúlveda desde el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB). De hecho, ya hay campañas en marcha en Chile y Uruguay, y este año, en Perú, el tribunal superior de Lima dictaminó a favor de una mujer con polimiositis, a quien se le deberá permitir morir por eutanasia cuando decida que está lista.

¿Cómo un país de católicos, a menudo dirigido por políticos de centroderecha, se convirtió en un líder en los derechos de la eutanasia?

Eduardo Díaz Amado, director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javieriana de Bogotá, dice que el origen de la eutanasia en Colombia se remonta a la larga guerra civil y la violencia provocada por el narcotraficante Pablo Escobar.

En 1991, en respuesta a la inestabilidad del país, Colombia reformó su Constitución. Y a diferencia de su predecesora “paternalista”, señala Díaz, la nueva Carta Magna amplió los derechos individuales, enfatizó “el respeto a la dignidad humana” y recalcó la separación entre Iglesia y Estado.

La nueva Constitución también estableció un tribunal constitucional para ayudar a definir esos derechos recientemente consagrados. Apenas seis años, el nuevo tribunal, integrado por varios jueces progresistas, aceptó analizar el reclamo de un demandante que argumentó que “la muerte por misericordia” deberían conllevar la misma pena que cualquier otro homicidio.

El tribunal no solo no estuvo de acuerdo con el planteo, sino que en vez de aumentar la pena, avanzó para despenalizar la eutanasia y convirtió a Colombia en el único país que lo hizo sobre la base de argumentos constitucionales, señala Díaz.

Pero las autoridades tardaron más de 15 años en aplicar el fallo. Mientras los líderes políticos buscaban evitar el tema, algunos médicos, como Gustavo Quintana, respondieron a la creciente demanda de esa práctica. Se dice que hasta su muerte en julio de este año, Quintana, alias “Doctor Muerte”, les aplicó la eutanasia a cerca de 400 pacientes.

En 2014, el tribunal le ordenó al gobierno que emitiera pautas para que los hospitales, las obras sociales y los profesionales de la salud supieran cómo proceder ante una solicitud de eutanasia.

El movimiento por el derecho a la eutanasia también ha cosechado aliados inesperados: sacerdotes católicos. Alberto Múnera, profesor de teología y sacerdote jesuita de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, instruye a sus alumnos sobre las “excepciones al valor absoluto de la vida humana” contenidas en las enseñanzas de la Iglesia. Cuando los católicos siguen sus propias conciencias, incluso cuando eso significa optar por poner fin a sus propias vidas, “se están portando bien” ante los ojos de Dios, argumenta Múnera.

Desde que el gobierno comenzó a regular la práctica, en 2015, en Colombia han muerto 157 personas por eutanasia, según datos oficiales. De ellas, 141 padecían algún tipo de cáncer. Pero las solicitudes de muchos otros fueron rechazadas, incluida inicialmente la de la propia Sepúlveda, porque sus enfermedades no fueron consideradas terminales a corto plazo.

El año pasado, un equipo de abogados presentó una demanda solicitándole al tribunal constitucional que extienda el derecho a los pacientes con diagnósticos no terminales.

El tribunal fue más allá y reconoció el derecho a la eutanasia de aquellos pacientes “con un intenso sufrimiento físico o psíquico”. El fallo sorprendió a los propios abogados que impulsaron la causa, que en su reclamo no habían hecho mención al padecimiento mental. Y también suscitó el inmediato rechazo de la jerarquía católica y de los políticos conservadores.

“El fallo abre la posibilidad de la eutanasia para personas que simplemente están deprimidas o sin ganas de vivir”, dice la senadora María del Rosario Guerra, integrante del partido Centro Democrático, al que pertenece el presidente Iván Duque. “Estamos fomentando la cultura de la muerte”.

El obispo Francisco Ceballos, referente de la Conferencia Episcopal de Colombia, ha criticado a los medios de comunicación por hacer creer que Sepúlveda “va hacia la muerte tan alegremente”, y enfatiza el apoyo de la iglesia a los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia. “Creemos que la muerte no puede ser la solución al sufrimiento y al dolor”, dice Ceballos.

The Washington Post

Traducción de Jaime Arrambide

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