Debilitado, sistema de asilo durante sexenio

Luis Carlos Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- El bajo presupuesto destinado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en este sexenio ha debilitado el sistema de asilo. Para una entrevista, por ejemplo, hay que esperar hasta 10 meses, lo que desincentiva a los solicitantes que vienen huyendo no sólo de crisis económicas, sino de violencia y persecución política en sus naciones de origen.

Según solicitantes de asilo ante la Comar en Tapachula, hay más de 130 mil peticiones en espera de entrevista, las cuales en algunos casos podrían realizarse hasta dentro de nueve o 10 meses.

Ello, aunado a la falta de empleo, acceso a salud y la discriminación, los obliga a viajar al norte del país sin documentos migratorios, lo que los expone a deportaciones, redes de tráfico de personas y delincuencia organizada.

Al respecto, Yuriria Salvador, coordinadora del área de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, expone que el Estado mexicano incumple los acuerdos internacionales en materia de protección a migrantes y asilo a refugiados, quienes se encuentran varados en la frontera sur de México o son detenidos y deportados a sus países con los riesgos que esto implica.

Subraya a EL UNIVERSAL que por los recortes presupuestales a la Comar "está debilitado el sistema de refugio", que es prácticamente la única vía para quedarse en México u obtener un salvoconducto para impedir ser deportados, pero incluso dichos documentos en ocasiones no son respetados por autoridades migratorias y de seguridad.

Respecto a la situación de los migrantes en Tapachula, comenta que la mayoría acude a la Comar porque las otras vías de regularización migratoria están prácticamente canceladas en este sexenio en que no hubo cambio de paradigma en las políticas y se han disminuido recursos para atender a los solicitantes de asilo y se ha fortalecido al INM para su detención y deportación.

Además, hay incertidumbre, indica, por la falta de claridad en el acuerdo entre los gobiernos de Biden y López Obrador sobre el Título 42.